España se baja los pantalones ante los LGTB; Rusia o Polonia los expulsan. Por José Miguel Pérez

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Hemos entrado en fase aguda de marlaskización del Estado. La Guardia civil, cuyo vector teórico y legal es la “neutralidad” política e ideológica ha sido teñida de arcoíris en Twitter por la presión y directriz de la élite política gubernamental social-comunista. Muchos Ayuntamientos se han pasado por el forro la jurisprudencia y han colgado la enseña LGTB.

No importa que una reciente Sentencia del Tribunal Supremo excluya a las banderas no oficiales de su uso por los poderes públicos, marcando un camino prohibitivo contra el uso de enseñas de lobbies totalitarios (LGTB) o movimientos separatistas (la bandera estelada del secesionismo catalán).

Tampoco importa que la ley de Banderas de 1981 fije como bandera única de uso por nuestras fuerzas de seguridad y por las armadas, la bandera nacional española.

La marlaskización del Estado ha llevado a la trituración de la ley, a la expurgación inmediata contra mandos de la Benemérita (Coronel Pérez de los Cobos) y a la humillación de las víctimas de ETA para dar preeminencia al orgullo gay.

La memoria de las víctimas de ETA y de la primera víctima de la banda, una niña de 18 meses asesinada el 27 de junio de 1960, exigían que la Guardia Civil luciese un crespón negro sobre la bandera de España. En su lugar los mandos políticos social comunistas que rigen la Guardia civil, han preferido rendir tributo a la “deidad” arcoíris imponiendo una enseña LGTB que deshonra a una institución armada cuya única bandera puede y debe ser la de España. La burla contra las víctimas de ETA ha sido clamorosa.

La sinrazón de la maquinaria orwelliana gana su peso para tiranizar las instituciones oficiales bajo el manto de un totalitarismo que puso su impronta en el Estado cuando el PSOE con Zapatero y su ley de matrimonio homosexual, y luego el PP con Rajoy, convirtieron al lobby LGTB en el de mayor poderío, capacidad intimidatoria y financiación de toda España.

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Este lobby posee organismos públicos, determina contenidos escolares y tiene leyes a la medida de su adoctrinamiento educativo y cultural (leyes “de género” y LGTB, como la de la Galicia de Feijoo o la de Madrid aprobada por Cristina Cifuentes). Además, está blindado por todos los partidos políticos que contraviniendo la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición de banderas no oficiales en edificios públicos, le han regalado balcones, mástiles y fachadas para lucir su enseña con motivo del día del “orgullo”: los Ayuntamientos de Barcelona, Mallorca y Zaragoza (este último en manos del PP), han colocado la enseña gay. Hay muchos más.

Los partidos del consenso progre, de la manita, han decidido despedazar la vigencia y valor de las sentencias y han preferido favorecer un lobby que a cada marcha, manifestación o carnaval callejero alienta espectáculos públicos degradantes y atentatorios contra la moral pública no obstante lo cual jamás son perseguidos sus delitos de exhibicionismo por la Fiscalía ni condenados como tales por ningún Juez.

La situación de “bajada de pantalones” de España y el resto de Occidente ante el lobby LGTB contrasta con la situación de Rusia y otros países de la Europa Oriental. En el país gobernado por Vladimir Putin, las celebraciones callejeras LGTB están prohibidas, la apología de la propaganda homosexualista está penada y la reforma constitucional en ciernes reconocerá como única familia válida y protegida la tradicional, basada en la relación heterosexual con capacidad reproductora. En 2013 el parlamento ruso aprobó la «ley de propaganda», definida formalmente como la ley «para la protección infantil de la información que niegue los valores de la familia tradicional». Impulsada por el ejecutivo de Vladimir Putin, la norma no penaliza la homosexualidad, pero sí permite a las autoridades perseguir cualquier difusión del ideario LGBT en la esfera pública. La ley prohíbe la “promoción entre menores de las relaciones sexuales no tradicionales”. La prohibición incluye la información brindada mediante la prensa, la televisión, la radio e Internet.

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Por otro lado, en Polonia se ha abierto una cruzada contra el poder totalitario y adoctrinador del lobby LGTB y así lo ha declarado el presidente del país. El presidente polaco, el conservador Andrzej Duda, cargó este pasado sábado contra la «ideología LGTB», a la que comparó con el «adoctrinamiento» de la época comunista. El presidente argumentó que la generación de sus padres no luchó «durante 40 años para expulsar la ideología comunista de las escuelas» para que ahora se acepte «que venga otra ideología, aun más destructiva para el ser humano». El pasado miércoles el presidente, que compite por la reelección, ya había presentado un paquete de medidas «pro-familia», que incluyen el compromiso de impedir el matrimonio homosexual, que las parejas gays puedan adoptar niños y que en los colegios se tematicen los derechos LGTBI. En los últimos años varios municipios polacos se han declarado “zonas libres de LGTBi” defendiendo los valores tradicionales.

Occidente sucumbe bajo el empalagoso adoctrinamiento LGTB mientras las políticas a favor de la familia y los valores tradicionales en otros países declaran una guerra sin contemplaciones contra las apetencias de ingeniería social de los lobbies financiados por George Soros, el cual tras haber entregado 40.000 dólares al lobby gay de Hungría en 2014 encontró frente a él a Viktor Orban, que expulsó a sus fundaciones del país tiempo después.