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Los pasados sábado y domingo, 17 y 18 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo reunió a sus parlamentarios y a sus «barones» territoriales como arranque de las elecciones autonómicas y municipales del próximo año.
Al coincidir esta reunión con la manifestación de Barcelona el pasado domingo 18/09/2022, para pedir que el castellano sea lengua vehicular en el sistema educativo en Cataluña, el sujeto en cuestión renunció a asistir a la misma enviando en representación del PP a Cuca Gamarra, que no se sabe con certeza si vive o solamente existe porque ni sabe de nada ni quiere enterarse de nada, como Elías Bendodo o el resto de dirigentes del PP que en su mayoría cobra 2 suculentos sueldos, el del partido y el del cargo que detentan.
En el cónclave toledano, el mismo personaje dijo que «nadie en Cataluña tiene derecho a revolverse porque haya personas en Cataluña que decidan hablar en español. Y nadie, en el resto de España, tiene derecho a molestarse porque haya catalanes que decidan hablar en catalán. Y, desde luego, nadie en Cataluña tiene derecho a impedir que nuestros hijos aprendan las dos lenguas y después, hablar en libertad la que quieran».
En un inigualable ejercicio de funambulismo verbal el complaciente catalanista, quizás para emular su política lingüística gallega, similar en la forma y en el fondo a la catalana, no dijo que «nadie en Cataluña tiene derecho ni se le puede permitir que proteste e incumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena a la Generalidad garantizar que el español sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de las materias educativas, y menos espiar a los alumnos tomando nota de los que hablan español en clase y en el recreo para represaliarles a ellos y a sus familias por no hablar catalán condenándoles al silencio para que acepten la imposición del catalán, es un delito que debe perseguirse.
Tampoco es posible soslayar la contienda que mantiene la actual cúpula del PP con el PSOE para controlar los órganos de gobierno del Poder Judicial y disponer de toda libertad para sus fechorías, pues la maniobra viene desde que Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en noviembre de 2018 envió un mensaje de WhatsApp a su grupo parlamentario para felicitarse por el nombramiento de un juez afín en el Tribunal Supremo y todo lo que conlleva la maniobra «controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la Sala 61, siendo una jugada que he vivido desde la primera línea», reza uno de sus mensajes.
Por otra parte, el mismo menda siguiendo el «ejemplo» de su lamentable antecesor, ha ignorado contumazmente mis requerimientos para que los organismos regidos por los militantes del PP respeten y hagan respetar la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, así como otra normativa como nuestra Constitución.
Esta reprobable ejecutoria no molesta lo más mínimo, pues su autor carece de la categoría moral necesaria al respecto, el único efecto que provoca es la descalificación de su protagonista a quien no describo para evitar que se den por aludidos cuantos responden a la misma descripción.
Estos miembros del PP parecen trabajar para el enemigo pues les importa un bledo pasarse las leyes y la dignidad del ciudadano por el arco de triunfo; cuando logren alcanzar un comportamiento ético habrán superado una grave crisis moral.
¡Y luego se quejan de que el adversario político no respeta las leyes!, ¡farsantes!
Al gachó de marras y a sus lacayunos esbirros solo les queda desaparecer del escenario político y cobijarse en su casa que es el único lugar al que pueden ir.
La militancia del PP no puede asistir silenciosa y anuente a todas las inconveniencias que se le ocurran al tal Feijóo y a sus secuaces designados a dedo, y menos aplaudirlas pues sería una prueba irrefutable de que una estupidez, por muy aplaudida que sea, seguiría siendo una estupidez.
Los afiliados al PP, en un gesto que les honre, tienen la obligación de remedar la paciencia española enemiga de amilanarse ante el uso arbitrario del poder, mostrando su incuestionable poder de persuasión levantando su voz en defensa de la ley, la racionalidad, la sensatez y el respeto a la dignidad humana, expulsando de forma expeditiva de sus cargos a los protagonistas de los hechos expuestos.
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