¡Pedro Sánchez, me gusta la fruta! Por Rafael García Alonso

La separación de poderes es fundamental para el correcto desarrollo de la democracia liberal, ya que la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial supone la existencia en el seno del Estado de órganos de gobierno autónomos e independientes entre sí, estableciéndose así un sistema de contrapesos que evita el abuso de poder mediante la vigilancia y control recíproco de los distintos poderes.

Pues bien, a pesar de que la Constitución española consagra la separación de poderes, si bien lo hace con ciertas deficiencias estructurales y metodológicas, Pedro Sánchez, a lomos de su obsesión de poder, está llevando a cabo un “Golpe de Estado” en toda regla al propiciar un cambio fraudulento del orden constitucional mediante la fusión y deslegitimación de los tres poderes del Estado, lo cual inevitablemente conlleva la abolición del Estado de Derecho y la degradación del sistema democrático.

Por lo que respecta al Poder Ejecutivo resulta evidente que el nombramiento de P. Sánchez como presidente del Gobierno tras las pasadas elecciones generales puede ser todo lo legal que se quiera, pero no es menos cierto que está envuelto en un halo de irregularidades. Así, no es de recibo que durante toda la campaña electoral tanto el psicópata monclovita como sus adláteres socialistas engañaran de forma sistemática a la ciudadanía al proclamar hasta la saciedad que jamás concederían la amnistía a los golpistas catalanes por ser dicha medida claramente anticonstitucional, cuando resulta que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, llevaba meses negociando en Bruselas con Carles Puigdemont la tramitación parlamentaria de una ley de amnistía a cambio de los votos de Junts en la sesión de investidura. Tras la derrota electoral del partido socialista, obviamente los encuentros se intensificaron y culminaron en un acuerdo en el que Junts se comprometía a hacer presidente a P. Sánchez con sus votos, mientras que el PSOE se comprometía a presentar en el Congreso una proposición de ley que no solo amnistiaba a todos los implicados en la intentona golpista, sino que también admitía el lawfare, esto es, también admitía el lawfare, esto es, el acoso judicial permanente contra el independentismo. En conclusión, los socialistas mintieron sistemáticamente durante la campaña electoral, para después de las elecciones protagonizar el mayor acto de corrupción política que se puede llevar a cabo, ya que no cabe definir de otra forma al hecho de que unos políticos amnistíen a otros políticos para obtener un beneficio personal, en este caso la Presidencia del Gobierno, asestando así un golpe mortal a la legitimidad y credibilidad de P. Sánchez al frente del Poder Ejecutivo.

Por su parte, en relación al Poder Legislativo dado que la elección de diputados y senadores se realiza mediante un sistema plurinominal con listas cerradas y no mediante un sistema uninominal por distrito con listas abiertas, resulta que los parlamentarios más que representar a los ciudadanos que los eligen representan a la cúpula de los partidos políticos, ya que son ellas las que seleccionan a las personas que han de formar parte de las listas electorales. De esta forma se establece de facto una partitocracia en la que los legisladores están sometidos a las decisiones de los líderes de las diferentes formaciones políticas. Un hecho que viene a demostrar esta subordinación del Poder Legislativo a los partidos políticos es la llamada “disciplina de voto”, la cual no es otra cosa que la fraudulenta obligación de diputados y senadores a votar en consonancia con el criterio establecido por sus respectivos partidos políticos, aunque ello suponga votar en contra de los intereses del conjunto de la ciudadanía, ya que de lo contrario serán etiquetados despectivamente como “tránsfugas”, pudiendo llegar a ser expulsados del propio partido político. Así, en consonancia con esta lamentable situación, hemos podido ver como los diputados socialistas, muchos de ellos manifiestamente contrarios a la ley de amnistía, se comportaron de forma vergonzosamente cobarde, ya que ni uno solo de ellos fue capaz de votar en contra de la investidura de P. Sánchez, después de que el psicópata monclovita, en uno más de sus infames “cambios de opinión”, defendiera en su discurso la aprobación de dicha ley con excusas tan vanas como pueriles, ya que a nadie mínimamente capacitado intelectualmente se le puede escapar que dicha propuesta responde exclusivamente a la necesidad que tiene de contar con los votos de Junts para satisfacer sus patológicas ansías de poder.

