Comparecencia de Sánchez tras el último Consejo de Ministros del año. Siguiendo la estrategia de ocultar los trapos sucios aunque estén bien tendidos al sol y a la vista de todo el mundo, el ilegítimo-y quizá ilegal- presidente del Gobierno, no ha mencionado ni una sola vez la ley de amnistía, la estrategia más controvertida por infame, impulsada por su gabinete este año, en su balance del 2023 que pronto finalizará. Tampoco mencionó otras medidas, como el mediador internacional y un régimen fiscal diferenciado para Cataluña que el partido negoció contra la opinión popular, incluso dentro del PSOE, y puso a disposición del separatismo que ahora envalentonado arremete contra la Justicia que ayudó a desmantelar el entresijo golpista del 2017.
El fullero Sánchez tardó 42 minutos en mencionar por primera vez Cataluña y la amnistía tras una pregunta de uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa, pero no fue por iniciativa propia. No hay nada nuevo bajo el sol, ha afirmado sobre la llamada de Pere Aragonés en su discurso de Navidad de este martes para negociar un referéndum en el 2024. La vergüenza internacional de que la estabilidad del gobierno dependa de los partidos separatistas le importa un bledo, pero el Partido Socialista ha intentado evitar mencionar a Cataluña. Su respuesta fue lacónica. Sánchez también justificó la necesidad de reformar el sistema crediticio en diálogo con todas las comunidades autónomas.
Sánchez fue investido gracias a Junts catalanas, ERC y Bildu tras varios traspasos como la ley de amnistía, el traspaso de Rodalies e incentivos fiscales al gobierno, pero en la primera intervención en Cataluña no mencionó la ley del olvido penal que supervisa Europa y que ya fue aprobada. En el caso de que la Comisión Europea desdeñase la ley aprobada en el Congreso, la legislatura quedaría en el aire y supondría el mayor fracaso de Pedro Sánchez y un punto de inflexión de vital importancia para marcar el estrepitoso turno de una derrota después de años de impunidad y oscurantismo.
El cabecilla del PSOE centró su intervención en explicar las acciones económicas tomadas por el Gabinete para respaldar ciertos sectores y perjudicar a otros, como las grandes empresas y los bancos. Además, resaltó la gratuidad del transporte el próximo año y la prohibición de desahucios para familias vulnerables, así como la ampliación de impuestos al sector financiero y las ganancias corporativas, y la reversión de recortes en el impuesto al valor agregado sobre la electricidad y el gas, a pesar de que los precios siguen siendo muy elevados, como el coste de la vida desde que el PSOE gobierna.
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