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Continuando el artículo anterior, para analizar la grave situación política de la España del 2023, conviene echar al menos una ojeada a aspectos claves que tuvieron lugar en los inicios de nuestro periodo constitucional y que han tenido consecuencias, para bien y para mal, en nuestra situación actual.
El Jefe de Estado, Generalísimo y Dictador Francisco Franco falleció el 20 de noviembre de 1975. Recibió, en el Palacio de Oriente, el último saludo de multitud de sus admiradores y se le hizo un funeral de Estado. Juan Carlos, tras jurar los Principios del Movimiento Nacional, fue proclamado Rey por las Cortes franquistas el 22 de noviembre y promovió la transición política. A tal efecto, el 1 de julio de 1976, nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. El 23 de agosto de 1976, Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes, entregó a Suárez un borrador de Ley para la Reforma Política, quien lo llevó a su Consejo de Ministros y después, a petición del rey, el 8 de septiembre lo presentó a los altos jefes militares.
Esa ley de Reforma Política fue aprobada por las Cortes el 18 de noviembre de 1976, con lo cual las Cortes franquistas aceptaron su propia desaparición. El 15 de diciembre fue sometida a referéndum del pueblo español que la aprobó de forma aplastante, con una participación del 77% del censo y un 94,1% de votos favorables, tras lo cual fue promulgada el 4 de enero de 1977. Esta ley fue un instrumento clave para la reforma del sistema, de la ley a la ley, sin revolución alguna de por medio.
Permitió realizar la Transición a la democracia, que fue pilotada por el rey y por Adolfo Suárez, creando primero condiciones democráticas que incluyeron la liberalización de partidos, después unas primeras elecciones generales constituyentes el 15 de julio de 1977, las cuales elaboraron un proyecto de Constitución que fue aprobado el 31 de octubre de 1978 por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Finalmente fue sometida al pueblo español que la ratificó por referéndum el 6 de diciembre, con una participación del 67,1% y con un 91,1% de votos favorables.
El texto, demasiado abierto o interpretable en temas esenciales, ha llevado a graves e incoherentes situaciones de descoordinación nacional y ha dado impulso a fuerzas rupturistas. La mayoría de españoles, inspirados por el espíritu de reconciliación y de buenismo de la Transición, creíamos que esto no llegaría a producirse. Tal vez el error más grave fue la falta de una actuación de Estado, coordinada y consensuada con las fuerzas políticas, ante el terrorismo de ETA, que aún envenena España como demuestran las actuaciones actuales de Bildu en el País Vasco. Ha sido una herida mal cerrada pues no ha incluido aún el arrepentimiento que es, y será, imprescindible para la reconciliación.
Por otra parte, con carácter previo a la aprobación de la Constitución, el 15 de octubre de 1977, las Cortes aprobaron una ley de Amnistía cuya esencia cabe resumirla en las palabras del socialista Jose María Benegas, “La Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una ley de punto final, en virtud de la cual nada de lo ocurrido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 podría ser objeto de reclamación, (…). Es decir, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura”.
La ley incluyó no solo el pasado sino también los recientes crímenes de ETA hasta la fecha, lo que benefició a 1232 etarras de los cuales, lamentablemente, 676, el 55% volvieron a la actividad terrorista. ETA persistió y ha constituido el peor cáncer de nuestra democracia al poner en evidencia que les podía salir gratis total e incluso, como se ve en la actualidad, obtener réditos políticos y puestos en las instituciones.
En aquella época se debió haber tomado la decisión de enfrentarse a ETA con todas las armas del Estado de Derecho, a nivel nacional e internacional, y haberlo considerado el problema número 1 para la consolidación de la naciente democracia española. Sin embargo, no se quiso parecer “franquista”, aunque el orden no es propiedad de nadie sino el fundamento del Estado de Derecho y el garante de los derechos humanos. Fue un error grave que nos llevó al 23F, con Suárez, y luego al GAL, con el gobierno de González. ETA estuvo a punto de ser derrotada, incluso policialmente, con el gobierno de Aznar, pero el atentado del 11M desvió el resultado esperado del proceso electoral y trajo a Zapatero, el cual con sus ocurrencias políticas y su pretendido “talante” afectó muy negativamente a nuestra democracia, que mal que bien había mostrado un cierto equilibrio entre el PSOE de González y el PP de Fraga y Aznar, aunque les faltó lograr acuerdos de Estado sobre temas nacionales e internacionales, entre ellos el de ETA.
En la siguiente y última entrega explicaré cómo Zapatero y Sanchez han dinamitado la Transición y colocado a la Constitución a un nivel de degradación muy grave. Los partidos políticos deberían pronunciarse al respecto y los votantes del 23J deberían tomar consciencia de ello, a fin de evaluar la necesidad de algunos grandes cambios políticos básicos para poder retomar el camino de construir la convivencia democrática que señala la Constitución en su preámbulo. Entre esos cambios políticos que considero urgentes, hay alguno que toma incluso como referencia a la Constitución de la República de 1931.
Autor
- Administrador Civil del Estado.
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