La Historia no se repite, pero la Guerra Civil del 36 llegó por los estados de alarma ilegales del gobierno. Por Julio Merino

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…y eso que a diferencia de hoy hubo que aprobarlos uno a uno, hasta cinco, en el Congreso de los Diputados

“Si el Estado de Alarma ha sido la coartada del Gobierno para controlar y perseguir a la Prensa y a la Oposición nosotros no podemos votar a favor”

Gil Robles

Miren ustedes, estos días, con motivo del 85 aniversario del 18 de julio y el comienzo de la Guerra Civil, se está hablando mucho de lo que la Izquierda considera un “Golpe de Estado” y la Derecha un alzamiento nacional y un “Contragolpe”. Lo curioso del caso es que por lo que se deduce de lo que escriben unos y otros da la impresión de que nadie se ha leído el “Diario de Sesiones” de aquellos días anteriores a la sublevación de parte del ejército con su inicios en Melilla…y creo que es fundamental saber lo que allí, en aquellos días anteriores al asesinato de Calvo Sotelo y los posteriores, se habló y se discutió, porque, curiosamente, ahí está la respuesta a la pregunta que algunos se hacen sobre si “aquello” fue o no fue un Golpe de Estado.

Por ello, me ha parecido interesante reproducir las 28 páginas que ocupan en el “Diario de Sesiones” la sesión de la Diputación Permanente, que presidía don Diego Martínez Barrios. Ya sé que por el tamaño de letra no se pueden leer. Pero esa es precisamente mi intención: decirles a los que hablan sin conocimiento de causa, que antes de hablar hay que informarse.

La Historia no se puede cambiar tan fácilmente como la Izquierda de hoy pretende hacer con la comunista “Ley de Memoria Histórica”, como no se pueden borrar o arrancar las páginas del “Diario de Sesiones” o los 40 años de Franco.

No obstante, sí les voy a reproducir para que sí puedan leer algo una de las intervenciones del Jefe de la Oposición, único tras el asesinato de Calvo Sotelo, don José María Gil Robles, y algunas de las intervenciones de los políticos de la Izquierda.

Haciendo hincapié en el párrafo en el que Gil Robles resalta los datos escalofriantes de la situación de terror que se vivieron en aquellos días previos a la guerra, así como el resultado final de la votación que se produjo para aprobar el Estado de Alarma.

HABLA GIL ROBLES

Es la quinta vez que el Gobierno viene a solicitar de organismos parlamentarios la prórroga del estado de alarma, y no deja de ser extraño que, presentada la comunicación el día 14 a las Cortes, se hayan suspendido ese día las sesiones, hurtando al Parlamento la discusión de los motivos, sin otro propósito que sustraer a la publicidad los graves sucesos que están acaeciendo.

Si no tiene eficacia suficiente para garantizar los derechos de los ciudadanos y el normal funcionamiento de los órganos del Gobierno, el estado de alarma, resorte normal y legítimo de todos los Gobiernos, se convierte en una facultad abusiva. En cierto modo, así lo ha reconocido el propio Presidente del Consejo de Ministros.

Hace escasamente un mes, discutiendo precisamente con quien ahora tiene el honor de dirigirse a la Diputación Permanente, el señor Casares Quiroga pronunció unas palabras que eran la promesa formal, venían a ser el compromiso solemne, de la eficacia de las medidas que el Gobierno estaba dispuesto a adoptar:

“El Gobierno tiene en estudio la posibilidad, incluso, de levantar la censura, permitiendo a los periódicos emitir libremente su opinión; pero, desde luego, tenga Su Señoría la seguridad de que los textos parlamentarios serán respetados”.

Tanto lo han sido, que cuando ayer un periódico quiso publicar unas palabras muy nobles y muy levantadas del señor Calvo Sotelo, al aceptar toda la responsabilidad que sobre él quisiera echar en plena sesión, la censura ha sido implacable y las ha tachado. Ni el homenaje al muerto, ni el respeto debido a las palabras en que aceptó una responsabilidad y una muerte con que Dios quiso luego honrarle, ni el respeto tampoco a la palabra del Presidente, ni a la inviolabilidad de las palabras contenidas en el Diario de Sesiones, la censura ha sido implacable para unos y para otros.

