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Desde muy antiguo la condición humana ha sido objeto de profundas disquisiciones filosóficas. Así, ya en el siglo IV a.C., Aristóteles señalaba que los seres humanos, debido a las exigencias del entorno, no se bastaban por sí mismos para sobrevivir, por lo que necesitaban unirse y formar comunidades como medio de protección frente a las adversidades que habitualmente comprometían su existencia. Por ello, para Aristóteles, el ser humano era esencialmente un “ser social”, que tendía a interrelacionarse, creando para ello “polis” donde poder desarrollarse y alcanzar la felicidad. De esta forma, el ser humano, a diferencia del resto de seres vivos, venía a convertirse en un “zoon politikón”, es decir, en un individuo con capacidad de relacionarse políticamente en un contexto de vida en comunidad.
Siglos después distintos filósofos, como Thomas Hobbes, John Locke o Jean-Jacques Rousseau, reflexionaron en profundidad sobre la condición humana y la existencia en el seno de una comunidad, llegando todos ellos a la conclusión de que en el estado natural todos los seres humanos nacen libres e iguales, si bien se ven sometidos a una “ley natural” que los obliga a competir entre sí para conseguir sus objetivos y ver cumplidos sus deseos, estando por ello sometidos al imperio de la fuerza.
Sin embargo, la visión de cada uno de estos filósofos difiere sustancialmente en lo que a la naturaleza humana se refiere. Así, para Hobbes el ser humano en su estado natural, al no existir un poder constituido ni ningún tipo de derecho positivo, se halla sumido en un permanente estado de guerra, de tal forma que el “hombre es un lobo para el hombre”; por su parte, para Rousseau el ser humano es perfecto al salir de la manos del supremo hacedor, siendo por ello “un buen salvaje” que acaba por pervertirse como consecuencia del influjo de una sociedad que alienta la maldad; finalmente, para Locke los seres humanos nacen como una “tabla rasa”, esto es, carentes de carácter e ideas, siendo la propia experiencia la que irá moldeando a cada individuo. Particularmente entiendo que todo ser humano es esencialmente egoísta, si bien esta cualidad ha de entenderse, cuando se tiene en su justa medida, como algo positivo, ya que posibilita la lucha por la supervivencia y un cierto grado de bienestar e incluso favorece la cooperación, convirtiéndose en algo negativo cuando, por exceso, se cae en la egolatría y la insolidaridad.
En cualquier caso, todos ellos coinciden en que para superar la permanente inestabilidad existencial inherente al estado natural resulta necesaria la existencia de un pacto entre todos los individuos de una determinada comunidad, el cual se concreta en la suscripción entre todos ellos de un “contrato social” en virtud del cual cada individuo acepta ceder parte de la libertad de la que goza en solitario a cambio de la seguridad que el colectivo proporciona, conformándose así una organización civil, esto es, en un Estado de Derecho que, como posteriormente especificó Max Weber, ostenta “el monopolio legítimo de la violencia” . En la formalización de este contrato social vuelven a disentir nuestro tres filósofos. Así, para Hobbes el pacto supone el total sometimiento de los individuos al poder absoluto del Estado, al cual identifica con el Leviatán, una bestia marina del Antiguo Testamento; por lo que respecta a Rousseau el Estado, mediante una interpretación del sentir popular que solo puede ser subjetiva, se arroga la representación de la “voluntad popular”, la cual se convierte en perfecta justificación para el desarrollo de todo tipo de regímenes totalitarios; por último, para Locke resulta fundamental que el contrato social se explicite de forma concreta mediante la confección de un conjunto de leyes aprobadas mayoritariamente por la comunidad, de tal forma que todo individuo se convierte, por un lado, en ciudadano, por participar de la autoridad soberana, y, por otro lado, en súbdito, por estar sometido a las leyes del Estado. Obviamente, el socialcomunismo es hobbesiano en el fondo y roussoniano en las formas, mientras que el liberalismo democrático es esencialmente lockeano.
Así, el “contractualismo lockeano” ha dado lugar en Occidente al desarrollo de un sistema político que tiene como norma suprema del orden social un texto constitucional, que se convierte en la ley fundamental del Estado, al definir los derechos y libertades individuales y determinar los límites del poder establecido. Por paradójico que pueda parecer, dadas las bondades del sistema contractualista y su derivada constitucionalista, actualmente estamos asistiendo en España a un descomunal ataque a la Constitución y, por tanto, al propio Estado de Derecho por parte del Gobierno socialcomunista, lo cual viene a poner en riesgo la democracia y el imperio de la ley en el seno de la nación española.
