12 de Julio de 1979: Atentado contra el Hotel Corona de Aragón. Por Carlos Fernández Barallobre

12 DE JULIO DE 1979. ATENTADO CONTRA EL HOTEL CORONA DE ARAGÓN. OTRO AGUJERO MISTERIOSAMENTE NEGRO DEL FALLIDO REGIMEN DE 1978.

A las ocho de la mañana del día 12 de julio de 1979 un enorme incendio asoló el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza provocando la muerte de un número indeterminado de personas (más de ochenta) y heridas de diversa consideración a un número superior al centenar de personas.

Aquel día se alojaban en el Hotel Corona de Aragón Carmen Polo, viuda de Franco, su yerno y su hija -los marqueses de Villaverde-, y dos de sus nietos, además de diversos mandos militares. Iba a celebrarse el acto de entrega de despachos de una promoción de la Academia General Militar en Zaragoza, por lo que la mitad de los huéspedes del hotel eran familiares o amigos de los cadetes de la Academia General que ese día recibían el despacho de alférez, entre ellos Cristóbal Martínez-Bordiú.

El Hotel Corona de Aragón era el único establecimiento hotelero con la categoría de cinco estrellas de Zaragoza. Contaba con 237 habitaciones, garaje, piscina, sala de convenciones, peluquería, salón de belleza, sauna y gimnasio, aire acondicionado en las habitaciones, guardería para perros y bingo.

El incendio se inició alrededor de las ocho de la mañana, en la freiduría de la cafetería Formigal, perteneciente al hotel, cuando se estaban friendo churros para los desayunos. Eso es lo que se dijo oficialmente en los primeros momentos y lo que se mantuvo durante tres décadas desde instancias gubernamentales.

Los materiales de la planta donde se encontraba la cafetería, muebles revestimientos de paredes, techos y suelos eran la mayoría hechos en madera, PVC y otros materiales sintéticos, así como moqueta de poliéster, altamente inflamables, lo que contribuyendo con la escalera principal como tiro a la rápida propagación de las llamas, especialmente en la planta primera y la recepción, originado igualmente un densísimo y negrísimo humo, que elevaría los gravísimos problemas del rescate de los huéspedes del Hotel, a los que tuvieron que enfrentarse los Bomberos zaragozanos, al entrar en ellos un pánico indescriptible.

El primer aviso que recibieron los bomberos, cuyo parque se encontraba muy próximo al lugar del incendio, indicaba que una de las chimeneas del hotel se había prendido, por lo que salió una dotación convencional, dispuesta a afrontar un siniestro de pequeña magnitud.

Sin embargo nadie se explicaría la velocidad con que se propagaría el fuego. En la investigación del suceso se encontrarían sustancias acelerantes, colocadas en otros puntos del hotel, que demostraban que aquel inocente y desafortunado incendio iniciado en una sartén preparando churros, era más bien un atentado terrorista.

La mayoría de las víctimas perecieron por asfixia; otras fallecieron al arrojarse al vacío desde balcones y ventanas, presas del pánico. La combustión de moquetas y material plástico contribuyó a acelerar el proceso de asfixia. Las llamas llegaron pronto hasta la terraza del edificio, circunstancia que aterrorizó todavía más a los clientes y al personal del hotel. Nadie pulsó ninguna señal de alarma; los extintores, de los que había 170 distribuidos por los pasillos de todo el hotel, no se llegaron a utilizar en ningún momento; los teléfonos de las habitaciones ocupadas tampoco intentaron conectar con la centralita. En muy pocos minutos, de dos a cinco, según las declaraciones de algunos empleados del hotel, el edificio se vio envuelto en una lengua de fuego. Muchos de los huéspedes quedaron en sus camas (eran las ocho de la mañana), inconscientes por la acción del calor y del humo, y perecieron asfixiados, sin llegar a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Con posterioridad se conoció que en el hotel, además de la principal, existían tres escaleras más. Una de ellas era exterior que no estaba señalizada y era preciso llegar hasta ella a través de una habitación individual. Era metálica y unía dos pisos para interrumpirse en el tercero y reanudar la conexión de dos en dos. La escalera de servicio ofrecía un rótulo en el que se leía «Salida de Emergencia», pero para llegar hasta allí era preciso entrar en la habitación del propio servicio que sólo conocían los empleados del hotel. Había otra escalera de hierro en el office, pero en la puerta se leía: “Privado”.