Pero, ¿es que ha cumplido alguna de las finalidades el estado de alarma en manos del Gobierno? ¿Ha servido para conocer la ola de anarquía que está arruinando moral y materialmente a España? Mirad lo que pasa por campos y ciudades. Acordaos de la estadística del último mes de vigencia del estado de alarma. Desde el 16 de junio al 13 de julio, inclusive, se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores que me escuchan que esta estadística no se refiere más que ha hechos plenamente comprobados y no a rumores que, por desgracia, van teniendo en días sucesivos una completa confirmación: Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; Centros asaltados o incendiados, 10; huelgas generales, 129; bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o casas, 7; incendios, no comprendidos los de las iglesias, 19. Esto en veintisiete días. Al cabo de hallarse cuatro meses en vigor el estado de alarma, con toda clase de resortes el Gobierno en su mano para imponer la autoridad, ¿cuál ha sido la eficacia del estado de alarma? ¿No es esto la confesión más paladina y más clara de que el Gobierno ha fracasado total y absolutamente en la aplicación de los resortes extraordinarios, que no ha podido cumplir la palabra que dio solemnemente ante las Cortes de que el instrumento excepcional que la Constitución le da y el Parlamento pone en sus manos había de servir para acabar con el estado de anarquía y subversión en que vive España? Ni el derecho a la vida, ni la libertad de sindicación, ni la libertad de trabajo, ni la inviolabilidad del domicilio han tenido la menor garantía con esta ley excepcional en manos del Gobierno, que, por el contrario, se ha convertido en elemento de persecución contra todos aquellos que no tienen las mismas ideas políticas que los elementos componentes del Frente Popular.

Ya sería esto bastante grave; pero lo es muchísimo más que esos resortes en poder del Gobierno tampoco han servido para garantizar el normal funcionamiento de los órganos del Estado. Las sentencias de los Jurados Mixtos no se cumplen; el Ministro de la Gobernación puede decir hasta qué punto los gobernadores civiles no le obedecen; los gobernadores civiles pueden decir hasta qué punto los alcaldes no hacen caso de sus indicaciones; los ciudadanos españoles pueden decir cómo en muchos pueblos del Sur existen Comités de huelga, los cuales dan el aval, el permiso, la autorización para que puedan circular por carretera. Diferentes personas de la provincia de Almería han sido detenidas en cinco pueblos del trayecto por otros tantos Comités de huelga, que, a despecho de las órdenes del Ministro de la Gobernación y de los gobernadores civiles, han impedido la circulación de vehículos, les han obligado a pasar por Comités de huelga y Casas del Pueblo para que les den un volante de circulación, que es el mayor padrón de ignominia, fracaso y vergüenza para un Gobierno que tolera, al cabo de cinco meses, que ese estado de cosas continúe en una nación civilizada.

Son las propias organizaciones que apoyan al Gobierno las que no quieren o no pueden cumplir las órdenes que emanan de la autoridad. Ahí tenéis los conflictos obreros, que se están ventilando diariamente a tiros entre las organizaciones societarias, aunque la censura no permite que se diga ni una palabra; ahí tenéis esos obreros que han muerto ayer en Cuatro Caminos bajo las balas de otros hermanos de trabajo, que, en plena subversión contra el Gobierno, no acatan las órdenes emanadas de la autoridad. El Gobierno dio un laudo, fijó un plazo: ese plazo se incumplió. Tomó recientemente el Consejo de Ministros un acuerdo terminante y categórico que implicaba la reafirmación del principio de autoridad. Elementos que controlan al Gobierno y que comparten con él las funciones de autoridad, aunque no la responsabilidad ante la opinión y ante la Historia, le obligaron a que diera un nuevo plazo, que venció anteayer; ni anteayer, ni ayer, ni hoy se ha cumplido el laudo del Ministro de Trabajo. Las obras paradas, los obreros tiroteándose, Madrid abandonado, la autoridad por los suelos. ¿Para eso queréis una prórroga del estado de alarma? ¿Para eso queréis unos resortes excepcionales?

¿Qué confianza podemos tener ni las oposiciones ni la opinión pública en lo que vosotros hagáis?

