Caso Begoña Gómez: La UCO, "a saco", investiga presuntos delitos en el domicilio de Barrabés

No puede ser de otro modo calificar de «ir a saco», sin miramientos y con seguridad en la acción emprendida, las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa), la Policía Judicial de la Guardia Civil, tras los delitos que se ocultan en el caso Begoña Gómez, puesto que los registros en el domicilio de Juan Carlos Barrabés no se originan por sospechas o por intentar descubrir algo sin saber de qué se trata. El tráfico de influencias parece estar cantado. La inviolabilidad del domicilio que es un derecho del ciudadano sólo puede ser vulnerada legalmente cuando las autoridades poseen certezas e indicios racionales sobre la perpetración de un delito.

La UCO ha sido quien ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el registro de una empresa y del domicilio personal del empresario, a raíz de las investigaciones que llevan a cabo sobre el caso Begoña Gómez. Un caso que lejos de ser fruto de una conspiración del fango va tomando consistencia hasta el punto de salpicar directamente al estafador-ya sólo por los dos confinamientos ilegales lo es- que veranea en Canarias, probablemente urdiendo el juego sucio de manipulación política, pública y judicial que pueda desviar la atención de unas investigaciones que podrían conllevar la imputación del mismo Pedro Sánchez.

En esta ocasión la perrería mediática no puede atacar al juez Peinado pues no ha sido él quien ha decidido registrar el domicilio particular de Barrabés sino la UCO cuando parece poseer las pruebas de indicio delictivo, la racionalidad estricta de la interpretación de las circunstancias delictivas que ha supuesto la cátedra de Begoña Gómez y la responsabilidad nuclear de cuantos intervinieron en su creación y desarrollo, incluso desde el despacho presidencial de La Moncloa.

A medida que el cerco se va cerrando sobre las andanzas criminales de los investigados, en España se consiente que un presunto criminal siga con las riendas del país a su antojo para hacer y deshacer por conveniencia delictiva cuanto sea necesario para encubrirse y reventar el Estado de derecho cuando ha sido pillado con el carrito de los helados.

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No existe ningún caso en el mundo sobre la sombra criminal de una presidencia de gobierno en un país democrático de Europa ,con manos libres para amañar y radicalizar los acontecimientos, sin que exista ningún impedimento que le permita seguir apoltronado en la cueva de ladrones en que se ha convertido la sede monclovita. Simultáneamente a la presión policial y judicial en cumplimiento de su deber, el retorno de la caterva ministerial se augura como una ofensiva contra la libertad de información y la libertad de expresión con el pretexto de blindar la democracia contra el fango de la ultraderecha… en realidad la ciudadanía en el desempeño funcional de sus derechos y deberes para denunciar las múltiples corrupciones que carcomen desde este gobierno de facinerosos la credibilidad de las instituciones más altas en España.

La UCO debe de seguir pistas preclaras para que con el registro del domicilio y empresa de Barrabés el matrimonio bajo sospecha pueda caer ante las evidencias delictivas con origen en la presidencia. La investigación está bajo secreto de sumario; algo que incomoda seguramente a los que en otras ocasiones se han afanado para obstruir la acción de la justicia mediante la filtración pública. Es tan evidente la acción criminal que se intenta encubrir que deberíamos preguntarnos-a poco que haya un poco de dignidad- cómo se puede permitir que el sátrapa siga evolucionado en las sombras, veraneando como un parásito a costa de los sacrificios de millones de ciudadanos, y fingir que no pasa nada. La UCO junto al juez Peinado están demostrando que aquí pasa de todo. La pregunta es ¿hasta cuándo se va a legitimar artificiosamente un desgobierno criminal cuyos destrozos-los habidos y por haber- acusaremos ya durante décadas?