21/11/2024 20:15
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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) presentó el pasado jueves las conclusiones a las que habían llegado los representantes de algunas de las miles de empresas que forman el tejido económico de nuestra Nación en cuanto a las medidas necesarias para acelerar la recuperación después de la catástrofe económica provocada por el Covid y, sobre todo, por la actuación negligente y suicida de nuestros gobernantes (si se les puede llamar así).

La CEOE ha decidido convocar a los representantes de las grandes empresas, que han estado trabajando en el asunto entre el 15 y el 25 de junio. Entre ellos hay verdaderos empresarios, algunos muy exitosos (Juan Roig, Francisco Riberas, José Cosmen o Rafael del Pino, por citar algunos), junto a un número de primeros ejecutivos de grandes empresas, que no es lo mismo que empresarios (Sánchez Galán, Brufau o Luis Gallego, también por citar algunos) y algún infiltrado, como Beatriz Corredor, exministra del incalificable Rodríguez Zapatero y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, que ya me dirán Uds. que sabe de empresa …

La CEOE ha ignorado a las decenas de miles de empresarios que no salen en Expansión, que están todos los días a las ocho de la mañana levantando la persiana de la nave en cualquiera de los miles de polígonos industriales de España, que dan empleo a 8, 10 o 20 personas, que almuerzan el menú del día en el bar del polígono, no en un restaurante de postín con estrella Michelín y que les va la vida y el futuro de su familia en esa empresa que creó el, o su padre o su abuelo endeudándose hasta las cejas.

Era de esperar que de ese grupo de “galácticos”, trabajando intensamente durante 11 largas jornadas, saliera un decálogo de recomendaciones concretas, bien enfocadas a la situación crítica en que nos encontramos, prácticas, de aplicación inmediata y entendibles por una pandilla de cenutrios malintencionados como la que nos gobierna; un “guía burros” para entendernos.

Pues no, no ha habido suerte. Esto es lo que han parido (copio textualmente):

«1.- Visión de medio y largo plazo para llevar a cabo las inversiones necesarias para hacer de España un país más competitivo, resiliente y sostenible. La transición energética es fundamental para alcanzar esta sostenibilidad. España puede acelerar las inversiones en energías verdes, que además pueden tener un efecto arrastre en el corto plazo.

2.- La confianza a través de la seguridad jurídica es fundamental. Esa confianza es clave para generar credibilidad y atraer y retener inversiones.

 

3.- Consenso y diálogo social para llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de la crisis. No se deben revertir reformas que han generado crecimiento económico y mejora del bienestar, y en todo caso se deben mejorar aquellos aspectos en los que exista margen.

4.- Un marco regulatorio más flexible y adaptado a los cambios de la economía española.

5.- Colaboración público-privada para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos tanto en el ámbito de la educación y la sanidad como en el de las infraestructuras.

6.- Conservar el tejido productivo a través de medidas que están funcionando, como los ERTEs o las líneas de avales públicos, adaptándolas y acompasándolas a la evolución de la actividad económica de cada sector.

7.- Reindustrialización para generar un empleo de calidad y mejor remunerado. El objetivo debe ser alcanzar un peso del 20% sobre el PIB. Aquellos territorios que superan este porcentaje son los que también presentan menores niveles de desempleo.

8.- Innovación y digitalización del tejido productivo, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y de la Administración pública.

9.- Estabilidad presupuestaria. Hay que disponer del gasto público necesario en el corto plazo para salir de la crisis, y volver a una senda de estabilidad fiscal a medio y largo plazo. Para ello, hay que promover el crecimiento económico y evitar, sobre todo, subidas impositivas en momentos de crisis económica. Otros países europeos están aplicando rebajas de impuestos para salir de la crisis.

10.- Igualdad de oportunidades y el crecimiento inclusivo a través de la formación y la educación. La prioridad son las personas y el empleo, la mejor fórmula de inclusión social; también que no debemos dejar a nadie atrás en la recuperación y en las transformaciones energéticas y digitales. Por último, apuesta por revitalizar el contrato social.»