A nosotros diariamente llegan voces que nos dicen: “Os están expulsando de la legalidad; están haciendo un baldón de los principios democráticos; están riéndose de las máximas liberales consignadas en la Constitución. Ni en el Parlamento ni en la legalidad tenéis ya nada que hacer”. Y este clamor que nos viene de campos y ciudades indica que está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en llamar fascismo, pero que no es más que ansia, muchas veces nobilísima, de libertarse de un yugo y de una opresión que, en nombre del Frente Popular, el Gobierno y los grupos que le apoyan están imponiendo a sectores extensísimos de la opinión nacional. Es un movimiento de sana y hasta de santa rebeldía, que prende en el corazón de los españoles, y contra el cual somos totalmente impotentes los que día tras día y hora tras hora nos hemos venido parapetando en los principios democráticos, en las normas legales y en la actuación normal. Así como vosotros estáis total y absolutamente rebasados, el Gobierno y los elementos directivos, por las masas obreras, que ya no controláis, así nosotros estamos ya totalmente desbordados por un sentido de violencia que habéis sido vosotros los que habéis creado y estáis difundiendo por toda España. Cuando habláis de fascismo no olvidéis, señores del Gobierno y de la mayoría, que en las elecciones del 16 de febrero los fascistas apenas tuvieron unos cuantos miles de votos en España, y si hoy se hicieran unas elecciones verdad, la mayoría sería totalmente arrolladora, porque incluso está prendiendo en sectores obreristas, los cuales, desengañados de sus elementos directivos y de sus directores societarios, están buscando con ansia una libertad que no encuentran en esas vagas quimeras que muchas veces encarnan en la fantasía de las gentes cuando ya están al borde de la desesperación y de la ruina.

Cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero; cuando el Gobierno es incapaz de poner fin a este estado de cosas, no pretendáis que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia; tened la seguridad de que derivarán cada vez más por los caminos de la violencia, y los hombres que no somos capaces de predicar la violencia, ni de aprovecharnos de ella, seremos lentamente desplazados por otros más audaces o más violentos que vendrán a recoger este hondo sentido nacional…

Por ser Calvo Sotelo un hombre consecuente con sus ideas, valiente en la exposición de las mismas, que no ha claudicado en ningún momento y que ha mantenido siempre alta y enhiesta la bandera de su ideal, ha muerto de la manera más criminal y más odiosa. Yo quisiera que mis palabras fueran exclusivamente un homenaje a su memoria; pero han sido tales las circunstancias que han rodeado su muerte, es tal el contenido que tiene para toda la sociedad española ese crimen, que es necesario que cuanto antes, aquí y ahora, en el Parlamento en su primera sesión, si es que a ella asistimos, quede perfectamente claro nuestro pensamiento y queden planteados los jalones de lo que nosotros creemos gravísimas responsabilidades que en torno a ese suceso se han producido.

Yo sé que muchas gentes que ahora disminuyen el volumen del suceso pretenden establecer un simple parangón entre dos crímenes que se han producido con una leve diferencia de horas. Yo esos parangones no los admito. En primer lugar, porque tanto condeno una violencia como la otra. Ante el cadáver del teniente Castillo tengo yo idéntica condenación que para todos esos actos de violencia, y no pienso en sus ideas ni en su actuación; para mí es nefando, para mí es criminal el modo como se le ha arrebatado la vida. ¡Ah!, pero pretender ligar un acontecimiento con el otro, como muchos sectores afectos a la política del Gobierno han hecho, eso es, a mi juicio, la mayor condenación que puede tener toda la política que vosotros estáis desarrollando.

¿Qué tenía que ver el señor Calvo Sotelo con el asesinato del teniente Castillo? ¿Quién ha podido establecer la menor relación de causa a efecto entre su actitud y la muerte de este teniente? ¿Es que acaso el señor Calvo Sotelo, en pleno salón de sesiones, no ha condenado de una manera sistemática la violencia y no anunció que ante la muerte violenta de su mayor adversario no tendría más que la condenación como ciudadano, el respeto como caballero y el perdón como creyente? ¿Es que se puede ni por un momento admitir que el señor Calvo Sotelo tuvo la menor relación, directa ni indirecta, por acción, por omisión o por inducción, con el asesinato del teniente Castillo? ¿Por qué se ligan ambas cosas? ¡Ah! Porque en el ánimo incluso de aquellos que pretenden rebajar la gravedad del suceso, hay esta idea terrible que prende en el corazón de todos los españoles: que no ha sido una pasión política la que ha quitado la vida al señor Calvo Sotelo, que no ha sido un momento pasional de unos cuantos ciudadanos ofuscados, sino que ha sido una represalia ciega, ejercida por aquellos que tenían una relación más o menos directa con el teniente Castillo.

La gravedad del hecho es enorme, y yo tengo que examinarla con la luz de los antecedentes del hecho mismo y de las circunstancias en que se ha producido. Yo sé la gravedad de las manifestaciones que voy a hacer. Estoy perfectamente penetrado, incluso, de las consecuencias que para mí, personalmente, pueden tener. El cumplimiento del deber no se puede detener ante ese orden de consideraciones.

Lamento que no esté aquí el señor Presidente del Consejo de Ministros; no porque no esté aquí muy digna- mente representado, sino porque a él necesariamente, de un modo personal, he de referirme en este momento.

