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Desde los Juicios de Núremberg y la codificación penal del Estatuto de Roma, la doctrina universal sepultó de forma definitiva la falacia de la «obediencia ciega». Ninguna consigna jerárquica ampara la perpetración de actos manifiestamente contrarios a la ley o a la salvaguarda de la Nación, quedando extinguida toda eximente basada en el mero cumplimiento de órdenes cuando estas violan el orden constitucional o los principios inalienables de la defensa propia.
En el ordenamiento español, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el Código Penal Militar sancionan con absoluta nitidez este límite: el militar no solo no está obligado a obedecer órdenes que constituyan delito o conculquen la Constitución, sino que asume la plena responsabilidad penal individual si ejecuta directrices que atenten contra la integridad de la Patria o desarmen a sus custodios frente a la agresión exterior.
Esta premisa jurídica adquiere una urgencia histórica ante el escenario de la plaza de Ceuta, en riesgo también Melilla, donde la desactivación deliberada de la respuesta soberana por parte del Ejecutivo sanchista excede la negligencia para encajar en la tipicidad de la alta traición. Habiendo cumplido el CNI y el CIFAS con su deber de advertencia estratégica, la orden política de neutralizar la contención policial y militar convierte la obediencia en complicidad con un asedio fronterizo ejecutado con el cinismo del señuelo humanitario.
Desde una estricta viabilidad penal y dogmática, el mandato supremo del artículo 8.1 de la Carta Magna ampara la intervención legítima de los responsables de la integridad territorial cuando el propio Poder Ejecutivo traiciona su fin fundacional. Sometida la población ceutí a la conculcación de sus derechos fundamentales ante una agresión por fuerza enemiga interpuesta, la inacción gubernamental quebranta la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, convirtiendo la pasividad impuesta en una omisión delictiva frente a un ataque coordinado contra el suelo nacional.
Bajo eufemismos prefabricados de «crisis migratoria», se enmascara una operación hostil de guerra híbrida concebida por potencias extranjeras, ante la cual los mandos custodios de la soberanía ostentan la legitimidad constitucional para repudiar directrices destructivas y poner a disposición judicial a los infractores del Ejecutivo. La facultad de repeler la agresión y salvaguardar al pueblo español no es una opción discrecional del gobernante de turno, sino la obligación de estricto derecho que recae en las instituciones armadas para impedir la consumación impune de la alta traición.
En este contexto de flagrante alteración sociopolítica, el deber se extiende de forma ineludible a la Jefatura del Estado. El Rey, como mando supremo de las Fuerzas Armadas y garante de la permanencia y unidad de España según los artículos 56 y 62 de la Constitución, ostenta la responsabilidad histórica y moral de actuar ante un desgobierno que destruye el marco constitucional y subordina la soberanía nacional al interés de una trama criminal.
La cadena de mando, la Judicatura y la Corona no pueden ampararse en el formalismo procedimental mientras se consuma la entrega del territorio y el saqueo institucional. Frente al delito continuado y la traición consentida desde el poder, la respuesta de la legalidad debe ser fulminante: la detención excepcional de Pedro Sánchez y la restauración inmediata del derecho, el honor y la seguridad que España exige.
RES NON VERBA.
Autor

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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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