El Informe conocido como “Informe Abril” de 1991 recogía las conclusiones de un grupo de expertos dirigidos por Fernando Abril Martorell, que debatieron sobre los retos a los que se enfrentaba el Sistema Nacional de Salud y plantearon alternativas que podrían ayudar a su mantenimiento y viabilidad. Dicho informe introdujo conceptos como la separación entre la financiación, compra y provisión de los servicios sanitarios y la necesidad de introducir cambios que permitieran una flexibilización en las normas administrativas para una mejor gestión de los recursos humanos y materiales.
En 1.997 el Parlamento español aprobó la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión, aprobada por la práctica totalidad del Parlamento Español (solo votaron en contra IU y BNG), esta Ley abrió la posibilidad a que los servicios sanitarios pudieran ser prestados por instituciones jurídicas distintas al propio Estado.
La Generalitat Valenciana se basó en esta nueva Ley para poner en marcha el Hospital de La Ribera en la población de Alzira y posteriormente el hospital de Torrevieja entre otros.
Este modelo de gestión de la sanidad pública fue el primer ejemplo en el mundo de lo que se conoce como Public Private Partnership (PPP)
Las características de este son que la financiación, la propiedad y el control son públicos, y tan solo la prestación es privada, de manera que la calidad asistencial queda garantizada y la Administración no pierde el control de la prestación.
En lo que se refiere a la financiación, este sistema se basa en un pago capitativo, por el que la Administración paga a la empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida por cada uno de los habitantes adscritos. Por otro lado, la propiedad del hospital sigue siendo pública, con lo que se garantiza la esencia pública del servicio, siendo el objeto de la concesión un hospital construido en suelo público y perteneciente a la red hospitalaria pública.
Además de esto, la Administración tiene capacidad de control y de inspección, así como facultad normativa y sancionadora. La prestación del servicio sanitario se adjudica durante un periodo de tiempo preestablecido a una empresa concesionaria, que se compromete a la buena marcha y gestión del servicio público.
Rápidamente los ciudadanos que pudimos disfrutar de este tipo de asistencia sanitaria, comprobamos que seguía siendo un hospital público y gratuito, en el que las instalaciones y el equipamiento eran de la máxima calidad.
La experiencia de más de 18 años ha demostrado la viabilidad de este modelo. Son centros totalmente integrados en la red pública asistencial de la Consejería de Sanidad de Valencia que han sido premiados por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales por sus buenos resultados de gestión, siendo los propios ciudadanos quienes apuestan por este modelo de hospital según las encuestas realizadas.
El modelo concesional sanitario ha demostrado que esta novedosa fórmula de colaboración público-privada es factible y viable desde el punto de vista asistencial y económico. Su éxito radica en la introducción de herramientas de gestión privada, pero manteniendo los mismos criterios y valores en los que se sustenta el sistema público. Es decir, combina la fortaleza del sistema público, ofreciendo una sanidad gratuita y universal del más alto nivel con la flexibilidad de la iniciativa privada patente en la introducción de estrategias de recursos humanos, gestión clínica más flexible, innovación en tecnologías y sistemas de información.
Este modelo hasta la fecha se ha implantado en cinco hospitales de la Comunidad Valenciana, cuatro en la Comunidad de Madrid y en el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid, así como en cuatro concursos en marcha en Portugal y en los dos primeros hospitales PPP de América Latina, actualmente en construcción en Perú.
Por tanto, el modelo PPP no es una privatización, ni una PFI que consiste en construir la infraestructura a cambio de la gestión de los servicios no clínicos. Su principal objetivo no es lucrarse económicamente a costa de abaratar la atención sanitaria al ciudadano. El pago capitativo lo marca la Administración, que es quien controla el nivel de calidad y el margen de beneficio para la empresa está limitado por contrato.
Queda prohibido que la concesionaria prime a los facultativos para que ofrezcan tratamientos más baratos, ni se priorizan unos tratamientos frente a otros en función de su coste o en función de la procedencia geográfica del paciente y supone una disminución del gasto sanitario en un 30%, tal como la propia Sindicatura de Cuentas valenciana puso de manifiesto en el hospital de Torrevieja.
Es muy llamativo que el gobierno valenciano haya comprado el discurso a la izquierda, cuando esta nunca explicó por qué es mejor una gestión pública que cuesta un 30% más que la de la concesionaria. La realidad de este modelo es que prioriza al paciente frente a la institución y al sistema, presentando para los pacientes una mayor calidad percibida, humanización de la asistencia, trato personalizado, mayor privacidad y confort en las habitaciones, mayor accesibilidad, menor tiempo de respuesta y tecnología al servicio del ciudadano.
Por otro lado, para los profesionales supone estabilidad laboral, retribución variable vinculada a resultados de su trabajo, una oportunidad de desarrollo y carrera profesional, así como participar en la docencia e investigación.
La Administración descarga los presupuestos públicos al ser un 30% inferior a la media de la gestión pública y las inversiones son a cargo del concesionario.
Pero si este modelo tiene todas estas ventajas ¿por qué no se vuelve a sacar a concurso la gestión del área de salud de Torrevieja o de Alzira? El gobierno de la Generalitat Valenciana debe pensar que si lo hace la izquierda y los sindicatos se pondrán en contra e intentarán movilizar a la calle. Pero la realidad es que haga lo que haga el gobierno de coalición de la Comunidad Valenciana, la izquierda y los sindicatos se quejarán porque si sigue la gestión pública será imposible hacer las inversiones necesarias para el buen funcionamiento del hospital, y si la gestión se vuelve a sacar a concurso volverán con la cantinela de que se quiere privar a los ciudadanos de un servicio básico para enriquecer a unos pocos. Por lo que, aunque se volviese a ese modelo exitoso para las áreas sanitarias de Torrevieja y Alzira la izquierda pondrá en marcha la maquinaria de manipulación, propaganda y agitación, que no será inferior a la que harán en caso de seguir con una gestión pública donde al no poder realizar las inversiones que ellos demandarán será tachada como “una política sanitaria que quiere destruir la sanidad pública para favorecer a la privada” , por lo que el gobierno de la Generalitat Valenciana debe ser consecuente con la ideología que le llevó al poder y no temer a una izquierda que hará lo mismo haga el gobierno lo que haga.
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