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Hay momentos en la historia de una nación en los que las apariencias ya no alcanzan para maquillar la realidad. Cuando un Gobierno deja de gobernar para dedicarse en exclusiva a coaccionar, señalar y perseguir a los jueces que lo investigan, el trasfondo que se oculta tras los ministerios deja de ser una sospecha política y se convierte en una evidencia clamorosa. El último movimiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, saliendo en tromba a exigir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) medidas contra el juez Juan Carlos Peinado por investigar a Begoña Gómez, no es un acto de defensa política; es un acto de desesperación institucional.
Cuando los resortes del Estado se utilizan no para garantizar la legalidad, sino para blindar las ramificaciones de la presunta corrupción que anida en el entorno más íntimo del poder, los ministerios se transforman en escudos humanos. El rastro de las decisiones, los silencios cómplices y los ataques sistemáticos a la independencia judicial ya no admiten interpretación bondadossa. Existe una secuencia histórica y fáctica que avanza de manera ineludible hacia un mismo punto de origen.
En el centro de esta maraña, actuando como el núcleo de gravedad donde confluyen todas las vías de la degradación institucional, se encuentra la figura de Pedro Sánchez. La Moncloa ha dejado de operar como la sede de la presidencia de España para convertirse en la trinchera de un inquilino que parece dispuesto a secuestrar el crédito democrático del país con tal de asegurar su propia supervivencia. No estamos ante casos aislados de mala praxis; estamos ante una dinámica estructural donde la responsabilidad, por pura lógica de poder, fluye verticalmente hacia la cúspide.
La persecución implacable a la judicatura es el síntoma definitivo. Un poder ejecutivo legítimo respeta los contrapesos; un poder que se sabe acorralado por los hechos necesita destruir al árbitro. Al señalar con nombres y apellidos a los magistrados que simplemente aplican la ley, el sanchismo cruza una línea de no retorno, revelando el verdadero trasfondo de una gestión que ha supeditado la dignidad nacional y el Estado de Derecho a los intereses de una trama que ya no puede ocultarse a la vista de todos.
La historia demuestra que los hechos son más tozudos que la propaganda. Por más que se intente forzar el aparato del Estado para blindar la impunidad, el rastro de las evidencias permanece. Y en este laberinto de degradación, todas las miradas apuntan ya, de manera inevitable, hacia el mismo despacho de la Moncloa.
Lo absurdo y harto imprudente es que con esta tesitura de traición y método delictivo tras siglas políticas, el depredador siga en posesión del BOE para gestionarlo como catecismo de una secta que pretende inmolar España y dejar impune una carrera criminal colectiva. Porque aquí, desde el primer hasta el último ministro, por acción u omisión, están pringados hasta la zeja.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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