Hemeroteca en el “Heraldo Español” de López-Montero: Por España y por los españoles. Por la transcripción Julio Merino

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LEVANTANDO las espadas electoralistas (que han brillado ya en Galicia y se preparan para Andalucía, y más tarde para las generales y las municipales), los cuatro partidos de mayor representación parlamentaria han vuelto a echar mano del consenso; esta vez, en relación con el 23 de febrero. Levantadas1as espadas y contenidas las mutuas acusaciones de «derechización», «marxistización», «inoperancia», «demagogia», etc., los cuatro partidos del consenso y el compadreo -UCD, PSOE, AP y PCE- acaban de reunirse para estudiar el tema del próximo juicio del 23 de febrero; el primer fruto de este nuevo consenso ha sido la designación del socialista Enrique Múgica como portavoz de los consensuados en esta concreta misión de seguimiento del juicio y, como tal portavoz, y expresando por ello el sentir colectivo, el señor Múgica ha dicho ya que «conviene que durante el juicio haya un contacto más directo por si surge cualquier incidencia que intente quebrar la serenidad con que debe llevarse a cabo el proceso».

De momento, con tales manifestaciones, el señor Múgica (en nombre y representación de todos los consensuados) parece asumir el papel de fiscalizador del tribunal de justicia, y paternal tutela de sus miembros, poniendo en tela de juicio la serenidad con que los representantes de la justicia sabrán actuar en todo momento, sin necesidad de intromisión alguna del poder civil.

Sorprende, por otra parte, que sea precisamente en estos momentos, pocas fechas antes de que dé comienzo el juicio, cuando los partidos parlamentarlos se den cuenta de la importancia que el mantenimiento de la serenidad tiene siempre en cuanto afecta a la justicia, sin que a lo largo de los doce meses transcurridos desde el 23 de febrero, hayan hecho gala de serenidad ni hayan tampoco exigido que se mantuviera en los medios informativos, a través de los cuales se han vertido toda clase de informaciones tendenciosas, injurias, calumnias y menosprecio hacia los ilustres militares que habrán de sentarse en el banquillo, y hacia quienes ostentan su defensa.

Y sorprende también que sean estos partidos, y precisamente estos los que se manifiesten ahora en favor del seguimiento de la serenidad, cuando no se ha acallado todavía el sentimiento de indignación que ha producido el líder socialista Alfonso Guerra calificando de «farsa» el juicio. ¿A quiénes se exige serenidad en estos momentos? ¿No será más bien que se pretende correr una espesa cortina de silencio, tras la que se oculte a la opinión pública lo que realmente se diga y se pregunte en las largas sesiones del juicio? Porque, si es ese silencio lo que buscan los políticos, tendremos que decir nuevamente que se está manipulando la democracia, que se está equivocando el sagrado concepto de la libertad de expresión y que, como siempre, el pueblo español necesita «luz y taquígrafos».

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Los partidos consensuados siguen diciendo en este «manifiesto» que «se trata de evitar cualquier tipo de crispación y que nadie aproveche el juicio para hacer sensacionalismo». Un deseo que España entera hubiera aplaudido si se hubiera manifestado desde el mismo día 24 de febrero de 1981 cuando, lejos de serenidad, fue la crispación la que se propició, desconociendo, ignorando y pisoteando incluso el principio constitucional de presunción de inocencia. Se acusaba desde todos los frentes informativos y políticos a unos hombres a quienes se llegó incluso a comparar y situar en el mismo plano que a los terroristas de ETA; se les escupió con los más ruines y vergonzosos calificativos; se les injurió y calumnió; se pretendieron borrar de un plumazo brillantes hojas de servicio a la Patria y conductas intachables y, en la mayoría de los casos, llegó a utilizarse tan sólo el 23 de febrero como vehículo para la descalificación personal. Y hemos ido viendo así cómo se distorsionaba y se falseaba el más elemental principio de un Estado de Derecho, que juzga los hechos y no a los hombres, porque en este caso concreto el juicio ha ido siempre dirigido contra los hombres.

ESTAMOS todavía inmersos en el hecho histórico, y es difícil que puedan olvidarse los juicios y los calificativos que, por otra parte, figuran profusamente en los archivos periodísticos. Ha llegado el atentado dialéctico a tal nivel que, en muchos casos, se consideraba necesario el insulto a los hombres del 23 de febrero para reafirmar la propia imagen «democrática»; una tentación en la que han caído lamentablemente todos y cada uno de los líderes de los partidos que ahora quieren evitar «cualquier tipo de crispación y sensacionalismo».

En los doce meses transcurridos se ha venido haciendo, a través de las manifestaciones de los políticos y las informaciones y comentarios de un amplio sector de los medios de comunicación, un «juicio popular» en el que no se ha permitido oír a los acusados ni a sus defensores; un juicio en el que cualquier intento de objetividad era automáticamente acallado bajo la acusación de «golpismo». Y ahora, cuando España se dispone a escuchar la voz de la justicia y a conocer en toda su dimensión la verdad de los hechos del 23 de febrero, y la voz de los hombres que en estos doce meses le han sido presentados como terroristas, ahora, precisamente ahora, hablan los partidos políticos de serenidad.

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Ni la han perdido los hombres del 23 de febrero en estos largos meses transcurridos -en los que hubiera sido comprensible en ellos la irritación y la ira frente a tanta basura vertida contra su imagen-, ni la ha perdido tampoco la justicia, ni la ha perdido el pueblo español, a pesar de la intensa campaña de intoxicación que ha venido padeciendo. Ese pueblo español, cuya madurez no han dudado en reconocer los propios políticos, cuando así ha convenido a sus intereses, está perfectamente preparado para recibir la verdad a través de la audiencia pública, con luz y taquígrafos, y no será precisamente el pueblo español de donde nazcan las crispaciones ni los sensacionalismos. Tengan presente en esta hora los políticos a lo que tan acertadamente dijera don Claudio Sánchez Albornoz:

«Que los políticos tiendan sus redes y preparen sus campañas. Nosotros, los pensadores, los juristas, los escritores, los profesores, los artistas, todos los que se agrupan bajo el calificativo de intelectuales, tenemos la misión de alzar nuestra vez por encima de todos los intereses, de alzarla por España y por los españoles».

Ángel LÓPEZ-MONTERO JUÁREZ

Abogado Defensor del Teniente Coronel Tejero

en los Juicios de Campamento y el Supremo

(Heraldo Español Nº 87, 17 al 23 de febrero de 1982)