21/05/2024 09:07
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Hace dos años justos, y cuando todavía estaba en vigor el 155 que aplicó el Gobierno para reconducir el «Proces» independentista, escribí un articulo con el titulo que hoy pongo encabezando estas líneas, porque creo que seguimos donde estábamos y que ni el Gobierno Rajoy ni los Gobiernos del señor Sánchez hicieron caso a lo que, visto lo visto, era fundamental: acabar con la apología del independentismo, ya que si se permite que, incluso los condenados, añado hoy, se mantengan en sus trece y sigan reclamando una independencia imposible el «problema catalán» no tendrá solución.

Dije entonces que para acabar con la apología del independentismo solo había que retocar algunos artículos del Código Penal o añadir uno nuevo muy simple. Por ejemplo, donde el Código Penal actualmente vigente habla de «Apología del terrorismo» habría que poner «Apología del independentismo», porque con la Constitución y el Código Penal vigente se puede castigar el independentismo si se plantea en el Parlament o si el Gobierno catalán actúa oficialmente a favor de una Declaración de Independencia y la Proclamación de un Estat Catalá, pero no es delito opinar o hacer propaganda publica a través de los medios de prensa de independencia… y decía entonces «y mientras esto siga así los independentistas tendrán el camino abierto, para antes o después, conseguir sus objetivos». Por tanto, y lo digo hoy no hay más remedio que cambiar el Código Penal y establecer como delito, con sus penas correspondientes la Apología y el endurecimiento de la Independencia en lugares públicos )(declaraciones, mítines, radio y televisión, cátedra, aulas, redes sociales, púlpitos, Twitter y etc.) y no en lugares privados. Estoy seguro, y lo mantengo, que si se castiga con cárcel incluida la apología del independentismo seguramente se acabaría con el problema.

Miren lo que dice el articulo 570 bis del código: 1.Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren  o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquella tuviere por finalidad u objeto la comisión de delito grave, y con la pena de prisión de tres a seis años, en los demás casos, y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delito graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

A los efectos de este código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada se reparte diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos»

Ya lo veis, amigos, solo con cambiar la palara terrorismo por independentismo podría acabarse con la «abusiva propaganda» que están haciendo impunemente los Puigdemont, los Torras, los Junqueras, los Rufián, y compañía.

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Y si de verdad se quisiera acabar con las ansias independentistas habría que hacer, como hizo Azaña el año 31 con su «Ley de defensa de la República», una «Ley de defensa de la Unidad de España».

 

Fíjense lo que decía el hombre de la República del independentismo: «Aguirre (el lehendakari) no puede resistir que se hable de España y en Barcelona afecta que se pronuncie siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas, me indigno… y si estas gentes quieren descuartizar España, prefiero a Franco, con él ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos o quien fuese. Esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. ¡Y mientras, venga a pedir dinero, y más dinero!».

 

Y, aunque no sea experto en leyes, les doy a los Partidos que de verdad defiendan la Unidad de España una idea de lo que podría ser esa Ley de Defensa de la Unidad de España:

OBJETO DE LA LEY: Ante la grave situación a la que los Partidos Nacionalistas han llevado a Cataluña, ante la Apología descarada, sistemática, provocativa, contumaz y pública de la independencia de España y ante la confrontación civil a la que están llevando al noble pueblo catalán ESTE GOBIERNO, que como responsabilidad constitucional primera tiene la de mantener la Unidad de España, ha decidido afrontar el problema y para ello es absolutamente necesario dotar al Estado de un «Instrumento Jurídico» que le permita, dado que ni en la Constitución ni en el Código Penal figura en concreto la Apología del Independentismo como delito, considerarla como tal.

En consecuencia mi Gobierno propone un Proyecto de Ley para que sean los representantes de la Soberanía Nacional los que con su voto puedan transformarlo en Ley Orgánica.

ARTICULO 1.  Quienes  realizaren, promovieren, organizaren o dirigieren la Apología del Independentismo con la finalidad de romper la Unidad de España serán castigados con la pena de cuatro a ocho años y de diez a doce si ocupase cargo público, nacional, autonómico o municipal.

A este efecto se entiende que los realizadores, promotores, organizadores o dirigentes estarán cometiendo un delito grave contra la Seguridad del Estado y serán considerados como «organización criminal» si son más de dos y actúan en el mismo sentido. 

2. A los que hicieran Apología del Independentismo por incitación de otros, ya sea verbal, familiar, económica o de otro tipo, serán castigados con penas de prisión de tres a seis años.

A este efecto se aclara que no será delito si la Apología del Independentismo se hace a nivel privado o familiar»

Señores, quien avisa no es traidor y si se quiere evitar o frenar el «otoño caliente» que se avecina hay que prevenir, porque la Agenda de los independentistas es un verdadero Asalto contra el Estado y ahora sí podría ser el definitivo.

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«Si vis pacem, para bellum»… y «bellum» serán este año el 11 de septiembre, el 1 y el 6 de octubre y el día de las elecciones. Estoy de acuerdo con mi Don Miguel: «España no puede morir así».

 

 

 

 

Autor

Julio Merino
Julio Merino
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.

Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.

Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.

En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.

En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.

Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.

Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.