La zona donde se encontraba el hotel se llenó de coches de bomberos, ambulancias, coches-patrulla y grúas de empresas privadas, así como numerosos miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, bomberos de Zaragoza y de la base aérea, voluntarios de la Cruz Roja y soldados fue ejemplar; colaboraron intensamente en socorrer a las víctimas. Además, el Ejército acordonó la zona ante el temor de que las llamas alcanzaran a un depósito subterráneo que contenía unos 150.000 litros de fueloil

Un técnico en incendios de la base americana, intentó, con trilita, abrir salidas del humo al exterior para que no se adueñase de las distintas plantas, pero no recibió autorización por parte de las autoridades.

El incendio se produjo el mismo día en que el Ayuntamiento de Zaragoza tenía previsto abordar el establecimiento de ordenanzas municipales de seguridad en grandes edificios y locales públicos, y provocó una pugna dialéctica entre el gobernador civil y el alcalde de la ciudad en todo lo relativo a la información del incendio.

A pesar de su pugna dialéctica, tanto el gobernador civil de Zaragoza Francisco Laína García, como el alcalde de la ciudad, el socialista Ramón Sainz de Baranda, se apresuraron a acallar los rumores que, desde el mismo día del incendio, atribuían el mismo a un atentado terrorista. «El tema ya no está en mi mano. Es cosa del juez. En un principio manifesté que se trataba de un accidente. Eran los datos que teníamos en aquel momento: que el fuego se inició al prenderse el aceite de la freidora de churros. Tampoco en estos momentos tengo datos que varíen esta versión» diría Laína García en unas declaraciones al diario El País, publicadas el 22 de julio. En la misma edición de El País, el alcalde socialista Sainz de Baranda decía: «Yo cada vez estoy más convencido de que el incendio fue accidental (…) Sin embargo, no puede hablarse de una sola causa, sino de varias concausas. Por ejemplo, las condiciones del techo de la cafetería, o el tiempo que se tardó en avisar a los bomberos».

La presencia de miembros de la familia Franco entre los huéspedes del hotel impulsó a muchas personas, incluidos algunos directivos de la empresa propietaria del hotel, a suponer que el incendio había sido provocado. A mayor abundamiento Doña Carmen Polo viuda de Franco, tuvo que ser evacuada por miembros de su escolta personal a través de una escalera de incendios del cuerpo de Bomberos.

El rapidísimo desmentido por parte del gobernador civil, miembro de la UCD, Francisco Laína y su desaforado interés por descartar la posibilidad de que fuese un atentado, pues nada más producirse el incendio reunió a los periodistas para decirles que se desechaba cualquier otra posibilidad que no fuese un incendio fortuito, ha resultado siempre altamente sospechoso. Desde entonces, Laína García tuvo una fulgurante carrera política en lo que algunos han querido ver, precisamente, un premio a su supuesta labor de ocultación en el incendio del Corona de Aragón.

El miedo de la empresa era la responsabilidad civil. El seguro contratado por la misma cubría hasta diez millones de riesgo y la indemnización por muertos y heridos sobrepasa los 300 millones.

