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Estos últimos días se han sucedido dos noticias:
Una que ha habido una manifestación del bloque bolchevique abertzale pidiendo “Escuela vasca única” (modelo típicamente sovietizante); y la otra noticia de Ikastolen Elkartea, organización que agrupa a las ikastolas que en su día fueron el núcleo fundacional del planteamiento de escuela única abogado por los nacionalistas, cuya ley, el EIKE, fue tumbada por el Constitucional a mediados de los años ochenta. Los portavoces de las ikastolas piden la derogación de los modelos lingüísticos actuales, que no lo olvidemos nacen de la Ley de Normalización del Euskera, que preserva un sistema que en origen es parecido al hasta ahora vigente (por poco tiempo más al parecer) de zonificación del uso del euskera en función de la situación sociolingüística. Es decir, respetar la lengua materna de los hablantes, que es el paradigma que considera a los individuos ejercientes de derechos.
Ni las lenguas ni los territorios son sujetos de derecho. Pero ese criterio en Vascongadas hace tiempo que lo han dinamitado por la vía de los hechos, vulnerando claramente los principios legales. Ahora, para obviar ese imperativo moral y legal quieren eliminar de un plumazo los derechos individuales y las costumbres y tradiciones que nacen de los usos. Son así de demócratas.
Los prosoviéticos, que eso es ni más ni menos el planteamiento colectivista que niega la dignidad y el derecho de los hablantes, así como el derecho a la educación sin fracaso inducido, también niegan el derecho de los padres a elegir la opción que quieran para sus hijos en virtud de sus proyectos personales de vida, de sus convicciones y de su opciones morales o religiosas.
Quieren cargarse la libertad de creación de centros y el derecho humano establecido en el artículo 26 de la Convención de Derechos Humanos de 1989 que reza de la siguiente manera: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”. Y así mismo pretenden dejar sin efecto práctico el artículo 27 de la Constitución que protege la libertad de enseñanza, el derecho a la educación (que no se cumple si se induce un fracaso escolar en las aulas por descenso brutal de la comprensión verbal, a sabiendas de que esto sucede; es decir prevaricando) y la integridad moral y la dignidad de los educandos, constantemente aplastada y sojuzgada en diversas comunidades autónomas en España, con la complacencia del Gobierno de España.
Sí, amables lectores. España no es ya un Estado de Derecho. ETA dejó de matar, pero ETA en sus diferentes expresiones y manifestaciones sigue liquidando las libertades y los derechos porque su sombra es prolongada, y los esbirros que recogen su legado, incluidos algunos que pisan moqueta en Madrid, están desarrollando el largo manto de la agenda de Sao Paulo en España.
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