20/09/2024 17:51
Getting your Trinity Audio player ready...

Hace 3 años escribí un artículo reclamando un cambio en el Código Penal para castigar como delito la apología del independentismo o una “Ley para la Defensa de la Unidad de España”, a imitación de la “Ley para la Defensa para la República” que hizo don Manuel Azaña para acabar de raíz con los movimientos antirrepublicanos. Pues bien, hoy agravada la situación en Cataluña, y con un independentismo descaradamente ya antigubernamental y antimonárquico y antiespañol, vuelvo a solicitarlo. Creo que ha llegado la hora de resucitar al general Batet y abrir las puertas del “Uruguay”. Hay que acabar con el independentismo descarado, con la Ley o con la fuerza, con el Código Penal o con el ejército.

Y ahora lean ustedes el artículo que escribí hace 3 años. 

APOLOGÍA DEL INDEPENDENTISMO

Hoy me van a permitir que les transcriba parte de la char- la que mantuvimos anoche en la tertulia un grupo de amigos en «El Rincón» de la Calle María Cristina. Naturalmente, sólo se habló del 17-A de Barcelona y cuanto sucedió en el acto- homenaje a las víctimas del terrorismo yihadista del año pasado. Por supuesto que hubo disparidad de criterios,casi tantos como asistentes, porque en el caso del «problema catalán» cada cual tiene su opinión. Para uno fue penoso ver al Rey de España y al presidente del Gobierno de España como temerosos y con cara de tanatorio. Para otro, los independendistas fracasaron en su intento de transformar un acto emotivo en un acto político (con sus pancartas y sus gritos en defensa de los que están en la cárcel). Para un tercero, se produjo un empate, porque afortunadamente el Rey no tuvo que salir custodiado por la Guardia Civil ni el presidente To- rra pudo gritar a favor de la independencia y la República catalana. «No digas eso -saltó otro- porque al final del día lo que quedó claro es que entre col y col Puigdemont, Torra y los suyos vendieron sus lechugas republicanas».

Pero cuando la tertulia se animó fue cuando yo mismo planteé la interrogante que me preocupa.»Todo lo que decís es válido, pero pienso que lo que nos debe preocupar a todos es cómo resolver el problema catalán, habiendo llegado ya las cosas donde han llegado»… Y en ese momento estalló la disparidad de criterios, ya que unos creen que la solución es la de la fuerza (hasta con el Ejército si es necesario) y para otros lo mejor que puede hacerse para acabar de una vez por todas es darles la Independencia y que los catalanes se las apañen como puedan.

Sin embargo, la atención se la llevó la solución que propuso el amigo Ignacio Pérez. Según don Ignacio, abogado de profesión en ejercicio, todo puede resolverse modificando los artículos 70-78 del Código Penal o añadiendo uno nuevo. Para él, donde el Código Penal habla de apología del terrorismo habría que poner apología del independentismo, por- que con la Constitución y el Código Penal vigentes puedes castigar al independentismo si se plantea en el Parlament o el Gobierno catalán actúa oficialmente a favor de una declaración de independencia y la proclamación de un Estat Catalá, pero no es delito opinar o hacer propaganda pública o través de los medios de prensa de independencia… Y mien- tras eso siga así los independentistas tienen el camino abier- to, para antes o después conseguir sus objetivos. «Por tanto – añadió don Ignacio-, no hay más remedio que cambiar el Código Penal y establecer como delito (con sus penas correspondientes ) la apología y el enaltecimiento de la independencia en lugares públicos (declaraciones, mítines, radio, televisión, cátedra, aulas, redes sociales, púlpitos, twitter, etcétera) y no en lugares privados. Estoy seguro de que si se castiga con cárcel incluida la apología del independentismo se habrá acabado el problema.

 

Entonces el amigo Emilio echó mano de su móvil y a través de Internet leyó algunos artículos del Código Penal. «Escuchad lo que dice el artículo 570 bis del Código:

“1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal terrorista serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquella tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

A los efectos de este Código, se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos».

 

Ya lo veis, solo con cambiar la palabra terrorismo por in- dependentismo podría acabarse con la «abusiva propaganda» que están haciendo Puigdemont y los suyos desde que iniciaron el procés, y darían respaldo jurídico a la actuación de los jueces. Muerto el perro, se acabó la rabia.

«Sí, eso fue lo que hizo Azaña con su Apología del monarquismo, en la Ley de Defensa de la República -intervino Rafa,que hasta ese momento había permanecido callado-.Yo haría una Ley de Defensa de la Unidad de España.

No será sencillo, eso lo sabemos todos, porque no se des- monta en tres días lo que se ha incubado en 30 años. Pero si hablar de independencia es delito, un 97% dejarían de hacerlo y si además el Estado se atreviera, y tiene poder para ello, a recuperar la educación (y no solo de Cataluña, sino de todas las Autonomías) se cerraría el círculo. Si vis pacem, para bellum.

Aunque todavía me queda otra interrogante: ¿Y qué harían los Estados Unidos, Francia o Alemania si un estado de la Unión, una región o un länder les planteasen un grupo como el catalán de Puigdemont y Torra la Independencia por la vía unilateral?

 Publicado por Julio Merino en el Diario Córdoba el 29/08/2018

Autor

Julio Merino
Julio Merino
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.

Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.

Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.

En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.

En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.

Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.

Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.