El señor Ministro de Estado, con la vehemencia que le caracteriza –y tengo la seguridad que con la sinceridad mayor, que es también una de sus características–, ha venido aquí, en términos casi conmovidos, a rechazar imputaciones o acusaciones que se desprendían del escrito a que ha dado lectura el señor Suárez de Tangil en nombre de las minorías monárquicas, y de las cuales pudiera deducirse una acusación directa al Gobierno en el crimen que se ha cometido… Lejos de mi ánimo el recoger acusaciones en globo, y mucho menos lanzar sobre un Gobierno, sin pruebas, una acusación de esta naturaleza.

¡Ah!, pero la responsabilidad del Gobierno no es sólo criminal; la responsabilidad del Gobierno es tremenda en el orden político y en el orden moral, y a ella tengo necesariamente que referirme.

El miércoles pasado, señores diputados –hace hoy exactamente ocho días–, el señor Calvo Sotelo me llamó aparte, en uno de los pasillos de la Cámara, y me dijo: “Individuos de mi escolta, que no pertenecen ciertamente a la Policía, sino a uno de los Cuerpos armados, han recibido una consigna de que en caso de atentado contra mi persona procuren inhibirse. ¿Qué me aconseja usted?”. “Que hable usted inmediatamente con el Ministro de la Gobernación”. El señor Calvo Sotelo fue a contárselo, el miércoles o el jueves, al señor Ministro de la Gobernación, el cual, según mis noticias tenidas por el señor Calvo Sotelo, dijo que en absoluto de él había emanado ninguna orden de esa naturaleza. Pero el señor Calvo Sotelo tuvo una confidencia exactísima.

¿Quién dio esa orden? ¿Quién dio esa consigna? Me adelanto a decir que el señor Ministro de la Gobernación, no. No me atrevería a decir otro tanto de organismos subalternos dependientes del Ministro de la Gobernación.

El señor Ventosa lo sabe, porque yo le comuniqué: “Contra el señor Calvo Sotelo se prepara un atentado. Ha habido parte de organismos dependientes del Ministerio de la Gobernación, nunca del Ministro de la Gobernación, órdenes para que se deje impune el atentado que se prepara. Usted lo sabe; usted y yo somos testigos de que esta advertencia se ha hecho al Gobierno, de que esa amenaza se está cerniendo sobre la cabeza del señor Sotelo”. Y esa amenaza se ha realizado y ese atentado ha tenido lugar.

Tengo la seguridad de que el señor Ministro de la Gobernación hizo lo posible, en lo que de él dependía. Pero los organismos que dependen del Gobierno, ¿lo han hecho así? ¿Se estableció la debida vigilancia alrededor de una persona seriamente amenazada para evitar el atentado? No se ha hecho.

¡Ah! Pero, ¿es que es ésta la única responsabilidad que al Gobierno y a los grupos de la mayoría les corresponde en este asunto? ¿Es que estamos cansados de oír todos los días, en las sesiones de Cortes excitaciones a la violencia contra los diputados de derechas? Voy a prescindir de lo que a mí se refiere; bien claras han estado algunas amenazas en el salón de sesiones. Me voy a referir exclusivamente a lo ocurrido con el señor Calvo Sotelo. ¿Es que no recordamos, aunque las facultades presidenciales, interviniendo oportunamente, quitaran ciertas palabras del Diario de Sesiones, que el señor Galarza, perteneciente a uno de los grupos que apoyan al Gobierno, dijo en el salón de sesiones –yo estaba presente– que contra el señor Calvo Sotelo toda violencia era lícita?

¿Es que acaso esas palabras no implican una excitación, tan cobarde como eficaz, a la comisión de un delito gravísimo? ¿Es que este hecho no implica responsabilidad alguna para los grupos y partidos que no desautorizaron estas palabras? ¿Es que no implica una responsabilidad para el Gobierno que se apoya en quien es capaz de hacer una excitación de esa naturaleza?

En el orden de la responsabilidad moral, a la máxima categoría de las personas le atribuyo yo la máxima responsabilidad y, por consiguiente, la máxima responsabilidad en el orden moral tiene que caer sobre el señor Presidente del Consejo de Ministros. El señor Presidente del Consejo de Ministros que al llegar al más alto puesto de la gobernación del Estado no ha prescindido del carácter demagógico que impregnan todas sus actuaciones, dijo un día que frente a las tendencias que podía encarnar el señor Calvo Sotelo u otras personas de significación ideológica parecida, el Gobierno era un beligerante. ¡El Gobierno un beligerante contra unos ciudadanos! ¡El Gobierno nunca puede ser un beligerante! El Gobierno tiene que ser un instrumento equitativo de justicia, aplicada por igual a todos, y eso no es ser beligerante, como no lo es el juez que condena a un criminal. Cuando desde la cabecera del banco azul se dice que el Gobierno es un beligerante, ¿quién puede impedir que los agentes de la autoridad lleguen en algún momento hasta los mismos bordes del crimen?

