Ingeniería clientelar feminista. Por José R. Barrios

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El RD1369/2006, de 24 de noviembre (BOE núm. 290, de 5/12/2006) regula la Renta Activa de Inserción (RAI), una paga mensual cuyo único requisito es presentar la condición de víctima de violencia de género.

La RAI, cuyo montante es de 451€/mes, se prolonga dura 11 meses, y se recibe desde el día después de la solicitud, una vez que es aprobada. Se solicitar 3 veces en total, pudiendo pedir las 3 seguidas, por lo que se puede llegar a cobrar durante 33 meses (11+11+11). Veamos el total: 33X451€=14.883€.

Ya tenemos, pues, previsto el dinero que dar a cada “víctima” (14.883€), ahora sólo falta decidir qué oganismo lo da y quién certifica eso de “la condición de víctima de violencia de género”. Dos asuntos de peso en todo Estado de Derecho, pero que aquí se resuelven en un plis plas vía Resolución de 2 de diciembre de 2021 (BOE núm. 297, de 13/12/2021), un proceder expeditivo e inconstitucional en su contenido que reza así:

Adquiere la condición de víctima de violencia de género, entre otras, toda mujer que se encuentre en proceso de toma de decisión de denunciar (pensándoselo), aquella que haya interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose, mujer cuyo procedimiento judicial por maltrato de un varón haya quedado archivado o sobreseído, toda aquella en cuya sentencia no se declare probada la existencia de violencia (léalo otra vez, por favor).

El ANEXO del citado BOE recoge toda una red de chiringuitos de género repartidos por todas las CCAA en los que se entregará sin más la condición de “víctima” a aquella mujer que se acerque a pedirla.

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Esta tomadura de pelo mayúscula al conjunto de la ciudadanía, a manos de una clase política que (des)gobierna sin freno de ninguna naturaleza, desde un bipartidismo (PSOE-PP) que en temas de compra de votos a las mujeres funde sus siglas (PPSOE), conlleva varias agresiones directas al Estado de Derecho: Una es que ningunea al Poder Judicial, ya que la condición de víctima se certifica con firma y sello a manos de una red de organismos ideológicos afines y no desde un proceso judicial con todas las garantías; otra es que la presunción de inocencia de todo varón salta por los aires, dado que toda mujer que se auto declare “víctima” o denuncie señala de manera directa y unívoca a un maltratador (varón) y otra es que, en la práctica, el sistema así creado es una Administración “feminista” paralela, a la sombra del propio Estado.

Asistimos, pues, a la última mutación de un clientelismo político que ya iniciase Felipe González en 1986 con su Plan de Empleo Rural (PER) para Andalucía y extremadura, dos graneros socialistas, sistema que ahora se muestra en una versión modernizada y ampliada al conjunto de la nación, granero nacional feminista.

Una vez apartados los jueces de la escena de ilegalidades a perpetrar por el ministerio de Igual Da, el que hace como de presidente y demás componentes del Poder Ejecutivo, la condición de mujer maltratada (a decir verdad, víctima de un engaño político populista), en estos días se certifica por cualquiera de las empleadas femicolocadas en una red de chiringuitos de género, santo y seña de un régimen clientelar que en estos días roza la perfección de lo indecente e ilegal, junto al descaro de quienes hacen y deshacen sintiéndose intocables en un Consejo de Ministros y Menestras, dado que la fusión de siglas que opera en España en temas de feminazismo (PPSOE) habla por boca de millones y millones de votantes, de entre ellos cada día más votantas que por unos 15.000€ venden su voto y con él su dignidad, en una subasta cuatrianual, a uno de esos dos partidos políticos corruptos (PP/PSOE) que le compran su voto de maltratada, sin serlo en realidad, y con dinero de todos los contribuyentes.

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