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El paralelismo histórico y el análisis del derecho comparado demuestran que, ante la descomposición de un régimen y el asalto a las instituciones, las naciones consolidadas activan sin titubeos los resortes de legítima defensa del Estado. En España, sin embargo, esos mecanismos parecen anestesiados por un servilismo partidista que ha sustituido la vigilancia constitucional por la obediencia al poder. En cualquier democracia con una arquitectura institucional digna de ese nombre, la deriva delictiva de un Ejecutivo y el secuestro de la soberanía nacional habrían provocado ya la intervención fulminante de los garantes de la ley para restablecer el orden constitucional quebrado.
El planteamiento puramente legal y constitucional para contrarrestar el atrincheramiento de una organización criminal en el poder no requiere improvisación ni arbitrariedad, sino la aplicación rigurosa del mandato de defensa del Estado de derecho. Cuando el fango de la corrupción judicial y penal asedia la Moncloa, el ordenamiento jurídico contempla el desalojo inmediato de los implicados mediante la ejecución estricta de mandatos judiciales por parte de las fuerzas de seguridad actuando como policía judicial. Un proceso penal de tal envergadura exige que la inmunidad parlamentaria no se confunda con la impunidad delictiva, habilitando a los tribunales competentes para ordenar la detención y el procesamiento de cada uno de los responsables del atropello institucional, devolviendo la dignidad a la nación mediante el imperio de la ley y la justicia.
Los recientes informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que acreditan una decisiva devaluación de la limpieza administrativa y el amaño sistemático de las adjudicaciones de Red.es a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, marcan el punto de no retorno para el sanchismo. Esta constatación policial del trato de favor no solo acorrala definitivamente a Begoña Gómez, sino que sitúa al propio Pedro Sánchez en el epicentro de la responsabilidad penal, dado que resulta jurídica y políticamente inverosímil desligar el beneficio de la trama del amparo directo de la jefatura del Ejecutivo. La contundencia de las pruebas aportadas por la Guardia Civil desmorona cualquier intento de cortafuegos procesal y anticipa el único horizonte legal concebible ante un esquema de corrupción de tal envergadura.
En mi análisis, la gravedad de las revelaciones de la UCO sobre las valoraciones alteradas bajo consignas explícitas traza un camino inequívoco hacia el banquillo que vaticina, tarde o temprano, la detención y el procesamiento penal del propio presidente como máximo responsable del aparato institucional puesto al servicio del negocio privado. Cuando los indicios delictivos mutan en certezas documentales y el fraude a los intereses públicos se demuestra estructural, la inercia del Estado de derecho se vuelve imparable, por más que el poder pretenda blindarse tras la gesticulación parlamentaria. Los muros del búnker monclovita no podrán resistir el peso de una instrucción judicial que avanza directa hacia la imputación y el arresto de los implicados, señalando el desenlace ineludible de un ciclo político marcado por la ilegalidad y la degradación moral de sus protagonistas.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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