22/05/2025 01:05

Como todo autócrata Pedro Sánchez busca concentrar en su propia persona el mayor poder político posible y lo hace de manera tan incesante como indecente. Así, debido a su patológica ambición de poder P. Sánchez a lo largo de su trayectoria política ha convertido a la democracia española en una democracia defectuosa, en la que destaca la degradación del Estado de Derecho, la limitación de la separación de poderes y el socavamiento de la independencia del Poder Judicial. No satisfecho con todo ello, P. Sánchez también ha restringido los derechos y libertades individuales, como demuestra de forma fehaciente la promulgación de una ley, como es la Ley de Memoria Democrática, que impone al conjunto de la sociedad un relato histórico acerca de la II República y el Franquismo el cual, además de ser absolutamente sectario, maniqueo y falsario, es de obligada aceptación, ya que aquel que se atreva a discrepar de la visión monolítica establecida por el Gobierno socialcomunista puede ser multado e incluso acabar en la cárcel.

En su camino hacia la autocracia P. Sánchez ha convertido al PSOE en una suerte de secta diabólica, orientada a rendirle culto. De esta forma, los maquiavélicos intereses del psicópata monclovita se han convertido en la brújula que guía al devoto rebaño socialista, de tal suerte que aquellos que desde dentro del partido se oponen a sus decisiones son perseguidos y castigados. Así, líderes históricos del PSOE, como Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, han sido expulsados del partido por sostener planteamientos críticos con las políticas implementadas por el Gobierno socialcomunista. Sin embargo, lejos de ser una excepcionalidad, hechos similares se han ido produciendo a lo largo del periplo presidencial de P. Sánchez. En este sentido son especialmente clarificadoras las conversaciones por WhatsApp mantenidas entre P. Sánchez y su entrañable amigo e ilustre putero José Luis Ábalos, ya que las descalificaciones que en ellas se vierten en relación a todos aquellos líderes regionales que mantenían un perfil político propio y distanciado de la línea oficial del partido reflejan la enorme soberbia y el excesivo mal gusto que atesora nuestro lamentable presidente. Sin embargo, más allá del desprecio personal, lo más inquietante es que dichos mensajes muestran el brutal acoso al que fueron sometidos los barones regionales considerados díscolos por la cúpula socialista, con la finalidad de sustituirlos por personas afines al sanchismo, algo que finalmente ha sucedido salvo en el caso de Emiliano García Page, debido a que su condición de presidente de la Junta de Castilla-La Mancha lo ha imposibilitado. Por último, simplemente señalar que no deja de ser ilustrativo del alto grado de borreguismo existente en las filas del PSOE el hecho de que ni un solo político socialista haya tenido el valor de criticar, ni tan siquiera mínimamente, los excesos verbales de P. Sánchez. De hecho, muy por el contrario, la práctica totalidad de los ministros han salido a la palestra para defender lo indefendible, es decir, al autócrata monclovita, probablemente temerosos, dada su manifiesta incompetencia, de perder su lucrativo puesto de trabajo.

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Continuando con su tarea de demolición de la democracia, el Gobierno sanchista ha aprobado recientemente en Consejo de Ministros una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuyo único propósito, según jueces y fiscales, es la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, debilitándose así el sistema de contrapesos que sostiene la estructura funcional del Estado de Derecho.

En lo que a la carrera judicial respecta los puntos más controvertidos de dicha reforma son: en primer lugar, el acceso a la condición de juez a través del turno libre (consistente en la realización de una oposición que hasta el momento consta de una prueba escrita, una prueba oral y una prueba práctica) ve reducida drásticamente su dificultad al ser eliminada la prueba oral que garantiza la capacidad argumental y analítica de los aspirantes, lo cual evidentemente va en menoscabo del grado de preparación exigido a los aspirantes a ingresar en la carrera judicial; en segundo lugar, se introduce un considerable incremento del número de plazas ofertadas para acceder a la condición de juez sin necesidad de realizar oposición alguna a través del llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio y con más de 10 años de ejercicio profesional), provocándose así una situación de excesiva discrecionalidad selectiva, ya que ello supone el nombramiento de forma un tanto arbitraria de buena parte de los futuros jueces; y, por último, se plantea la creación de un centro de formación de opositores que dependerá directamente del Ministerio de Justicia, lo cual conlleva un evidente riesgo de selección por motivos ideológicos. Pues bien, a la vista del conjunto de cambios que los socialistas pretenden introducir en la LOPJ, la gran mayoría de las asociaciones de jueces han manifestado su frontal rechazo a la reforma, por entender que supone una remodelación estructural de gran calado, ya que no solo erosiona pilares constitucionales esenciales, como son la igualdad, el mérito y la capacidad a la hora de acceder a la carrera judicial, sino que además socava la separación de poderes y la independencia del Poder judicial.

Por otra parte, en relación a la carrera fiscal lo que fundamentalmente persigue la reforma de la LOPJ es reforzar la figura del fiscal general del Estado (FGE), en detrimento del órgano democrático de representación de los fiscales, esto es, la Junta de Fiscales de Sala, ya que sus actuales competencias a raíz de dicha reforma se verán muy mermadas. Así, la Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado en el que viene a decir que la reforme combina una arquitectura interna de la carrera fiscal diseñada para ampliar la colonización del Ministerio Fiscal por parte del Ejecutivo, al acentuar una política de ascensos que incrementa considerablemente el sesgo ideológico y la adhesión personal al partido político en el poder, lo cual evidentemente resulta letal para el Estado de Derecho y el imperio de la Justicia.

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En definitiva, jueces y fiscales tan solo han visto en la reforma de la LOPJ la deplorable obra realizada por un Gobierno despótico para debilitar al máximo al Poder Judicial, con la malévola intención de que P. Sánchez y sus secuaces no sean ajusticiados a pesar de los múltiples atropellos a la legalidad vigente que han cometido.

Decía Pablo de Tarso que “los caminos del Señor son inescrutables”, algo que no se puede decir de un autócrata como P. Sánchez, ya que su camino es en exceso previsible por ser siempre infame, debido, por una parte, a su malévola naturaleza y, por otra, al hecho de que su consejero áulico sea nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero, ese muñeco diabólico que ejerce sin disimulo alguno las labores de embajador plenipotenciario de la narcodictadura venezolana, a la cual España está desgraciadamente abocada a equipararse de seguir el sanchismo en el poder.

Autor

Rafael García Alonso
Rafael García Alonso
Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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