En toda esta declaración de intenciones solo encuentro seis medidas concretas, por otro lado bastante evidentes y además dichas con extremo cuidado para no molestar:

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Mantener los ERTEs y las líneas de avales públicos
No subir impuestos o, mejor aún, bajarlos (esto último sólo lo insinúan)
No revertir reformas, se supone que se refieren a la reforma laboral aunque no se atrevan a decirlo
Marco regulatorio más flexible
Promover la colaboración público-privada, y
Acelerar inversiones en energías verdes (yo añadiría que sin desmantelar otras, como la nuclear)

Bien. Coincido en todas. El resto es una larga serie de obviedades, muchas de ellas muy necesarias (que duda cabe) pero que sirven tanto para este momento de profunda crisis como para el momento de mayor expansión que hayamos vivido y tanto para España como para Burundi. A saber:

Visión a medio y largo plazo, incluyendo un amable guiño a la ministra Ribera al insistir en la “transición ecológica”, uno de esos conceptos que tanto le gustan a Sánchez y que son, entre otras cosas, una patada a la semántica.
La confianza a través de la seguridad jurídica es fundamental. Gracias por recordárnoslo.
Consenso y diálogo social. Por supuesto, y si es posible sin intervención del gobierno.
Innovación y digitalización del tejido productivo. Eso se llama mejora de la productividad, que no es un pecado decirlo.
Estabilidad presupuestaria, pero con matices: no se atreven a pedir reducción del gasto público corriente, es más, conceden amablemente que se siga disponiendo del “gasto público necesario para salir de la crisis”; será la primera crisis de la que se sale a base de gasto público
Igualdad de oportunidades y crecimiento inclusivo (supongo que esto último es un obsequio para la Sra. de Iglesias, por lo que pueda pasar, y que ni siquiera ellos saben lo que significa)
Revitalizar el contrato social
Y terminan parafraseando al propio Sánchez: “no debemos dejar a nadie atrás”, cuando Sánchez quiere decir que no dejará a nadie atrás de los suyos.

Y una muy buena: reindustrialización. Así, sin más, no dicen ni como, ni en qué sectores. Pero está bien que se den cuenta 40 años después de que se desmantelara de la noche a la mañana la industria creada por el régimen del general Franco y que nos llevó a ser la novena potencia mundial. Más vale tarde que nunca. Que se lean la biografía de D. Alberto Ullastres o de D. Gregorio López-Bravo o de D. Juan Antonio Suances, por ejemplo, y sabrán lo que tienen que hacer.

Las 130 personas que han participado, supongo que con alguna excepción, no son tontos, es más, seguramente sean más inteligentes que la media y, sobre todo, tienen clarísimo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para salir de esta crisis. Pero no se han atrevido y es que, amigos, salvo honrosas excepciones todos son expertos en nadar y guardar la ropa, todos dependen y mucho de las decisiones del ministerio correspondiente y la mayoría, no todos, tienen una asombrosa capacidad para adular y seguir la corriente al que gobierna, aunque sea Jack el Destripador.

¿Qué creo yo que hubiera sido ese decálogo si hubieran actuado con honestidad, con lealtad hacia sus compatriotas y sin temor a las consecuencias?

Pues lo que probablemente diría cualquiera de esas decenas de miles de pequeños empresarios (porque sus empresas son pequeñas, ellos son grandes) y autónomos, algo parecido a lo siguiente:

Reducir al máximo la intervención de las Administraciones Públicas en la actividad económica, salvo para crear un marco normativo básico y estable y para ayudar. Eso implica, entre otras cosas, flexibilizar y simplificar la regulación, eliminando muchos de los centenares de miles de trámites burocráticos, obligaciones estúpidas de hacer y de no hacer e inspecciones de todo tipo que cuestan tiempo y dinero. Y, por supuesto, meter un poco de sentido común en las infinitas regulaciones medioambientales, de seguridad, de “conciliación” y de “igualdad” que hacen que la vida de cualquier empresa, grande o pequeña, sea una carrera de obstáculos.
Conseguir la unidad de mercado, eliminando todas las regulaciones autonómicas, verdaderos caprichos y ocurrencias de funcionarios desocupados, que hacen que España no sea un mercado de 47 millones de consumidores sino 17 mini-mercados, cada uno de su padre y de su madre. Otra de las consecuencias nefastas del calamitoso sistema autonómico que nos regalaron los próceres constituyentes.
Reducir drásticamente el gasto público corriente. Probablemente con 10 o 12 ministerios sería suficiente; los más de 700 asesores de todo tipo con cargo al contribuyente sobran todos; los 15.000 millones de euros anuales que se regalan en forma de subvenciones a familiares y amigos también sobran; las administraciones autonómicas hay que reducirlas al máximo (yo directamente las eliminaría), recuperando competencias; hay que aumentar la productividad de los empleados públicos y, naturalmente, reducir drásticamente su número; hay que reducir el número de subsidios, de todo tipo, que desincentivan el emprendimiento y la búsqueda de trabajo y fomentan la economía sumergida, manteniendo solo los que se refieren a casos de verdadera necesidad; etc.
No solo no subir impuestos, sino bajarlos vía incentivos fiscales (incluyendo las cotizaciones sociales) para el que invierta o cree empleo, o permitiendo la compensación de impuestos (incluso entre administraciones) y sobre todo simplificando la legislación fiscal y no cambiándola cada 15 días. Para eso, obviamente, hace falta bajar el gasto.
Moratoria en el pago de impuestos y dotación de avales públicos para dar liquidez a las empresas y autónomos hasta que la situación empiece verdaderamente a mejorar. Por supuesto mantenimiento del mecanismo de los ERTEs, en mi opinión hasta fin de año y, de nuevo, simplificando y dándole estabilidad, lo que no es tan complicado a 6 meses vista.
Plan de inversiones en infraestructuras, no haciendo cosas por hacer (no me refiero a hacer otro aeropuerto en Ciudad Real, no) sino adelantando numerosas inversiones que hay que hacer, tarde o temprano. Seopán publicó hace pocas semanas un estudio exhaustivo donde identifica necesidades por importe de 150.000 Mill € que además de crear actividad y empleo al construirlas mejoran la competitividad de nuestra economía para siempre. Para ello se debe contar al máximo con la iniciativa y la financiación privada, en esquemas concesionales de todo tipo, para lo que la seguridad jurídica es imprescindible.
Fomentar las exportaciones, no solo la llamada “internacionalización” de las empresas, que está muy bien pero que crean el empleo fuera de España, con incentivos fiscales y de todo tipo, mejorando las infraestructuras (ferrocarril, puertos…) y haciendo que los agregados comerciales sean casi más importantes que los embajadores y que solo piensen, día y noche, en cómo ayudar a las empresas españolas
Progresar a toda máquina en la reforma laboral, minimizando o eliminando el intrusismo de los sindicatos de clase políticos (UGT, CCOO, etc.), que apenas representan al 10% de los trabajadores, que al parecer solo pueden ser trabajadores si son socialistas o comunistas, como en el s. XIX, sustituyéndolos por sindicatos sectoriales, nacionales o no, como ocurre en EE.UU. o en Alemania y, por supuesto, eliminando a los miles de liberados sindicales y las centenares de miles de “horas sindicales”, pagadas pero no trabajadas, que son solo un absentismo consentido. Hay que plantearse si en el s. XXI, con las nuevas formas de relación trabajador-empresa y con el 25% de la población activa parada (es cuestión de meses) tiene sentido la indemnización por despido, que yo creo que no, pero necesitaría otro artículo para razonarlo.
Rediseñar completamente y cuanto antes la formación profesional, una formación tan digna como la universitaria, que debe servir para cubrir demandas de empleo ahora no cubiertas, que evitará que las universidades sean fábricas de parados o de personas que trabajan en cosas completamente distintas a las que se formaron y que es imprescindible si queremos reindustrializar a España. Si se dan un repaso a los BOEs anteriores a 1975 encontrarán un montón de buenas ideas para ello.
Luchar contra la economía sumergida, no solo el que no paga los impuestos sino también el que está cobrando el paro o el ingreso mínimo vital y trabajando “en B”, pues además de defraudar a todos los contribuyentes es una competencia desleal para el que cumple sus obligaciones e incrementa la carga fiscal para los “legales”. Para ello, claro está, hay que evitar que la carga fiscal sea asfixiante.

Autor

REDACCIÓN