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Desde el domingo pasado, cuando el señor Sánchez soltó su idea de trasladar órganos de la Administración fuera de Madrid para «compartir Estado», no hay día que no se hable del asunto en las tertulias radiofónicas y que no se escriba del mismo en la prensa.
Los que aplauden con las orejas cualquier ocurrencia del amado líder se muestran favorables. Dicen que así se crearía empleo en los lugares de destino, como si los organismos de la Administración General del Estado fueran a empezar allí desde cero, buscando en esa provincia o pueblo los funcionarios. E ignorando que los empleados públicos se verían obligados a trasladarse, pero el empleo quedaría igual.
Ciertamente -y según el punto de destino- muchos funcionarios se negarían al traslado. Ninguna persona responsable se llevaría su familia a esas provincias donde se persigue el idioma español, donde a los hijos se les obligaría a estudiar en otra lengua, donde al cónyuge se le negaría la posibilidad de trabajar en función del desconocimiento de la lengua regional.
Quizá por ahí -especulan- se conseguiría empleo en las provincias destinatarias de organismos del Estado: echamos a los integristas que no se plieguen a un traslado forzoso del puesto ganado en oposición o concurso, y enchufamos a las amistades. Nada tendría de extraño; lo acaba de hacer doña Irene Montero que ha colocado en su Ministerio -como asesores, faltaría más- a Isa Serra, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, amiguetes de antiguo -comunistas, claro- y todos ellos o imputados o directamente condenados por la Justicia. Porque el nepotismo, pasado por la hoz y el martillo y la bandera del permanganato, es progresía.
O acaso -siguiendo la línea establecida desde hace ya muchos años- lo que pretendan es darle un empujoncito a la privatización de la Administración. Esto es algo que se fundamenta en los revuelos de la prensa, la radio, la televisión -y sus amos, evidentemente- y en la supina necedad del ciudadanito medio, que se escandalizan cuando algún botarate habla de que el sector público se compone de no se cuantos millones de trabajadores «improductivos», que suponen un dineral en gastos de personal.
Lo que ignoran -o no, pero el que paga manda- es que el sector público engloba a esos funcionarios de las ventanillas -tan antipáticos que aplican las normas redactadas por los políticos que elige el ciudadanito-, pero también a los policías, guardias civiles, bomberos, médicos, sanitarios y militares, por no hacer mas exhaustivo el recuento.
Y también ignoran -porque para saberlo tendrían que leerse, y entender, los Presupuestos Generales del Estado- que se reducen gastos del capítulo de personal, pero se incrementan los de servicios, porque lo que se consigue eliminando puestos de funcionario es que sus labores sean realizadas por empleados de empresas privadas. Empresas que cobran un pastizal, y que pagan lo mínimo a sus trabajadores, ganándose un dineral en el proceso. Y que -algún día se verá- probablemente se dejan un «tres por ciento» -o más, por aquello de la inflación desde que el socialista Maragall aludiera a esta mágica cifra- en alguna caja.
También habrá quien piense que todo esto es un brindis al sol del señor Sánchez en su visita a Ponferrada. Curiosamente, los presidentes socialistas tienen cierta tendencia a calentarse la boca en la provincia de León, y ya Zapatero dio muestras de ello cuando -en similar ocasión- afirmó que se iba a crear allí un Centro de Denuncias Automatizadas de la DGT. Anuncio de algo de lo que tal vez hubiera hablado en un pasillo, pero que no estaba ni decidido, ni estudiado, ni presupuestado. Calentón de boca y anuncio que te va; y al lunes siguiente todos los funcionarios que tenían relación con el tema se volvían locos buscando un local donde plantar la promesa zapateril, hecha para ya sin el menor fundamento.
Y también habrá -porque los tontos no son especie en peligro de extinción- que es una forma de «descentralizar» la Administración, como si no hiciera ya unas cuatro décadas que nos vendieron las autonomías con ese mismo argumento.
Pero, puestos a ello, creo que sería un extraordinario ejemplo de ecuanimidad en ese reparto de la Administración General del Estado, que la Presidencia del Gobierno se trasladara también.
Por mi parte, propongo que don Pedro Sánchez -tan dado a los viajes insulares para sus vacaciones y otros menesteres-, se vaya a vivir a una isla. Concretamente, la isla Perejil, donde sin duda se encontrará a sus anchas entre las cabras que la pueblan.
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