Pero aún hay más: En virtud de unas palabras pronunciadas por el señor Calvo Sotelo en un debate de orden público, haciendo referencia a acontecimientos que precisamente los grupos que apoyan al Gobierno airean estos días, pronunció el señor Presidente del Consejo de Ministros unas frases provocadoras, que implicaban el hacer efectiva en el señor Calvo Sotelo una responsa- bilidad por acontecimientos que pudieran sobrevenir, lo cual, como dice muy bien ese documento leído por el señor conde de Vallellano, equivale a señalar, a anunciar una responsabilidad a priori, sin discernir si se ha incurrido o no en ella. “¿Ocurre esto, va a ocurrir este acontecimiento? Pues Su Señoría es el responsable”.

Periódicos inspirados por elementos del Gobierno han venido estos días diciendo que se iba a producir ese acontecimiento; que era inminente en la noche pasada, en la que viene; que el observatorio está vigilante; que va a surgir en seguida lo que se teme. Ya se está dibujando la responsabilidad. Y esa noche cae muerto el señor Calvo Sotelo a manos de agentes de la autoridad. ¿Creéis que esto no representa una responsabilidad? ¡Ah! Pero hay otra, todavía mayor, si cabe. El señor Calvo Sotelo no ha sido asesinado por unos ciudadanos cualesquiera: el señor

Calvo Sotelo ha sido asesinado por agentes de la autoridad.

En este punto interrumpe el Presidente Martínez Barrio:

–“Piense Su Señoría que se trata de un suceso que está sometido en estos instantes a la investi- gación de la Justicia. Su Señoría, anticipadamente, resuelve que la responsabilidad de este suceso corresponde a personas investidas del carácter de agentes de la autoridad. Será ello así o no lo será”.

Contesta Gil Robles:

Es exacto, señor Presidente, que está actuando los Tribunales de Justicia; pero los diputados tenemos, no sólo el derecho, sino la obligación de traer aquí, como la hubiéramos llevado a la sesión pública, si nos hubiese sido posible, esta acusación categórica y terminante. ¿Qué importa que la censura lo haya tachado y haya obligado a decir a los periódicos que los autores de ese asesinato han sido unos individuos, si en la conciencia de todos está la verdad de lo ocurrido? Tengan en cuenta Sus Señorías y quienes me oyen, que está bien lejos de mi ánimo arrojar una mancha por igual sobre todos los agentes de la autoridad, ni muchísimo menos. Bien lejos de mi pensa- miento, igualmente, lanzar sobre un Cuerpo benemérito del Estado una culpa colectiva. Han sido determinados agentes de la autoridad, que probablemente el mismo Cuerpo a que pertenecen estará deseando en estos momentos que sean expulsados, que sean arrojados de su convivencia. Pero lo que no puede negarse, señor Presidente y señores diputados que me escuchan, es que el señor Calvo Sotelo se resistió a entregarse a los que llegaban a su domicilio y que únicamente cuando uno de ellos le exhibió un carné en el que acreditaba su condición de la Guardia Civil, el señor Calvo Sotelo se entregó. Las averiguaciones judiciales irán encaminadas a saber quién fue el oficial de la Guardia Civil; pero que fue un agente de la autoridad que iba acompañado de guardias de Asalto, de paisano o de uniforme, y en una camioneta de la Dirección General de Seguridad, que después fue dejada en el mismo Ministerio de la Gobernación o en el cuartelillo que está al lado, esto no puede negarlo nadie. ¿Y es que cuando ocurre un suceso de ese volumen y de esa magnitud un Gobierno puede decir: Lo he entregado simplemente a un juez para que investigue, sin haber tomado ninguna medida para ver quiénes habían sido esos oficiales que han ido en la camioneta y acompañando a los guardias de Asalto, los que había dispuesto el servicio, los que han estado reclutando voluntarios entre determinada compañía o determinada sección del teniente Castillo, para con ellos ir a ejercer una represalia y una venganza sobre la persona del señor Calvo Sotelo?