Haciendo historia, en octubre de 1977, entre la perfidia de los unos y la cobardía de los otros, el Parlamento aprobó la llamada “ley de amnistía”, gracias a la cual se excarceló a la totalidad de los presos de la banda terrorista ETA. Así, en aras de una supuesta reconciliación -que en realidad fue un acto de rendición, ya que ninguno de los presos dio muestras de arrepentimiento- centenares de etarras salieron a la calle. De hecho, en una clara demostración de que la excarcelación fue un mayúsculo error, el 55% de los terroristas liberados reincidieron en su sanguinaria actividad, asesinando a otras 782 personas más, razón por la cual a día de hoy en torno a 200 terroristas están en prisión. Sin embargo, en lugar de tratar a los etarras como lo que son, esto es, como a asesinos en serie, el PSOE y Unidas Podemos, con el no por esperable menos deleznable apoyo del PNV y Bildu, pretenden de nuevo blanquear al terrorismo etarra, poniendo una vez más de rodillas a la nación española ante el psicopático entramado abertzale. Así, el Gobierno socialcomunista no ha dudado ni un momento, por un lado, en aliarse con Bildu, esto es, con el brazo político de ETA y, por otro lado, en acometer con inusitado entusiasmo la concesión de beneficios penitenciarios a la banda terrorista (que incluyen la prematura concesión de la libertad condicional a los presos etarras), demostrándose con todo ello que la perversidad intrínseca de Pedro Sánchez es tan grande que solo puede pasar desapercibida en la Prisión Estatal de San Quintín.
Por otra parte, cumpliendo con las exigencias de ERC, el Gobierno socialcomunista ha decidido eliminar el delito de sedición del Código Penal, sustituyéndolo por el de “desórdenes públicos agravados”, rebajando sustancialmente las penas tanto de cárcel como de inhabilitación para ocupar un cargo público a todos aquellos que hayan perpetrado o se propongan perpetrar un golpe de Estado. Para tramitar este proyecto de ley el Gobierno de P. Sánchez ha optado por la vía exprés, para así evitar que los órganos consultivos, como son el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, pudieran emitir sus preceptivos informes, por considerar que casi con toda seguridad serían negativos para sus bastardos intereses. La excusa esgrimida por un patético y lacrimógeno P. Sánchez para justificar tamaña agresión al espíritu constitucional consistió en señalar que era necesario homologar las penas por este tipo de delitos con los países de nuestro entorno, algo radicalmente falso ya que, por citar algún ejemplo próximo, Francia, Italia, Portugal o Alemania tienen en su ordenamiento jurídico penas más altas que las actualmente existentes en España para los atentados contra la unidad nacional. No debe sorprender a nadie el apoyo del Gobierno socialcomunista al independentismo catalán y la consiguiente traición a la nación española, ya que la modificación legal que plantean se ha producido después de haber indultado a los golpistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo de forma ilegítima, ya que ni uno solo de ellos había mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni propósito de enmienda, como demuestra el hecho de que nada más ser excarcelados proclamaran a los cuatro vientos su intención de recurrir nuevamente a la vía unilateral para lograr la independencia de la región catalana. En consonancia con todo lo expuesto, solo cabe pensar que P. Sánchez y sus adláteres socialcomunistas, en el colmo de la felonía, se han convertido, por derecho propio, en protervos y entusiastas cómplices de los enemigos de la nación española.
En definitiva, toda la acción política de P. Sánchez está orientada, en primer lugar, a mantenerse en el poder, para lo cual le resulta imprescindible seguir contando con el apoyo de comunistas e independentistas, y, en segundo lugar, a dirigir un proceso de desconstrucción nacional, genuinamente antiespañol y anticonstitucional, que permita la instauración de una República Confederal Bananera. De esta forma y en resumidas cuentas, el Gobierno socialcomunista amenaza la unidad de España, vulnera el contrato social suscrito por los españoles al aprobar mediante referéndum la Constitución y dinamita la convivencia pacífica entre los españoles.
En este “camino de destrucción” P. Sánchez no hace otra cosa que seguir las consignas de un globalismo rampante que pretende que las naciones sean tan solo un difuso recuerdo en la memoria, sabiendo que cuando concluya su maléfico mandato presidencial podrá comer en el pesebre que tiene reservado en el establo construido por los plutócratas para sus fieles lacayos.
Pero no solo es España sino prácticamente el mundo entero el que se ve amenazado por unas élites globalistas que pretenden convertir al ser humano en un esclavo de sus delirios de grandeza y al planeta en un lugar tenebroso donde dar rienda suelta a sus más bajas pasiones. Ante este desolador panorama y estando cercano el final de la batalla cultural parece haber llegado el momento de elegir entre rendirse o luchar.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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