La cuestión de la sanidad pública. Por José María Nieto Vigil

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Insufribles –nunca mejor dicho- retrasos e interminables listas de espera, aplazamientos de consultas especiales –también las de diagnóstico y tratamiento-, dilación en la realización de pruebas e intervenciones quirúrgicas, escasez de profesionales –sobre todo médicos y enfermeros-, saturación y congestión de servicios galenos –muy grave en urgencias y atención primaria-, infrafinanciación de nuestra sanidad pública, fuga de nuestro personal sanitario a países con mejores ventajas económicas y expectativas profesionales, falta de camas en UCI y en planta, precariedad y endeblez de nuestra red de atención ciudadana en el medio rural, manifestaciones de descontento de los trabajadores del sector, ciudadanos y pacientes desatendidos, una ineficaz y mediocre gestión de la sanidad –cada vez más alejada de los verdaderos problemas-…Podría ir citando una larguísima lista de despropósitos, contrariedades , dificultades, disgustos, preocupaciones y cuestiones de muy diversa naturaleza a las que habría que añadir la manipulación y la utilización política –interesada, torticera, ilegítima e injusta- que se viene haciendo de la crisis de la Sanidad pública en España desde hace demasiado tiempo. Es decir, a la difícil situación que a diario se vive en los centros de salud –rural y urbana- , centros hospitalarios, centros de especialidades médicas, ambulatorios y demás entramado de atención sanitaria, se añade la manipulación informativa y la tergiversación malintencionada planteada, sin ningún recato ni sonrojo, desde posiciones ideológicas ajenas a las disputas, aprietos y estrecheces que se sufren en tan elemental servicio público esencial.

Necesitamos más recursos, no cabe duda. Precisamos de más personal sanitario, me parece una evidencia incontestable. Cantidad sí, calidad también. Son dos aspectos indisociables e inseparables por estar estrechamente vinculados a una solución global. Es insoportable comprobar y asistir al duelo, a la impotencia e incapacidad, que sufren nuestros excepcionales profesionales sanitarios. Se ven desbordados, sobrepasados, rebasados y superados por la falta de medios, de tiempo y de capacidad de respuesta ante la demanda ciudadana. La carencia, la deficiencia e insuficiencia, implementan el agotamiento personal y la ineficacia del sistema público de salud.

Llegados a este punto, no podemos dejar de recordar que la sanidad es el conjunto de bienes y servicios encaminados a preservar la salud pública. Es un sistema coordinado entre los servicios de Salud de la Administración del Estado y de las Autonomías. La responsabilidad es mutua y compartida por tanto. El artículo 43 de nuestra Constitución (Título I. De los derechos y deberes fundamentales), dentro del Capítulo tercero (De los principios rectores de la política social y económica), en sus dos primeros párrafos es muy explícita. Dice así: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud” –párrafo primero-. “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (…)” –párrafo segundo-. Se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad; su descentralización autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud. Dicho en cristiano, todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad. Sin embargo, provocados por nuestro modelo de organización política territorial del estado, basado en el Estado regional o de las autonomías, se imponen, lamentablemente, serios desequilibrios territoriales. Ni calidad, ni igualdad en la atención sanitaria. Hay españoles de primera, de segunda, incluso de tercera.

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Baste un ejemplo para ilustrar lo que sostengo. Mientras que en el Principado de Asturias la inversión per cápita en sanidad es de 2.133,13 euros anuales, en la Comunidad Autónoma de Madrid es de 1.446,13 euros. Es decir, una diferencia de 687 euros –demasiados creo yo-. La media europea de gasto de la Unión es de 2.244 euros por habitante, frente a los 1.808 de la media autonómica española. Estimo, a la luz de la carga de pruebas existentes, que la recentralización del sistema sanitario y la devolución competencial a favor del Estado es una solución, justa y equitativa, para todos los españoles. Es intolerable aceptar, pese a la bonhomía constitucionalista, un estado plurirregional desarrollado a múltiples velocidades en la puesta en marcha de un derecho fundamental, como es en este caso, el de garantizar la salud pública cacareada a los cuatro vientos.

La infrafinanciación es un problema serio y de urgente solución. Mientras el incremento de gasto corriente en tecnología es cierto, se produce inversamente una falta de dotación de recursos para la incorporación de personal sanitario. Esta afirmación no es gratuita ni demagógica, se puede constatar muy fácilmente. Faltan médicos, enfermeros, ambulatorios, equipamientos y servicios. Que se lo pregunten a los sanitarios y a los usuarios si lo que apunto no es verdad.

La sanidad pública es una cuestión de estado que depende de la voluntad política expresada en los programas de los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y de la capacidad financiera que se contemple y garantice en el diseño y ejecución de sus respectivos presupuestos.

Estoy con nuestros sanitarios y sus justas reivindicaciones, por merecidas y convenientes; estoy con los usuarios y pacientes en sus reclamaciones y flagrantes descontentos, por claros y evidentes; y no estoy con nuestros gestores políticos, verdaderos responsables del problema, por su incompetencia, impericia, ineptitud, torpeza e ignorancia. Su negligencia y su falta de habilidad son causa de desorden, desorganización, desconcierto, desbarajuste y caos. Faltan médicos, sobran políticos; faltan enfermeras, sobran gestores; faltan servicios de atención primaria, sobran asesores; faltan ambulatorios en el medio rural, sobran estériles ministerios. La redistribución presupuestaria en favor de la sanidad no es una simple exigencia más, es una cuestión de salud pública.

Autor

José María Nieto Vigil: Historiador, profesor y periodista. Doctor en Filosofía y Letras. Director de Comunicación Agencia Internacional Rusa