Después de un tortuoso camino, jalonado por múltiples episodios absolutamente reprobables, Pedro Sánchez llegó al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy y poco tiempo después convocó elecciones generales para noviembre de 2019, basando su programa de gobierno en tres promesas fundamentales: que no pactaría con Podemos debido a que ni él ni los españoles podríamos dormir tranquilos con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, que no concedería el indulto a los golpistas catalanes y que limpiaría España de cualquier sombra de corrupción.
Horas después de conocerse que el PSOE había fracasado en su intento de conseguir una mayoría absoluta que le permitiera gobernar en solitario, P. Sánchez incumplió la primera de sus promesas electorales, de tal forma que alcanzó un acuerdo con Podemos para formar un Gobierno de coalición socialcomunista y acto seguido nombró a Pablo iglesias vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, sin dar las más mínima explicación a la ciudadanía de tan drástico cambio de opinión, que es como el propio P. Sánchez, en un alarde de cinismo, denomina a sus mentiras.
A continuación, P. Sánchez también incumplió la segunda de sus promesas electorales, al conceder el indulto a los líderes políticos catalanes que habían sido encarcelados por su participación en el Golpe de Estado del 1-O de 2017. Fue ésta una decisión trascendente, ya que vino a poner de manifiesto que P. Sánchez no solo carecía de escrúpulos, sino que también de adolecía de una absoluta falta de valores morales, por lo que, en consonancia con ello, estaba dispuesto a traspasar cualquier línea roja, por perjudicial que ésta pudiera ser para los intereses de los españoles, con tal de mantenerse en el poder y disfrutar de los privilegios que ello le concedía.
Finalmente es en esta legislatura cuando estalla el primer escándalo de corrupción a gran escala del PSOE con P. Sánchez al frente del Gobierno, conocido como el “Caso Koldo”, consistente en el cobro de comisiones fraudulentas, en concreto 5,5millones de euros, por parte del que fuera secretario de Organización y ministro de Transportes del PSOE, José Luis Ábalos, y su chico de los recados, Koldo García, en el marco de una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia a una empresa china no homologada y sin domicilio fiscal. Como consecuencia de ello el Tribunal Supremo ha imputado a J. L. Ábalos por cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, mientras que la Audiencia Nacional atribuye a Koldo García los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal y pertenencia a organización criminal. No obstante, en descargo de ambos personajes es necesario resaltar que proporcionaron trabajo en empresas públicas a no pocas señoritas de vida licenciosa, con la condición de que no acudieran jamás a su puesto de trabajo y compartieran con ellos noches de sexo, alcohol y drogas, demostrando así una sensibilidad al alcance de pocas personas.
En resumidas cuentas, P. Sánchez durante su segundo mandato fue incapaz de cumplir una sola de sus promesas electorales, lo cual es sin duda un logro difícil de superar, y es que el psicópata monclovita a la hora de actuar de forma indecente es un político prácticamente único e irrepetible en las democracias occidentales.
En cualquier caso, P. Sánchez, aunque a duras penas, sacó adelante la legislatura y convocó elecciones generales para julio de 2023, prometiendo esta vez que no pactaría con Bildu ni con Junts y que no concedería la amnistía a los golpistas catalanes. Tras su nueva derrota en las urnas P. Sánchez optó por olvidar una vez más sus promesas electorales, de tal forma que, tras formar un Gobierno de coalición con los dóciles comunistas de Sumar, pactó con Bildu y Junts la concesión de todo tipo de privilegios a cambio de contar con sus votos en la sesión de investidura, consumándose así el mayor caso de corrupción política ocurrido en España desde que Fernando VII traicionara a los españoles al abolir la Constitución de Cádiz para restaurar el absolutismo allá por 1814. Así, el psicópata monclovita, cumpliendo su nauseabundo acuerdo con los bilduetarras procedió a trasladar a las cárceles del País Vasco a los asesinos de ETA para que el Gobierno vasco los pusiera inmediatamente en libertad mediante la concesión del tercer grado, expulsando a su vez a la Guardia Civil de Navarra. Asimismo, cediendo a las exigencias de los neoconvergentes, concedió la amnistía a los golpistas catalanes mediante la promulgación de una ley plenamente anticonstitucional y, que como ha señalado la Comisión Europea, vulnera los principios básicos del Estado de Derecho, dificulta el control judicial y carece de las garantías democráticas exigibles.
