- El holding estatal adjudicó por la vía de urgencia dos contratos a Grant Thornton para seleccionar y filtrar correos internos requeridos en distintas causas; uno de los expedientes recibió una sola oferta.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha destinado 479.160 euros de dinero público, IVA incluido, a Grant Thornton Advisory para realizar trabajos de cribado y filtrado de correos electrónicos internos en un momento en el que distintas operaciones gestionadas por el holding se encuentran bajo investigación judicial.
El desembolso se articula en al menos dos contratos adjudicados por la vía de urgencia. El primero, por 193.600 euros, fue formalizado el 21 de mayo; el segundo, por 285.560 euros, se adjudicó el 12 de junio. En conjunto, los expedientes suman 396.000 euros antes de impuestos y 479.160 euros con IVA.
Según la información disponible, los trabajos consistieron en localizar, seleccionar y filtrar correos internos de la SEPI para atender requerimientos de documentación efectuados en procedimientos judiciales. La empresa pública recurrió así a una consultora externa para procesar el volumen de comunicaciones que debía ser revisado y remitido a los investigadores.
La relevancia del gasto no reside únicamente en su importe. La contratación se produjo mientras la SEPI afrontaba requerimientos y diligencias en varias investigaciones relacionadas con operaciones gestionadas por el holding público. Se trata, por tanto, de casi medio millón de euros de recursos de todos los contribuyentes empleados en la gestión de documentación interna solicitada en el marco de actuaciones judiciales.
Contratos tramitados con carácter de urgencia
Los dos expedientes fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad y por la vía de urgencia.
La SEPI justificó la utilización de este procedimiento alegando la existencia de una «extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador». En ambos concursos, además, el precio representó el 100% de los criterios de adjudicación.
El primero de los contratos recibió dos ofertas. En el segundo, sin embargo, únicamente concurrió Grant Thornton, que terminó adjudicándose el expediente por 285.560 euros con IVA.
La entidad pública no hizo públicos ambos contratos hasta el 5 de agosto, cuando incorporó los anuncios a la Plataforma de Contratación del Sector Público. La documentación publicada no menciona expresamente las investigaciones judiciales ni el tratamiento de correos electrónicos y describe los servicios como «consultoría informática» y «servicios de análisis de datos», con un plazo de ejecución de un mes.
La finalidad concreta de los trabajos, según la información recabada, estaba relacionada con los requerimientos de documentación formulados en las causas que afectan al holding.
La SEPI ya había recibido requerimientos en el caso Plus Ultra
Uno de los principales frentes judiciales afecta al rescate de Plus Ultra, aprobado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.
Antes de la primera adjudicación a Grant Thornton, la empresa pública ya había recibido al menos dos requerimientos de información dentro de esa investigación. En ese procedimiento, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal comunicó al juzgado que parte del material remitido presentaba problemas de integridad o de acceso, entre ellos carpetas vacías, archivos que no podían abrirse y correos electrónicos omitidos.
La circunstancia resulta especialmente relevante porque el servicio contratado posteriormente consistía precisamente en analizar y filtrar comunicaciones electrónicas internas ante nuevos requerimientos de información.
Nada de ello permite afirmar por sí mismo que existiera una actuación ilícita en la selección de los documentos. Esa cuestión deberá determinarse, en su caso, dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.
El segundo contrato llega tras una intervención de la UCO
El otro gran frente judicial se encuentra en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las presuntas actuaciones vinculadas a Leire Díez.
En esa investigación se analizan, entre otros extremos, las supuestas gestiones de la exmilitante socialista, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso en torno a determinadas operaciones vinculadas al sector público.
Una de las operaciones examinadas es el rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros, concedido a través del fondo gestionado por la SEPI durante la pandemia.
El 4 de junio, agentes de la UCO acudieron a las oficinas del holding para reclamar documentación, al tiempo que se desarrollaban actuaciones en instalaciones de Tubos Reunidos en Amurrio y Bilbao.
Ocho días después, el 12 de junio, la SEPI adjudicó a Grant Thornton el segundo contrato por 285.560 euros con IVA.
La investigación se acerca a la cúpula del holding
La presión judicial sobre la SEPI ha aumentado en los últimos meses.
A finales de junio, el juez Pedraz acordó investigar a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas, entre cargos y excargos relacionados con el holding, dentro de unas pesquisas que abarcan varias operaciones de la sociedad pública.
El procedimiento ha ampliado además su alcance después de que el juez madrileño Arturo Zamarriego remitiera a Pedraz la investigación que mantenía abierta sobre otras actuaciones atribuidas a Leire Díez. En una resolución de 11 de agosto, Zamarriego considera que ambas investigaciones están «indisolublemente unidas» y apunta a la posible existencia de personas con un «mayor nivel de jerarquía» dentro del entramado investigado.
La referencia es relevante porque sitúa bajo examen no sólo actuaciones individuales, sino también la eventual existencia de responsabilidades dentro de estructuras de decisión vinculadas a la Administración y a las empresas públicas.
Air Europa abre otro frente
La SEPI afronta además otra causa relacionada con el rescate de Air Europa por 475 millones de euros.
El pasado 8 de junio, un juez de Madrid imputó por presunta prevaricación administrativa al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y reclamó al holding el expediente de la operación, además de diversa documentación asociada, incluidos correos electrónicos internos.
Con este escenario, la contratación de Grant Thornton adquiere una dimensión que va mucho más allá de una mera operación tecnológica. La SEPI ha tenido que organizar y procesar un volumen de comunicaciones solicitado en distintos procedimientos mientras varias de sus operaciones permanecen bajo escrutinio judicial.
La factura de la gestión documental
El gasto de 479.160 euros plantea además una cuestión de gestión pública que trasciende la legalidad formal de los contratos: cuánto está costando al contribuyente la respuesta administrativa de una empresa estatal sometida a múltiples investigaciones judiciales.
La utilización de una consultora externa para revisar los correos puede responder a necesidades técnicas y de volumen documental, y los contratos deberán ser valorados conforme a la normativa de contratación pública. Del mismo modo, las investigaciones judiciales citadas permanecen abiertas y no implican por sí mismas que la SEPI ni ninguno de sus responsables hayan cometido un delito.
Pero el dato objetivo permanece: una empresa pública ha destinado casi medio millón de euros de fondos públicos a cribar sus comunicaciones internas en un momento en que varias de sus operaciones están siendo examinadas por los tribunales.
La rendición de cuentas exige, por tanto, no sólo esclarecer las responsabilidades que eventualmente puedan derivarse de esas investigaciones, sino también explicar con transparencia qué se contrató, por qué se contrató, qué documentación fue revisada y cuánto está costando al contribuyente toda esta respuesta administrativa y judicial.
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