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Se ha presentado por Vox una proposición no de ley para que el avión Falcon y el helicóptero Súper Puma se usen de un modo más racional, limitando su uso para determinados viajes institucionales de modo que se pueda evitar el abuso de ambos vehículos de transporte. Si se emplearan para viajes de interés particular, se procedería a un reintegro de los costes por parte de los ocupantes. Así, se procedería a tapar una pequeña laguna que permite aprovechar libremente y sin coste alguno para los miembros del Gobierno el transporte aéreo mediante el Falcon y el Súper Puma.
Ciertamente, hay regulación sobre el uso y la administración de los bienes que están a disposición del Gobierno, que tienen la consideración de bienes de dominio púbico, pues el artículo 31.3 de la Constitución indica que los recursos públicos deben emplearse según los criterios de eficiencia y economía y el artículo 6 de la Ley 33/2003 establece que la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: a) inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad; b) adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados; c) aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas; d) dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo; e) ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad; f) identificación y control a través de inventarios o registros adecuados; y g) cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público. Sin embargo, no se establecen consecuencias para el abuso del Falcon y del Súper Puma, permitiendo ello un enriquecimiento injusto sin compensación por el aprovechamiento privado de bienes públicos, que se produce en cuanto que se ha producido atribución patrimonial sin causa: el que se ha enriquecido, lo ha hecho sin causa y, por ello, debe restituir al empobrecido aquello en que se enriqueció.
Se necesita garantizar de manera contundente que los bienes públicos sean usados de manera racional y transparente. Si los miembros del Gobierno no proceden a actuar como exigían a los dirigentes del PP cuando aquellos se encontraban en la oposición, habrá que impulsar el aseguramiento de la utilización de los medios que el Gobierno tiene a su disposición para que únicamente se puedan aprovechar en el ejercicio de las funciones que corresponden al Consejo de Ministros. Ello es lógico en una época en la que, como la actual, se requiere un incremento del ahorro público y un contundente incremento de la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos públicos para que los mismos se empleen de la manera más ventajosa con el menor gasto.
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