El mito del servicio público. Por Javier Montero Casado de Amezúa

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Cuando a lo largo del siglo XIX las democracias occidentales empiezan a darse cuenta de que el liberalismo por sí sólo no garantiza los derechos de todos, la teoría del servicio público adquiere una enorme importancia. Sin embargo, una cosa es la evolución de la teoría del servicio público al paso de los cambios que se produjeron en la vida social, económica y política y otra muy distinta su desnaturalización como consecuencia de la influencia arrolladora del socialismo en sus distintas modalidades. Y la presente reflexión quiere precisamente llamar la atención sobre esa desnaturalización que ha conducido a lo que podemos llamar el mito del servicio público.

Porque a la postre no existen más que dos grandes alternativas en el tema de administrar los intereses del pueblo: el régimen de libertad y oportunidades y el de vigilancia y subvenciones. El régimen de libertad ofrece a los ciudadanos oportunidades para que cada uno dirija su vida y resuelva sus propios problemas; el régimen de vigilancia dirige la vida de los ciudadanos a base de subvenciones. Pues bien, lo que conviene advertir, si es que se quiere vivir en un régimen de libertades, es que la herramienta fundamental que está conduciendo a sustituir el régimen de libertades por un régimen de vigilancia no es otra que la noción de servicio público.

Porque aunque la teoría del servicio público fue un paso fundamental para lograr que dentro de los regímenes políticos democrático-liberales el Estado garantizara siempre la prestación de determinados servicios y no sólo en los casos en que el mismo resultara económicamente rentable, con el advenimiento de la socialdemocracia se inicia, en particular en los países del sur de Europa, un proceso de desnaturalización de la noción de servicio público que está conduciendo inexorablemente a la sustitución del régimen de libertades por uno de vigilancia y subvenciones.

En España, la deriva hacia el socialismo sufrió un corte importante tras la guerra del 36-39 y la subsiguiente reconstrucción de España bajo el régimen de Franco. Es significativo que ya en el curso de formación para Administradores Civiles del Estado en 1973 se nos impartieran a los nuevos funcionarios lecciones sobre el Management público, el presupuesto base cero y demás políticas que se estaban empezando a difundir por la UE con vistas a robustecer su posición como potencia comercial en el mundo.

Y todas esas teorías ponían de relieve lo que es el nudo de la cuestión cuando se trata de elegir entre el régimen de subvenciones y el de libertades. Porque las mismas se enmarcan en la pretensión de que el uso del dinero público llegue a tener la misma eficacia que el dinero que los empresarios invierten en sus propios negocios ya que no es de recibo que el dinero de los presupuestos del Estado procedente además de los impuestos legitime un uso no rentable del mismo; para sus gastos, el Estado debe aprender también a someterse a la disciplina que la economía impone a los empresarios en el uso de sus recursos, aunque el criterio no sea la sola rentabilidad, en virtud precisamente de la teoría del servicio público.

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Pero esa tendencia a mantener un solvente servicio público respetuoso con las iniciativas de los ciudadanos evitando con ello un comportamiento invasivo reductor de esas mismas iniciativas, se rompe claramente cuando como consecuencia de la prosperidad de las sociedades de libre mercado se desinfla el enfrentamiento entre patronos y obreros típico de los siglos XIX y XX y el socialismo inicia su batalla conducente a la desnaturalización del servicio público.

Porque el socialismo, no pudiendo introducir fuertes desequilibrios en la estructura del Estado a través de las tradicionales reivindicaciones salariales de los obreros frente a los empresarios, opta por fomentar el empleo público, sobre todo cada vez que con el triunfo de la socialdemocracia ocupa el poder político. El procedimiento es siempre el mismo: utilizan los servicios públicos, con preferencia sanidad y educación, para dar trabajo a todas las personas de las que luego obtienen el voto mediante sus redes clientelares. Para ello sobredimensionan las plantillas con un personal predominantemente, administrativo, auxiliar y subalterno lo que en realidad lastra la rentabilidad de las entidades y empresas públicas.

Las democracias que han degenerado en partitocracia no se percatan de que para el socialismo el criterio de la rentabilidad de los distintos servicios públicos no tiene ningún sentido ya que lo que les hace rentables es que contribuyan al advenimiento de la sociedad sin clases y poco importa el que su prestación se lleve a cabo con respeto a los criterios de productividad, eficacia, calidad del servicio etc.

El caso del hospital de Alcira en Castellón es en este sentido paradigmático, ya que tras los 10 años de cooperación público-privada, la Administración se negó a renovar la concesión, pese a reunirse los requisitos fijados para ello en el concierto, momento en el que el hospital vuelve a manos públicas, con lo que la eficacia de la gestión se desploma, las plantillas se sobredimensionan, los gastos aumentan, las listas de espera se alargan y los suministros se encarecen.

De todo este proceso se siguen dos consecuencias principales: la primera es el crecimiento exponencial de los servicios públicos y de los gastos presupuestarios, ya que los servicios no se prestan sino que se imponen. El enfoque no es el de respetar las libertades del ciudadano para que dentro de un marco legal pueda tomar sus propias iniciativas, sino el de desconfiar y querer controlar todas las actividades de los ciudadanos considerando no sólo que el Estado es en realidad el titular de todos los servicios públicos, sino que todas las actividades son servicios públicos. Por tanto el servicio público no se presta sino que se impone.

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La segunda consecuencia se centra en la desaparición de lo que en el Estado de Derecho se conoce como la función pública, conjunto de personas que hacen del servicio público su profesión. En el Estado de Derecho, la función pública se constituye jerárquicamente y se configura en Cuerpos y Escalas a las que se accede con arreglo a los principios de mérito y capacidad.

Con la deriva del Estado de Derecho hacia la partitocracia y a la vista de lo que ya se ha explicado sobre el sobredimensionamiento de los servicios y la creación paralela de la red clientelar utilizando precisamente los puestos de trabajo de los servicios públicos, lo que parece estar en peligro de extinción es la función pública concebida como cuerpo reducido de profesionales que hacen del servicio público su profesión.

Un primer signo de este proceso es que el estatus del funcionario empieza a quedar desdibujado al haber desaparecido la exigencia de una probidad moral con un nivel de exigencia que ha de superar con creces el de un comportamiento legal o reglamentariamente correcto. Precisamente por ello en el Estado de Derecho, al funcionario, por el simple hecho de serlo, se le supone una cierta moralidad muy apreciada socialmente. Es muy ilustrativo a este respecto que recién instaurada la democracia en España se suprimiera inmediatamente la falta de probidad moral como infracción disciplinaria. Como consecuencia de ello ya no se habla ni siquiera de funcionarios, sino que a todos –personal funcionario y personal contratado- se les engloba en la categoría de empleados públicos y eso no resulta precisamente beneficioso para el servicio. Por lo demás el que en España la vida política se haya centrado desde entonces en casos de corrupción no deja de confirmar este diagnóstico.