Cuando todo esto ocurre, el Gobierno ¿no tiene que hacer otra cosa que publicar una nota anodina, equiparando casos que no pueden equipararse y diciendo que los Tribunales de Justicia han de entender en el asunto, como si fuera una cosa baladí que un jefe político, que un jefe de minoría, que un parlamentario sea arrancado de noche de su domicilio por unos agentes de la autoridad, valiéndose de aquellos instrumentos que el Gobierno pone en sus manos para proteger a los ciudadanos; que le arrebaten en una camioneta, que se ensañen con él, que le lleven a la puerta del cementerio, que allí le maten y que le arrojen, como un fardo, en una de las mesas del depósito de cadáveres? ¿Es que eso no tiene ninguna gravedad? ¡Ah!, señores del Gobierno: vosotros en estos momentos habéis creído que todo lo tenéis libre con nombrar un juez, con dictar una nota y con acudir el día de mañana a que la pasión política os dé un bill de indemnidad en forma de voto de confianza. Tened la seguridad de que eso no se limpia tan fácilmente.

Un día el señor Calvo Sotelo pronunció en la Cámara unas palabras contestando al señor Presidente del Consejo de Ministros, que si son su mayor glorificación, constituyen la mayor condenación para vosotros. «Yo digo –terminaba- lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: “Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis; y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio”».

Esto dijo el señor Calvo Sotelo; le ha llegado la muerte con gloria. ¡Ah! Pero vosotros, como Gobierno, aunque no tengáis la responsabilidad, que yo no la arrojo sobre vosotros, la responsabilidad criminal directa ni indirecta en el crimen, sí tenéis la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia, que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado a la violencia; de no haber desautorizado a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y de violencia contra la persona del señor Calvo Sotelo. Eso no os lo quitaréis nunca; podéis, con la censura, hacer que mis palabras no lleguen a la opinión; podéis, con el ejercicio férreo de facultades que la ley pone en vuestras manos, hacer imposible que esto llegue, en sus detalles, a conocimiento de la opinión pública; podéis ir al Parlamento y pedir una votación de confianza. Pero tened la seguridad de que la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros y sobre la mayoría y no os la quitaréis nunca. ¡Triste sino el de este régimen si incurre, frente a un crimen de esta naturaleza, en el error tremendo de pretender paliar los acontecimientos! Si exigís las debidas responsabilidades, si actuáis rápidamente contra los autores del crimen, si ponéis en claro los móviles, en ese caso, quizá –y no lograréis en todo– quedará circunscrita la responsabilidad a los autores; pero si vosotros estáis, con habilidades mayores o menores, paliando la gravedad de los hechos, entonces la responsabilidad escalonada irá hasta lo más alto y os cogerá a vosotros como Gobierno, y caerá sobre los partidos que os apoyan como coalición de Frente Popular y alcanzará a todo el sistema parlamen- tario, y manchará de barro y de miseria y de sangre al mismo régimen. En vosotros está.

Quizá muy pocas palabras más hayamos de pronunciar en el Parlamento. Todos los días, por parte de los grupos de la mayoría, por parte de los periódicos inspirados por vosotros, hay la excitación, la amenaza, la conminación a que hay que aplastar al adversario, a que hay que realizar con él una política de exterminio. A diario la estáis practicando: muertos, heridos, atropellos, coacciones, multas, violencia… Este período vuestro será el período máximo de vergüenza de un régimen, de un sistema y de una nación. Nosotros estamos pensando muy seriamente que no podemos volver a las Cortes a discutir una enmienda, un voto particular, un proyecto más o menos avanzado que presentéis, porque eso, en cierto modo, es decir ante la opinión pública que aquí todo es normal, que aquí la oposición cumple su papel, que éste es el juego corriente de los sistemas políticos. No; el Parlamento está ya a cien leguas de la opinión nacional; hay un abismo entre la farsa que representa el Parlamento y la honda y gravísima tragedia nacional.

Nosotros no estamos dispuestos a que continúe esa farsa. Vosotros podéis continuar; sé qué vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profunda- mente; cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos surgirá otro combatiente. Tened la seguridad –esto ha sido la ley constante en todas las colectividades humanas– de que vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar, por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones son como Saturno, que devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos porque veis que cae el adversario.

¡Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros! Dentro de poco seréis en España el Gobierno del Frente Popular del hambre y de la miseria, como ahora lo sois de la vergüenza, del fango y de la sangre. Nada más».

