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En el teatro de las redes sociales, Begoña Gerpe interpreta con insistencia el papel de mártir de la libertad. Tras ese disfraz de abogada rebelde emerge una realidad menos épica: la existencia de una investigación judicial derivada de una denuncia por un supuesto delito de odio relacionada con sus manifestaciones públicas.
Gerpe presenta este escenario como una persecución política, cuando lo que existe es la activación de los mecanismos propios de un Estado de Derecho ante denuncias concretas. Confundir la libertad de expresión con la ausencia de límites legales es un error que, en el ámbito jurídico, tiene consecuencias que no dependen del relato, sino de los hechos que puedan acreditarse.
El recurso a envolverse en la bandera para reinterpretar una causa judicial como una batalla ideológica es una estrategia conocida. Sin embargo, la existencia de denuncias por expresiones dirigidas a colectivos concretos desplaza el debate del terreno político al jurídico. No se trata de si una opinión resulta incómoda, sino de si determinadas manifestaciones pueden vulnerar derechos protegidos por la ley.
La clave no está en los “likes” ni en la narrativa de resistencia, sino en lo que determine la instrucción. Será la autoridad judicial la que establezca el alcance de los hechos y, en su caso, sus consecuencias legales, con independencia del marco interpretativo que se proyecte en redes.
Que esta causa se inicie en el contexto actual de debate sobre la libertad de expresión no implica que deban confundirse conductas potencialmente problemáticas con el ejercicio legítimo de ese derecho. En este caso, se plantea un conflicto que, desde un punto de vista jurídico, podría haberse producido en cualquier otro momento, con independencia del contexto político.
La admisión a trámite de la querella no responde necesariamente a un marco ideológico, sino a la existencia de unas manifestaciones que, al menos en apariencia, podrían tener relevancia penal y que, por ello, deben ser analizadas en sede judicial.
Mientras tanto, conviene evitar simplificaciones interesadas. No todo proceso judicial responde a persecuciones ideológicas, ni toda defensa de la libertad de expresión puede desligarse de la responsabilidad. A veces, simplemente, se trata de hechos que deben ser analizados conforme a Derecho. Y será en ese marco donde deba valorarse la situación de la abogada, al margen de relatos o interpretaciones interesadas.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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