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La detención de Pedro Sánchez ante las múltiples evidencias criminaleses una responsabilidad de extrema urgencia ante una estrategia de pucherazo electoral que está destrozando la propia razón de ser del Estado de Derecho.
Resulta intolerable asistir como testigos mudos al desmantelamiento sistemático de una nación. Nos hallamos ante el paroxismo de la fullería política: un presidente amoral, instalado en el engaño perenne, que ante la evidente pérdida de legitimidad en las urnas ha decidido fabricarse un pueblo a la medida de sus ambiciones. No hay altruismo ni justicia histórica en la mal llamada «ley de nietos» ni en las regularizaciones masivas que se imponen por la puerta de atrás; hay una burda ingeniería demográfica, un fraude electoral a gran escala diseñado para diluir, suplantar y, en última instancia, anular la voluntad soberana de los españoles expresada en las elecciones generales. Es la trampa elevada a categoría de ley para perpetuar el infierno sanchista.
Ante semejante atropello, la pregunta aflora con la fuerza de un bofetón: ¿cómo es posible que nuestra Constitución exhiba tantas y tan trágicas lagunas legales? El error de diseño de la Transición fue de una ingenuidad imperdonable: redactar una Carta Magna asumiendo la buena fe y la lealtad institucional de quienes habrían de gobernar. El sistema carece de anticuerpos automatizados; no contempla un mecanismo de cortocircuito inmediato que detenga en el acto a un delincuente político cuando este decide utilizar los propios resortes del Estado para dinamitar el orden constitucional desde dentro. Es aberrante que las leyes amparen la parsimonia burocrática mientras un autócrata desguaza la separación de poderes a plena luz del día.
Visto lo visto, la realidad demuestra que la Constitución debería contar con un artículo de legítima defensa nacional y de necesidad absoluta. Un precepto explícito que dicte que, ante la mala fe manifiesta de un presidente o de un gobierno dedicados a desmantelar el Estado de Derecho desde el poder, el Ejército —como garante supremo de la soberanía e integridad de la Nación— y las Fuerzas de Seguridad del Estado tengan la potestad constitucional de derribar la puerta de la Moncloa, detener de inmediato al mandatario infiel y ponerlo de patitas ante un tribunal especial. El vacío legal que permite a un traidor blindarse en el palacio presidencial mientras destruye las reglas del juego es un suicidio democrático que no se puede tolerar.
La única salida digna que le queda a esta democracia agónica no pasa por la componenda política ni por esperar el desgaste de unas siglas corrompidas. La única solución real es reventar esta legislatura desde los cimientos de la justicia. Corresponde a los jueces independientes, al estamento judicial que se niega a doblar la rodilla, actuar con la máxima severidad penal.
La supervivencia del Estado de Derecho exige el procesamiento y la detención de Pedro Sánchez por alta traición a la soberanía nacional. Solo la acción contundente de las instituciones legítimas logrará extirpar esta cizaña, poniendo fin a la pesadilla y mandando al responsable directo de este caos al ostracismo más absoluto, al lugar sombrío y marginal del que nunca debió salir. Es una cuestión de higiene, de justicia y de estricto karma histórico.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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