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Prosigue la sesión con diversos discursos parlamentarios. El ministro de Estado Augusto Barcia Trilles, califica de monstruosos los términos en que se ha expresado Gil Robles, “arrebatado hasta el paroxismo”. “Para el jefe de la CEDA la vida política nace con la llegada del Frente Popular al Poder. ¿Qué hemos recogido nosotros, sino un país desesperado, que no tenía hora de paz, y sobre el que la zozobra y la injusticia se cernían por todos lados? Nosotros creíamos, y continuamos creyendo, que realizamos una gran misión; que en el fondo servimos supremos intereses, ante los cuales no cabe hablar para nada de cosas de partido”.

Indalecio Prieto afirma que Gil Robles ha realizado un acto político, al cual se sumaron dos factores: “estado pasional, a que es propicia su palabra, y una premedi- tación que aparece muy clara a lo largo de su discurso”. “Estimo, naturalmente, injustas por completo todas aquellas imputaciones, más o menos concretas, o más o menos diluidas, que el señor Gil Robles ha hecho, acusando al Gobierno, no sé si de inducción o de encubrimiento, pero sí de una responsabilidad accesoria marcadísima, no meramente política, en cuanto al asesinato del señor Calvo Sotelo”. […] “La injusticia del señor Gil Robles parte de que al examinar la situación actual de España, en cuanto a cuya gravedad todo disimulo sería ocioso, determinar arbitrariamente una fecha como comienzo de ese estado de perturbación que le arrancaba tan violentos y elocuentísimos apóstrofes”.

Según Portela Valladares, “la situación actual no es heredera de la anterior”, rectificando de esa forma al ministro de Estado: “En aquella que yo presidí se vivió en régimen de libertad y de pleno respeto a las garantías constitucionales y con libertad de prensa absoluta, y con orden, y paz, y entregué el Gobierno en la plenitud de sus medios a quien me sustituyó y cada uno en su puesto.

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¿Vamos a continuar así? ¿Es posible continuar así? Esta cuestión es inestable, cruda, hiriente, expuesta a la explosión, con el temor en la calle, en el hogar. ¿Se puede prolongar indefinidamente, con estrago para España y para la República? Piénsese que el hecho que lamentamos y condenamos puede abrir un nuevo ciclo en la Historia de España. […] Se engañarán los que crean que de esta situación de violencia puede venir la tranquilidad. Triunfará una u otra fracción; después vendrá la reacción del otro lado. Así nunca habrá paz en España”.

El regionalista catalán Ventosa afirma que la suspensión de garantías ha de representar de una manera evidente un arma, un medio para que el Gobierno pueda conseguir la normalidad pública, y por ello exige que el Gobierno al que se le conceda sea la representación de todos los ciudadanos, sin excepción alguna. […] Nosotros no podemos otorgar a un beligerante un recurso excepcional, que no negaríamos, ciertamente, a un Gobierno que se hubiera movido dentro de la esfera de la ley y del derecho. Hay otra razón que justifica también nuestra actitud, y es el notorio fracaso de la actuación del Gobierno. La situación, lejos de mejorar en los últimos meses, en los cuales el Gobierno ha tenido el recurso de la suspensión de garantías, ha empeorado, haciéndose, realmente, insostenible”.

El diputado comunista José Díaz Ramos dice “que la mayoría del pueblo español ha reconquistado la República el 16 de febrero, y lo que resulta claro y un hecho incontrovertible es que, por parte de las derechas, no existe la resignación necesaria para acatar los resultados del triunfo. Pero no podemos consentir que aquellos mismos hombres que, con responsabilidad de Gobierno, contemplaron los terribles sucesos, quieran ahora aprovechar la muerte del señor Calvo Sotelo, con móviles políticos, para empeorar la difícil situación que ellos han creado a España y a la República. Yo creo que el Gobierno se ha quedado corto al no meter la mano a fondo a los elementos responsables de la guerra civil que hay en España. Por eso nosotros hemos presentado una proposición de ley para que el Gobierno pueda declarar ilegales todas las organizaciones que no acaten el régimen en que vivimos. Entre ellas Acción Popular, que es una de las más responsables de la situación, y los periódicos que la representan. No queremos venganza, pero sí queremos justicia; cuando se haga lo que pedimos no habrá guerra civil, porque los responsables de los atentados sois vosotros, los de la derecha, con vuestro dinero y vuestras organizaciones. Por tales actos, vuestro puesto no debiera estar aquí, sino en la cárcel”.

Por Izquierda Republicana, Marcelino Domingo Sanjuán “se asocia al dolor que significa la pérdida de uno de nuestros compañeros, y al que supone la pérdida de todos los que caen víctimas de este estado de violencia”. Se lamenta de los términos en que se ha producido la oposición, “con lo cual se excitan los ánimos, se envenena la guerra y se extreman las diferencias”.