Este rumor, rápidamente desmentido por el gobernador civil de la provincia, Francisco Laína García, aquel pintoresco y rocambolesco personaje, que siendo director de la seguridad del estado, pretendió asaltar el congreso de Diputados con unidades de los GEOS, la noche del 23-F, y por el jefe superior de Policía, provocó una psicosis de miedo y tragedia en la ciudad. Máxime cuando llamadas telefónicas anónimas, algunas de ellas con voz femenina, anunciaron la colocación de artefactos explosivos en los principales hoteles de la ciudad, así como en las sedes de entidades bancarias, empresas inmobiliarias y otros grandes locales situados en la zona más céntrica de Zaragoza, preferentemente en el paseo de la Independencia, que tendrían que ser desalojados por orden de la Policía.

En un listado basado en la obra Víctimas del terrorismo, 1968-2004 (Dykinson, 2004) de María Belén Pulgar se da la cifra de ochenta víctimas mortales, y se dice que «esta cifra es la más aproximada pero no exacta, porque muchos de los heridos fueron trasladados a hospitales donde fallecieron con posterioridad, algunos hasta un mes más tarde, sin quedar constancia en ninguno de los listados aparecidos (centros hospitalarios, listados de hotel, medios de comunicación…)».

El listado completo de esas ochenta víctimas mortales entre ellos, Rodrigo Peñalosa Esteban-Infantes y su hijo Rodrigo, que habían ido a la entrega del despacho de oficial del Ejército de Tierra de su hijo y hermano Julián, tan ligados todos ellos a la fábrica coruñesa de Begano. es el siguiente: Rodrigo Peñalosa Esteban Infantes; Rodrigo Peñalosa López-Pin; Carlos Teodoro Walle Joris; José Domingo Pujadas; Francisco Duifain De Alba; Joaquín Ismael Peris Coret; Cristóbal Alvero Sánchez; Benita Molano Leno; Serafín Ares Espiñeira; Joaquín Antolí Belenguer; Francisco Sidera Casals; Francisco Javier Puig Villaro; José María Sanz Herranz; Fernando Noguero Gómez; Arabela Torres Bardo; Carmen Pallaruelo Turón; José Miguel Carcamo Lastra; Rodrigo Dávila (hijo); Roberto Dávila; Juan Ángel Castellini; Jean Arthur Furnelle; Louise Laude Augusta-Farcy; Genara García O´Neil; Gonzalo Montes Martínez; José Molina Campayo; Blanca Iris Carllini; Francisco Comes Quer; Ángel Fullana Llodras; Mercedes Payol; Tomás Revuelta Catalán; Vicente Rubert Cherma; Mª Fernanda Rubert Gimeno; Wallace Kent Foster; Basilia Torres; Jin Thaelman; José Luis Serrano Sánchez; Eugenio Díaz Iglesias; José Jiménez Gil; Ángel Cabello Iruela, su mujer, Asunción Baeza Escolano, y su hija de 15 años, Asunción Cabello Baeza; José Andrés Bonet Bofill; Isabel Durán Milara; David Giménez Pérez; Ángel Hernández Pérez; Patrick Du Breuil Anchagno; Ángel Martínez Torres; Juan Ramón Albanell Córdoba; Teresa Berdor Labe; José Fernández Olivé; Alfonso Queipo De Llano Acuña; Robert Bashlow; Begoña Álvarez Velasco; Miguel Ángel Santos Álvarez; Manuel Antonio Moro Hernández; Inmaculada Fernández Caballero; José Luis Martínez Muñio; Joaquín Danzberber Ammermann; Juan Francisco Juan Martínez; Emilia Guillermina Bouza Álvarez; Amparo Gimeno Pujol; Enrique Pérez Gimeno; Manuel Moya Gimeno; Ana María Pérez Gimeno; Arnold Rivero; Rosa María Ezquerro Escribano; Leocadio Olabarria García-Rivero; Santiago Martín Pérez; Erosina Segarra Narváez; Feldmann Kim; Santiago González Camiruaga; José Del Amo Villar; Luis Prieto Fernández; Marta Bamala Duch; Carlos Alberto Mauro Albrizio; Santos Ainsa Cristóbal; María Concepción García Llorente; Joaquín Valero Pérez; Mercedes Vega Neira y Manuel Moro Hernández.

