- El magistrado José Luis Calama espera escuchar primero las confesiones de los antiguos responsables de Plus Ultra antes de interrogar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
La investigación judicial sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra continúa avanzando y apunta cada vez con mayor intensidad hacia el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido aplazar la declaración de las hijas del exlíder socialista hasta escuchar primero las nuevas revelaciones de los dos principales directivos de la aerolínea, cuya colaboración con la Justicia podría reforzar las principales líneas de la investigación.
Según fuentes jurídicas, el magistrado citará posteriormente a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, una vez disponga de las declaraciones de Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, ex consejero delegado de la compañía, previstas para los días 7 y 8 de septiembre.
Ambos exdirectivos ratificarán ante la Audiencia Nacional los escritos de colaboración presentados recientemente, en los que sostienen que la aerolínea abonó comisiones al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero a través de la sociedad Análisis Relevante S.L. por su presunta intermediación en la obtención del rescate aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.
De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional, una parte de esos fondos —al menos 239.755 euros, según las diligencias— terminaron en las cuentas de Whathefav S.L., empresa vinculada a Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Precisamente el origen, la naturaleza y el destino de esos pagos constituyen uno de los principales ejes de la investigación que dirige la Audiencia Nacional.
El instructor considera que las declaraciones de los antiguos responsables de Plus Ultra pueden aportar información determinante antes de interrogar a las hijas del expresidente, motivo por el que ha decidido posponer sus comparecencias hasta contar con un cuadro probatorio más completo.
En la misma situación procesal se encuentra Gertrudis Alcázar, secretaria de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, también investigada en la causa. Su declaración igualmente quedará aplazada hasta que concluyan las comparecencias de los exdirectivos de la aerolínea y del empresario Julio Martínez Martínez, quien ha iniciado una línea de colaboración con la Justicia.
Uno de los elementos que mayor relevancia ha adquirido durante la instrucción procede precisamente de la declaración de este último. Según manifestó ante el juez, entre 2021 y diciembre de 2025 abonó una cantidad aproximada de 3.000 euros mensuales a las hijas del expresidente por trabajos relacionados con la maquetación de informes de consultoría.
Sin embargo, el propio empresario aseguró que dichos trabajos dejaron de realizarse en 2022 y que, pese a ello, los pagos continuaron efectuándose. Según su declaración judicial, esa decisión obedecía a que las beneficiarias eran «quienes son», una manifestación que ahora forma parte de la investigación y cuyo alcance deberá ser valorado durante el procedimiento.
Las comparecencias previstas para septiembre se presentan como un punto de inflexión en una causa que ha ido incorporando nuevos indicios durante los últimos meses. La colaboración de los antiguos responsables de Plus Ultra y del empresario Julio Martínez Martínez ha reforzado varias de las líneas de investigación abiertas por la Audiencia Nacional, aunque corresponderá finalmente al juez determinar el valor probatorio de sus manifestaciones.
Con la citación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y de su secretaria, la investigación entra en una nueva fase centrada en esclarecer el recorrido del dinero y el posible papel desempeñado por el entorno más próximo del expresidente en la presunta trama investigada. Si las declaraciones de septiembre confirman los extremos expuestos en los escritos de colaboración, el procedimiento podría experimentar un nuevo impulso y estrechar aún más el cerco judicial sobre uno de los rescates públicos más controvertidos de los últimos años.
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