En esta tesitura el Poder Judicial ha constituido el único dique de contención del proyecto totalitario de P. Sánchez, razón por la cual, ya desde el comienzo de la pasada legislatura, el psicópata monclovita acometió sin disimulo alguno el asalto a la Justicia. Así, designó a la que fuera su ministra de Justicia, Dolores Delgado -también conocida por su entusiasta apoyo al negocio de la prostitución- como Fiscal General del Estado (FGE), conculcando de esta forma el principio no escrito de salvaguardar y respetar la independencia del Ministerio Público. De hecho, Dolores Delgado, a lo largo de su mandato, demostró sobradamente su sectarismo, al anteponer en todas sus actuaciones los intereses del Gobierno a la promoción de la justicia. Tras su renuncia al puesto alegando motivos de salud, P. Sánchez nombró a Álvaro García Ortiz como nuevo FGE, siendo su mayor mérito haber sido la mano derecha de Dolores Delgado, algo que se puso de manifiesto al proponer como Fiscal Militar del Tribunal Supremo precisamente a Dolores Delgado, cerrándose así un nuevo círculo de corrupción. De hecho, el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal fue anulada por el Tribunal Supremo al considerar que Álvaro García Ortiz había incurrido en “desviación de poder”, ante lo cual P. Sánchez en lugar de cesarlo, como hubiera sido pertinente, lo ha reafirmado en su puesto para los próximos cuatro años, confirmando por enésima vez que su desvergüenza no tiene límites.

El siguiente objetivo judicial de P. Sánchez fue renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para conseguir tener una mayoría de vocales afines a sus intereses partidistas. Sin embargo, el PP no se avino al enjuague pergeñado por el psicópata monclovita por considerar que era necesario despolitizar dicho órgano de gobierno de los jueces, razón por la cual el Gobierno socialcomunista promulgó una ley que impedía al CGPJ nombrar a nuevos jueces mientras estuviera en funciones, a pesar de que ello suponía la parálisis de numerosos Tribunales de Justicia. La importancia de no haber caído en una nueva argucia del Gobierno socialcomunista se ha puesto de manifiesto en el reciente comunicado del CGPJ, en el cual se señalaba que la aprobación de la ley de amnistía suponía la eliminación de la independencia judicial y, por tanto, la abolición del Estado de Derecho.

Tras su fracaso en el intento de control del CGPJ, el siguiente objetivo de P. Sánchez fue el de imponer una mayoría subordinada a sus ambiciones totalitarias en el Tribunal Constitucional (TC), ya que ello le habría de permitir plasmar en leyes los acuerdos alcanzados con los independentistas catalanes sin que fueran consideradas anticonstitucionales por dicho tribunal. Sin embargo, como la renovación del TC, según establece la Constitución, debe hacerse por pares, esto es, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, el Gobierno socialcomunista no podía nombrar a los magistrados que le correspondían por estar inhabilitado el CGPJ para nombrar a los suyos. Ante esta situación el Gobierno socialcomunista, de forma indecentemente obscena, se enmendó a sí mismo la plana y modificó su propia ley para permitir que el CGPJ pudiera nombrar tan solo a los magistrados del TC. Así, finalmente el Gobierno socialcomunista pudo nombrar a los dos magistrados del TC que le correspondían y, como no podía ser de otra manera, eligió a dos juristas como Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso absolutamente ligados al PSOE, el primero por haber sido ministro de Justicia y la segunda directora de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes durante el mandato de P. Sánchez. De esta forma el TC ha pasado de ser un Tribunal de Garantías a ser un Tribunal Sanchista, avanzándose así el imparable proceso de degradación de la Justicia impulsado por socialistas y comunistas.

En definitiva, el Gobierno socialcomunista con P. Sánchez a la cabeza ha eliminado la separación de poderes, ha abolido el Estado de Derecho y ha dinamitado la democracia. Por esta razón todas las noches la muchedumbre congregada frente a la madrileña sede del PSOE manifiesta su repulsa ante el “Golpe de Estado” perpetrado por el Gobierno socialcomunista exclamando frente a viento y marea policial ¡Pedro Sánchez me gusta la fruta!, dando con ello muestras de una inusitada sabiduría política y dietética.

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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