Por el eterno descanso de las víctimas se celebraron dos funerales. El primero organizado de manera exclusiva por el Ejercito en memoria de las víctimas militares y sus familiares. El segundo, al que asistieron unas tres mil personas, lo organizó el Ayuntamiento de Zaragoza en la Catedral de la Seo y fue oficiado por el arzobispo de Zaragoza.

Aquel incendio del Corona de Aragón sigue a día de hoy envuelto en numerosas nebulosas, secretos insondables y silencios, entre otras cosas porque nunca se investigó realmente lo que ocurrió. Oficialmente se dijo que el incendio había tenido su origen en la churrería de la cafetería. Sin embargo, desde el primer momento se apuntó la idea de que era un atentado de ETA.

Ya en el funeral celebrado el día 13 de julio, y pese a los nuevos desmentidos oficiales, estos rumores fueron en aumento en círculos militares de la capital aragonesa. De hecho, varios generales y tenientes generales que asistieron a los actos de entrega de despachos en la Academia llegaron a establecer contacto telefónico con La Moncloa en términos muy duros por la ocultación de las verdaderas causas, algo que sería desmentido por el secretario de Estado para la Información, el miembro de UCD José Meliá, que manifestó al diario El País, dos días después del trágico suceso, que «efectivamente, hubo llamadas telefónicas desde Zaragoza de algunos militares a sus superiores -no a la Moncloa- que quedaron controladas y aclaradas inmediatamente al explicarse que el incendio había sido fortuito y que no se debía a ningún acto terrorista»

Sea como fuere, al gobierno de Adolfo Suarez no le convino decir la verdad a la opinión pública, ocultando información a fin de evitar que la inestabilidad política -la ETA ese año llevaba asesinadas ya a 43 personas, entre ellas varios altos mandos del Ejercito, además del atentado por parte de los GRAPO de la cafetería madrileña California 47, donde murieron nueve personas- pudiese provocar una involución en el proceso democrático. La investigación de los técnicos del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo arrojaría, sin embargo, otro resultado: una explosión en el vestíbulo del hotel había provocado un fuego que se propagó por las escaleras. El juez instructor del sumario por el incendio del Hotel Corona de Aragón se resistió a admitir la versión oficial y dictaminó causas exógenas. De este modo, el 8 de mayo de 1980, elevó a la Audiencia Nacional una exposición razonada de los hechos «a fin de que ésta determine competencias», al no considerarse competente en el caso por estimar que el incendio había sido provocado por causas exógenas, lo que llevaba directamente a la atribución del mismo a un atentado terrorista.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, por su parte, ha mantenido desde su creación el reconocimiento por parte de las autoridades de que el incendio fue un atentado terrorista de ETA. El matrimonio formado por el teniente retirado de la Guardia Civil, Ángel Cabello Iruela de 55 años de edad, natural de Rascafría (Madrid) y Asunción Baeza Escolano, además de uno de sus tres hijos, Asunción Cabello Baeza, de 15 años, figuran en la página web de la Guardia Civil como víctimas del terrorismo.

En el año 2000, el Gobierno de España presidido por José María Aznar, concedió a las familias de los fallecidos del Corona la indemnización que les correspondía en aplicación de la ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 1999, declarándolas victimas del terrorismo. La decisión partió del entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.

