España no es un Estado de Derecho. Por Francisco Bendala Ayuso

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Pilar fundamental de un Estado de Derecho es la existencia de un Poder Judicial independiente, neutral, imparcial, aséptico. Pero qué casualidad que, junto con la destrucción de la enseñanza, fue el pilar judicial el otro que la izquierda asaltó con saña en cuento tuvo ocasión. Y es que sabían que, tarde o temprano, la mayoría de sus componentes iban a sentarse en el banquillo de los acusados, por lo que nada mejor ni más seguro que tener el sistema judicial de su parte (el PSOE «luchará en la legalidad mientras pueda y saldrá de ella cuando deba» Pablo Iglesias Posse, 1910, acta del Congreso). Y hasta tal punto llegó ese asalto que vulneró uno de los pocos preceptos que la tan demostradamente ambigua Constitución concreta con exactitud.

Efectivamente. La Carta Magna establece en el artículo 122 que 8 de los 20 vocales del CGPJ los nombra el Congreso y el Senado, mientras los otros 12 se elegirán “entre jueces y magistrados de todas las categorías”; así aparece además refrendado en la ley orgánica 1/1980 de 10 de Enero. No sólo eso, sino que 1.400 jueces firmaron en 2010 un manifiesto recordando que en la Constitución se «quiso garantizar la independencia de los encargados de impartirla: los jueces y magistrados. Como prueba inequívoca de ello, no sólo reservó en su texto un lugar preeminente bajo el más que significativo título ‘del Poder Judicial’ sino que, además, quiso asegurarse de que esos jueces «independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley» (artículo 117.1 de la CE) fuesen inmunes a cualquier intento de intromisión política por parte de los poderes del Estado”.

Todo en balde. En 1985, el rodillo marxista-leninista encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra (“Montesquieu ha muerto”), con Fernando Ledesma como ministro de Justicia, promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial manifiestamente anticonstitucional, auténtico golpe de Estado desde el Gobierno con el cual abrió la puerta de par en par a la politización y uso sectario y partidista del sistema judicial y, con ello, a la destrucción del Estado de Derecho; el PSOE siempre totalitario, antidemocrático y antinacional sin remedio, fiel a su historia revolucionaria, además de documentadamente criminal. Golpe al que, todo hay que decirlo, el Partido Popular se avino y sigue sumándose no sólo por su genética cobardía, sino también por propio interés ya que sus miembros también sabían que antes o después iban a su vez a sentarse en el banquillo, como así ha sido.

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Aquellos barros de ambos trajeron estos lodos. La degeneración de nuestra vida política en general, tanta como la de la propia sociedad en particular, no ha hecho más que aumentar hasta niveles inconcebibles, siendo el sistema judicial uno de los más afectados, llegando al esperpento de lo que hay ejemplos para aburrir. En la actualidad, sin poder judicial soberano, independiente, neutral e imparcial, podemos asegurar que España no es un Estado de Derecho.

Piezas anexas y muy eficaces para haber llegado a lo dicho ha sido, también, la propia corrupción de los jueces: considerar que tras incursionar en la política pueden volver a ejercer su profesión; la formación de “asociaciones” que no son sino sindicatos encubiertos cada cual con su deriva ideológica y sectaria; la ambición personal poniendo sus ojos en los medios de todo tipo para satisfacer su soberbia y afán desmedido de protagonismo y la falta de personalidad al dejarse tentar por los propios políticos.

Con todo lo dicho, los jueces, en realidad, han perdido tanto como las mujeres con el feminismo; víctimas unos y otras de su propia estupidez. Porque la importancia de los jueces radica en su independencia, neutralidad, imparcialidad y discreción a la hora de aplicar las leyes –las que haya, de cuya perfección o imperfección no son responsables–, ya que, en sus manos, como en las de un cirujano, puede estar un día hasta la vida de los más altos dirigentes de la nación como se ha demostrado. ¡Qué hay, pues, más importante!

Hay otra razón capital. El poder judicial es la penúltima razón contra la destrucción de la nación, de la Patria, desde el interior. Si el poder judicial no cumple con tan grave misión, en el caso de España, la última razón, pero razón al fin y al cabo, es el Art. 8º de la Constitución, es decir las Fuerzas Armadas con lo que eso supone. Por ello, la independencia, neutralidad e imparcialidad del poder judicial es tan garantía de nuestra soberanía, independencia e integridad territorial como las FFAA. Tal vez también por eso se le ha destruido tanto como a estas castrado; bien que unos se han dejado destruir tanto como los otros castrar.

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Como de los políticos, por su mediocridad, corrupción y nulo patriotismo no se puede esperar la necesaria regeneración del Poder Judicial, sino todo lo contrario y cada día peor como vemos, son sus miembros los que deben impulsarla recuperando la conciencia de que su poder es esencial para consolidar un Estado de Derecho, anhelo del ciudadano honrado, así como para evitar males mayores, poder que se basa en su absoluta independencia, neutralidad e imparcialidad. Si no, iremos de peor, que es donde estamos, a mucho peor y…

PD.- Hubo un tiempo en el que los jueces eran personas anónimas que ejercían discretamente su labor, actuando imparcialmente conforme a la legalidad vigente con absoluta independencia del poder político que, todo hay que decirlo, los respetaba a su vez, no osando entrometerse en su labor. Las leyes podrían ser, como las de hoy, mejores o peores según opiniones, pero se conocían y aplicaban asépticamente. A esa etapa hoy se la tacha de “dictadura” y se dice que aquello no era un Estado de Derecho, pues bien, comparen.