15/08/2026 04:44
  • Los escritos remitidos a la Audiencia Nacional por el empresario Julio Martínez y los máximos responsables de la aerolínea respaldan la principal línea de la investigación y cuestionan la versión ofrecida por el expresidente sobre su papel en la operación.

La estrategia de defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sufrido un importante revés judicial. Los escritos de colaboración con la Justicia presentados por el empresario Julio Martínez Martínez                         —considerado por la investigación una persona de máxima confianza del exdirigente socialista— y por los principales responsables de Plus Ultra respaldan, según la documentación incorporada a la causa, buena parte de los hechos que la Audiencia Nacional investiga en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea por la SEPI en marzo de 2021.

Las confesiones, adelantadas por El Mundo, contradicen la declaración prestada por Zapatero el pasado 17 de junio ante el juez José Luis Calama, cuando negó de forma categórica haber intervenido para favorecer la concesión de las ayudas públicas o haber ejercido influencia sobre responsables de la SEPI o de la Administración.

Uno de los aspectos de mayor trascendencia procesal es que los escritos de colaboración ratifican el contenido de los mensajes obtenidos del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exaccionista de Plus Ultra, cuya incorporación al procedimiento había sido cuestionada por la defensa de Zapatero. Al asumir como propios los hechos reflejados en esas conversaciones, los investigados refuerzan el valor probatorio de esa documentación, debilitando una de las principales líneas jurídicas del expresidente.

Según los escritos remitidos al magistrado, Julio Martínez Martínez sostiene que actuó como intermediario entre Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que el expresidente habría desempeñado labores de asesoramiento estratégico aprovechando su experiencia política y sus relaciones institucionales. La investigación deberá determinar el alcance jurídico de esa actuación.

El empresario afirma que la sociedad Análisis Relevante fue creada para canalizar trabajos de consultoría y asesoramiento, aunque asegura que era Zapatero quien dirigía realmente la estrategia empresarial, decidía la captación de clientes y marcaba las líneas de actuación pese a no figurar formalmente como socio de la mercantil.

Según esa versión, el origen de la relación se remonta a 2011 y se consolidó durante los años posteriores. Ya en mayo de 2020, siempre de acuerdo con la documentación entregada al juez, Zapatero habría informado previamente a Julio Martínez de que recibiría la llamada de los directivos de Plus Ultra para buscar soluciones a la delicada situación financiera de la compañía durante la pandemia.

Los escritos describen que, tras diversos contactos, se firmó un contrato de asesoramiento entre Plus Ultra y Análisis Relevante con una remuneración mensual de 5.000 euros más IVA. Posteriormente, en enero de 2021, se habría suscrito un segundo acuerdo mediante el cual la sociedad Idella Consulenza Estratégica tendría derecho a percibir una comisión equivalente al 1% de la financiación obtenida si finalmente prosperaba el rescate solicitado ante la SEPI.

De acuerdo con la confesión del empresario, la labor desarrollada durante aquellos meses consistió en acompañar a la compañía durante el proceso de obtención de la financiación pública. Asimismo, asegura que el 26 de febrero de 2021 Zapatero le comunicó que la ayuda sería aprobada por la SEPI, extremo que finalmente se produjo en el Consejo de Ministros del 9 de marzo.

La declaración también sostiene que, debido a la intensa atención mediática que generó el rescate, se decidió aplazar parte de los pagos y distribuirlos entre distintas sociedades mercantiles. Según el escrito, la cuantía finalmente satisfecha habría rondado el 1% del importe concedido, conforme a los acuerdos alcanzados entre las partes.

Por su parte, los directivos de Plus Ultra relatan que fue el empresario venezolano Rodolfo Reyes quien les puso en contacto con Manuel Fajardo, persona situada por la investigación en el entorno de confianza de Zapatero en Venezuela. Tras esa gestión, aseguran que el entonces presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, recibió una llamada telefónica del expresidente.

Según el relato incorporado al procedimiento, durante esa conversación Zapatero manifestó que podía contribuir a ayudar a la compañía y señaló que, a partir de ese momento, el interlocutor para todas las gestiones sería Julio Martínez Martínez.

Los responsables de la aerolínea reconocen igualmente que nunca tuvieron constancia directa de las actuaciones concretas realizadas para favorecer la concesión del rescate, pero admiten que decidieron contratar a Julio Martínez Martínez por considerar que mantenía una relación privilegiada con José Luis Rodríguez Zapatero y que esa circunstancia podía facilitar las gestiones.

Especial relevancia adquiere la referencia al pago de una comisión ligada al éxito de la operación. Según los escritos de colaboración, los responsables de Plus Ultra asumieron que tendrían que abonar una contraprestación económica por las gestiones realizadas para intentar obtener el rescate público.

La documentación judicial cifra esos pagos en aproximadamente 530.000 euros, distribuidos entre distintas sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, además de diversos billetes en clase business valorados en torno a 69.000 euros. Según los propios comparecientes, esa cantidad equivalía, en términos materiales, al 1% del rescate aprobado por el Consejo de Ministros.

Estas confesiones constituyen uno de los movimientos más relevantes de la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Si su contenido resulta corroborado durante la instrucción, supondría un importante refuerzo de la tesis sostenida por los investigadores sobre la existencia de una estructura de intermediación en torno al rescate de Plus Ultra.

Corresponderá ahora al órgano judicial valorar el alcance probatorio de estas declaraciones y determinar las responsabilidades penales que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos investigados.

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