En el año 2009 el Tribunal Supremo estableció que el incendio del Hotel Corona de Aragón fue un atentado terrorista en una sentencia en la que se reconocía el derecho a la concesión de una medalla honorífica como víctima del terrorismo a una de las fallecidas en el incendio, María Concepción García Llorente. La Sección Sexta de la sala de lo Contencioso-Administrativo asumió las conclusiones de un perito de la familia que aseguró: «Este incendio no pudo provocarse por una sola y aislada persona, ni de forma casual. Necesariamente han tenido que intervenir un mínimo de tres personas, debidamente concertadas entre sí». “Se produjeron tres igniciones prácticamente simultáneas junto al piano, junto al conducto de humos y junto a la salida de la churrera«. Los magistrados señalaron “que si se tienen en cuenta las circunstancias expuestas en el dictamen, en el que se alude a un concierto mínimo de tres personas, así como a la utilización de napalm unido al magnesio para la producción o la intensificación del incendio», se impone reconocer el derecho a la concesión de la distinción solicitada«. Para llegar a esa conclusión, también se tuvo en cuenta que “ese grupo de personas necesariamente hubo de contar con conocimientos altamente especializados» y también con «el adiestramiento necesario para moverse entre las llamas, conocer dónde efectivamente habían de producirse las igniciones y cómo entrar y salir del hotel sin lesión para ellos».

La sala de lo Civil del Supremo ya había mencionado el uso de pirogel, napalm o elementos exógenos que provocaron el incendio y había absuelto de responsabilidad a la empresa del hotel, nunca hasta ese momento la Justicia había reconocido que el siniestro de Zaragoza se produjo en un contexto histórico singular. «No cabe ignorar la realidad social (del país)», dice la sentencia, que también recuerda «la importancia que la violencia terrorista ha tenido en la más reciente historia de España». Subraya que el país sufre el terrorismo desde hace décadas y con un altísimo coste de vidas humanas desde la llegada de la democracia, lo que «resultaba especialmente grave y notorio en la fecha en que se produjeron los hechos de referencia, a mediados de 1979«.

La sentencia del Supremo supuso un gravísimo revés a la posición del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que había denegado la condecoración a los fallecidos del hotel Corona de Aragón, al entender que no había pruebas de que el incendio fuera un atentado terrorista, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2007 en el que se denegaba la medalla. El Ministerio del Interior desoyó, en octubre de 2004, la recomendación del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, a favor de ese reconocimiento moral. El Ejecutivo socialista entendía que no había base legal para la medalla, pese a que habían recibido la indemnización como víctimas de terrorismo en virtud de la ley 32/1999. El abogado del Estado intentó explicar, de forma torticera y malévola, que los familiares podían recibir la indemnización de la ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 1999, pero no obtener la condecoración, puesto que esa distinción se reservaba a quienes habían sufrido actos por parte de grupos terroristas.

Durante todos estos años la autoría de ETA en aquel terrible atentado se ha mantenido como una verdad cuasi oficial a pesar de que la banda asesina, marxista y antiespañola siempre lo ha negado.

En abril de 2022 la Fiscalía de la Audiencia Nacional reabrió la investigación sobre el incendio del Hotel Corona de Aragón con el principal objetivo de comprobar si algún testigo puede aportar datos para identificar a los autores materiales y conseguir así que las víctimas conozcan la verdad material de lo que ocurrió aquel 12 de julio de 1979.

Carlos Fernández Barallobre

Autor

Carlos Fernández Barallobre

Nacido en La Coruña el 1 de abril de 1957. Cursó estudios de derecho, carrera que abandonó para dedicarse al mundo empresarial. Fue también director de una residencia Universitaria y durante varios años director de las actividades culturales y Deportivas del prestigioso centro educativo de La Coruña, Liceo. Fue Presidente del Sporting Club Casino de la Coruña y vicepresidente de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan de La Coruña. Apasionado de la historia, ha colaborado en diferentes medios escritos y radiofónicos. Proveniente de la Organización Juvenil Española, pasó luego a la Guardia de Franco.

En 1976 pasa a militar en Fuerza Nueva y es nombrado jefe Regional de Fuerza Joven de Galicia y Consejero Nacional. Está en posesión de la Orden del Mérito Militar de 1ª clase con distintivo blanco. Miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco, es desde septiembre de 2017, el miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco, encargado de guiar las visitas al Pazo de Meiras. Está en posesión del título de Caballero de Honor de dicha Fundación, a propuesta de la Junta directiva presidida por el general D. Juan Chicharro Ortega.

 

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