Paralelamente a todo ello, como si de un rosario de fuegos artificiales se tratara, fueron estallando en el entorno familiar y político de P. Sánchez los numerosos casos de corrupción que su inmoral proceder había propiciado. Así, los jueces, tras arduas investigaciones de la UCO, han imputado a su esposa por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida, a su asesora en La Moncloa reconvertida en secretaria de su Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias, a su hermano por malversación, prevaricación, delitos contra la Administración y la Hacienda pública y por tráfico de influencias, al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias por la contratación irregular del hermanísimo y a su fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid, por revelación de secretos para desacreditar a Isabel Díaz Ayuso siguiendo órdenes de Presidencia del Gobierno.
Obviamente, ante tan graves y numerosos casos de corrupción cualquier político con un mínimo de dignidad hubiera dimitido inmediatamente, sin embargo, P. Sánchez, como eximio estudiante de tácticas de gobernanza bolivarianas, no solo no dimitió, sino que acusó, en primer lugar a la ultraderecha inexistente de poner en marcha la máquina del fango para esparcir bulos, y, en segundo lugar, atacó a los jueces y guardias civiles, aduciendo con inusitada desfachatez que todos ellos formaban parte de una conspiración que tenía como objetivo acabar con su Gobierno. Evidentemente, como cualquier persona sensata puede entender, todo ello tan solo constituye un desesperado intento de P. Sánchez orientado a confundir a la opinión pública mediante la propagación de un relato absolutamente ficticio con la finalidad de ganar tiempo para culminar la demolición de la democracia y su perpetuación en el poder.
Sin embargo, todo el edificio argumental socialista se cayó como un castillo de naipes cuando estalló el llamado “Caso Cerdán”. Básicamente este caso de corrupción protagonizado principalmente por el actual secretario de Organización del PSOE consiste, según el informe de la UCO entregado al juez, en el cobro de comisiones vinculadas a adjudicaciones de obras públicas a empresas privadas desde el año 2015. Según los audios en poder de la UCO se estima que Santos Cerdán, J. L. Ábalos y Koldo García habrían cobrado al menos 620.000 euros, quedando pendientes de cobro otros 450.000 euros más. Tras la filtración a la prensa de dicho informe S. Cerdán ha dimitido como secretario de Organización del PSOE, al mismo tiempo que anunciaba que dejaría su escaño en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el Tribunal Supremo le ha ofrecido declarar voluntariamente al considerar que existen indicios fundados de cohecho y pertenencia a organización criminal.
Obviamente, el conocimiento de dichos hechos ha conmocionado a la opinión pública, ya que la implicación de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE indica que el partido socialista se ha convertido en un hediondo nido de corrupción, razón por la cual no somos pocos los que pensamos que habría que empezar a hablar de “Caso PSOE”, para establecer con claridad el enorme calado y la descomunal magnitud de la actividad delictiva desarrollada por la cúpula socialista durante el periodo sanchista. Ante tan graves acusaciones P. Sánchez finalmente se vio obligado a comparecer públicamente para dar explicaciones de lo sucedido, pero en lugar de ello se limitó, en un discurso vacío de contenido, a pedir perdón olvidando que el mismo había dicho a Rajoy que ante los casos de corrupción se deben dar explicaciones y asumir responsabilidades y no tan solo pedir perdón. En consecuencia, con esta suerte de incapacidad discursiva el autócrata monclovita venía a poner de manifiesto que carece de cualquier tipo de argumentación mínimamente sólida para defenderse del aluvión de críticas recibidas, muy probablemente porque él mismo no sea otra cosa que el capo supremo de la mafia socialista.
En definitiva, el barco socialista navega a la deriva en medio de un albañal de corrupción, mientras P. Sánchez parece una triste y destartalada marioneta en manos de sus delirantes y obscenos socios comunistas e independentistas, sin que en su truculento camino le guie otro propósito que seguir en el poder para aplazar su llegada al infierno que le espera al final de su vergonzosa y despreciable carrera política.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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