En forma parecida se expresa Pedro Corominas y Muntanya, de la Esquerra. Pregunta: “¿Cómo han de acabar nuestras discordias? ¿Cómo hemos de poner término a este estado de cosas, que está desacreditando y deshonrando a nuestro país, si no hay confianza, no en las ideas, pero ni siquiera en los actos de la autoridad de quienes la encarnan? ¿Pondremos fin a esta situación lanzándonos a la calle unos contra otros?” “Los hombres de la minoría agraria –exclama el diputado José María Cid Ruiz Zorrilla– vienen recabando de los Gobiernos del Frente Popular que pongan término a la caza de unos españoles por otros. Al pedir esto, no coartábamos en lo más mínimo las facultades y medios del Gobierno para acabar con esta situación; por consiguiente, si el señor Prieto y el Gobierno estimaban que la primera arma a emplear era proceder contra los hombres que consideraban responsables por su pasada actuación ministerial, pudieron hacerlo. Si el Gobierno tenía en sus manos los medios para acabar con este estado de oprobio, exigiendo esas responsabilidades, nosotros lo hubiéramos acatado. Yo no lo hubiera rehuido, porque soy hombre que responde siempre de sus actos. Deseando estoy que llegue el momento de discutir lo que pasó en octubre”. “Condeno por igual todos los crímenes, guardo mi repulsa y mi execración para sus autores morales y materiales, y mi conmiseración para quien en un momento de inconsciencia –se refiere al diputado socialista Ángel Galarza Gago– pudo declarar lícito y plausible el atentado personal contra el señor Calvo Sotelo. Se comete un error gravísimo al rodear de silencio el suceso, en vez de dar los nombres de los autores del crimen. Este Gobierno no merece la confianza que solicita, pues por sus debilidades y claudicaciones, en sus manos se están deshaciendo España y la República. Por todo lo cual no podemos prestar nuestro voto para la prórroga del estado de excepción”.

Después de otras intervenciones, el presidente da por terminado el debate. Se procede a la votación. Otorgan su confianza al Gobierno: Luis Fernández Clérigo (diputado de Izquierda Republicana), Vargas, Marcelino Domingo Sanjuán (diputado de Izquierda Republicana), Emilio Palomo Aguado (diputado radical-socialista), Pedro Rico López (diputado de Izquierda Republicana), Pedro Corominas y Muntanya (diputado de la Esquerra), Julio Álvarez del Vayo (diputado socialista), Francisco Largo Caballero (diputado socialista), José Díaz Ramos (diputado del partido comunista), Luis de Araquistáin Quevedo (diputado socialista), Indalecio Prieto Tuero (diputado socialista), José Tomás y Piera (diputado de la Esquerra) y el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. En total, 13.

Votan en contra: José María Cid Ruiz Zorrilla (diputado agrario), Rafael Aizpún Santafé (diputado cedista), Geminiano Carrascal Martín (diputado cedista), José María Gil Robles (jefe de la CEDA) y Juan Ventosa Calvell (diputado de la Lliga Regionalista Catalana). Se abstiene Manuel Portela Valladares (diputado centrista).

Al terminar la sesión Gil Robles emprende viaje a Biarritz; el conde de Vallellano en unión de Yanguas Messia, marchan a una finca del marqués de Albayda, próxima a la frontera de Portugal. Hacia el mismo destino sale el concejal Luis María Zunzunegui que lleva en su coche al líder monárquico Antonio Goicoechea Cosculluela, a quien le busca la policía para detenerle. Alejandro Lerroux, avisado por un confidente se dirige a Portugal y el catedrático y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, prevenido por Indalecio Prieto, sale con dirección a Francia.

Fueron muchas las familias de derechas de Madrid que hicieron precipitadamente sus maletas y se pusieron en camino hacia zonas más seguras. Navarra atraía la preferencia de los más. Aquellos a quienes sus recursos económicos se lo consentían, buscaron las garantías en las playas portuguesas, que agregaban a la seguridad, los encantos veraniegos. Muchos aristócratas se ocuparon, además de su seguridad personal, de la de sus pinturas y joyas. La carretera de La Coruña tenía un tráfico más abundante que el normal en ese mismo período del año y los vehículos iban excesivamente lastrados, sin una plaza libre y sin lugar en sus portamaletas ni en sus estribos para recibir un kilo de peso más…

El inicio de la guerra civil estaba a punto de estallar. Lo que ocurrió el 17 de julio de 1936, con la sublevación de la guarnición militar de Marruecos.

Por la transcripción Julio MERINO

Autor

Julio Merino: Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.

Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.

Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.

En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.

En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.

Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.

Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.