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Diario de Sesiones del Congreso del día 22 de febrero, ya con el «Frente Popular» en el Poder
ASÍ FUE LA “LEY DE AMNISTÍA” DE 1936
Las Cortes seguían debatiendo sobre los líos, los fallos y las manipulaciones habidas tras cerrarse las urnas el día 16 cuando ya y por Decreto entró en el Congreso la Ley que el Frente Popular llevaba en su programa electoral
Está claro que la Historia de España parece una copia permanente. Se copian las Constituciones (más de 9), se copian los Estatutos de las Autonomías, se copian los Estatutos del Congreso, se copian los Decretos (Azaña y Sánchez-Castejón en esto baten récord)… y se copian “Ley de Amnistía”. Varían cuatro palabras pero al final son copia del anterior, aunque más progresista o anarquista.
La que ahora se discute en el Congreso de los Diputados (febrero 2024) es una copia ampliada de la que los mismos republicanos hicieron en 1936 al llegar al Poder, con el objetivo claro de cambiar la República Democrática por una «República marxista-leninista» e instalar la «Dictadura» del Proletariado.
Curiosamente, el día que se aprueba el Decreto con la nueva “Ley de Amnistía”, Largo Caballero acababa de salir de la cárcel y dos meses más tarde sería, incluso, Presidente del Gobierno.
Pero para saber cómo fue todo aquello es mejor copiar (nosotros también) del “Diario de Sesiones” (todavía “Gaceta de Madrid”) de aquellos días, aunque bien resumido.
El juicio que condenó a Largo Caballero y a todos los implicados en el Golpe de 1934 se celebró el 25 de noviembre de 1935, pero ya con el Proyecto de “Ley de Amnistía” que le pusieron al Presidente del Tribunal sobre la mesa.
A petición del Fiscal Largo Caballero y los suyos serían condenados a 30 años de prisión. De ahí la rapidez con que sacó de inmediato la “Ley de Amnistia”, incluso cuando todavía se estaba formalizando la Legislatura.
Otro tanto sucedió con Companys y los catalanes.
El 6 de junio de 1935 por diez votos a favor y ocho en contra, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, no tardó en llegar la amnistía. Tras la dimisión de Portela, Azaña formó gobierno el 19 de febrero. Ante los continuos tumultos y manifestaciones exigiendo que los presos de octubre fuesen liberados, el presidente del Consejo propuso a la Diputación Permanente de las Cortes un decreto de amnistía.
Y gracias a la amnistía que ahora reproducimos, salieron de las cárceles todos los políticos que había intervenido en el Golpe socialista-independentista de 1934, incluyendo también a los que habían huido fuera de España.
Pero, antes de más comentarios leamos el texto que figura en la “Gaceta de Madrid” el día 22 de febrero de 1936 (página 1515)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, formulada con sujeción a lo prevenido en los artículos 62 y 80 de la Constitución, y por acuerdo unánime del Gobierno,
Vengo en autorizarle para presentar a la Diputación permanente de las Cortes un proyecto de Decreto-ley de amnistía para los penados y encausados por delitos políticos y sociales, incluyendo en ella a los Concejales de los Ayuntamientos del País vasco condenados por sentencia firme.
Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
MANUEL AZAÑA DÍAZ.
PROYECTO DE DECRETO-LEY
Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en que están interesados por igual todos los sectores políticos, el Gobierno somete a la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes el siguiente
DECRETO-LEY
Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales.
Se incluye en esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamientos del País vasco condenados por sentencia firme.
El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización.
Madrid, 21 de Febrero de 1936.
El Presidente del Consejo de Ministros,
MANUEL AZAÑA DÍAZ.
DECRETO-LEY
Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en que están interesados por igual todos los sectores políticos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales.
Se incluye en esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamientos del País vasco condenados por sentencia firme.
El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización.
Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
MANUEL AZAÑA DÍAZ.
Nota. Para mañana dejo los debates que se seguirán en cuanto se vuelva a presentar la “Ley de Amnistía” del prófugo Puigdemont y la marioneta Sánchez Pérez-Castejón (el bisnieto del general franquista Antonio Castejón-Hermosilla)… o sea, un día debates del año 1936 y otro día debates de la nueva Ley de 2024.
Apéndice: por su interés reproduzco el gran artículo que escribió Eduardo Montagut en febrero de 2017 ampliando el tema que aquí tratamos:
El 19 de febrero de 1936, Portela Valladares presidía el que sería su último Consejo de Ministros. En la reunión se dio cuenta del deterioro del orden público porque se habían producido algunos motines en distintas cárceles españolas. Al parecer, en Zaragoza los disturbios en la calle habían sido de importancia. La manifestación que había ocupado unos días antes la Puerta del Sol madrileña había sido un grito por la amnistía. Portela creía que todo esto era obra de los líderes del Frente Popular, victorioso en las elecciones del 16 de febrero. Portela decidió que había que dimitir y no esperar al proceso legal, ni a los plazos para el relevo del poder. Así pues, Alcalá-Zamora se vio obligado a encargar a Azaña la formación de un nuevo gobierno, aunque sabemos que éste hubiera preferido que se hubiera cumplido la legalidad. Era consciente de que las condiciones en las que se produjo el relevo no eran las más adecuadas.
Formado el nuevo gobierno, se comenzó a actuar. En este trabajo nos referiremos a la amnistía aprobada a los pocos días.
La Diputación Permanente de las Cortes aprobaba el 21 de febrero de 1936 la amnistía de todos los condenados por los sucesos de la Revolución de Octubre de 1934, por propuesta de Azaña, y que constituía uno de los puntos más destacados del programa político del Frente Popular para las elecciones:
“A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas. “
Debe tenerse en cuenta que esta amnistía fue demandada desde la calle desde el primer momento en el que se produjo la victoria electoral de la izquierda, como hemos señalado. Era evidente que el encarcelamiento de miles de personas a raíz de aquellos hechos había generado un intenso malestar social, muy agudizado en Cataluña con el encarcelamiento de sus principales autoridades.
El Decreto-ley fue aprobado por la Diputación Permanente, presidida por Santiago Alba. Se produjo por unanimidad. Constaba de un solo artículo, y se tuvo que debatir de forma muy rápida, con una convocatoria del día anterior hecha por telegrama, provocando que no pudieran acudir todos los diputados, aunque los no asistentes mandaron votos favorables. Al final, se reunieron dieciocho diputados, cumpliendo lo exigido por la ley, ya que se necesitaba un mínimo de catorce. Los propios diputados de la CEDA votaron favorablemente, animados por la necesidad de mantener el orden público, y porque era evidente que había sido una demanda que había ganado en las elecciones. La disposición fue la siguiente:
“DECRETO-LEY
Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en qué están interesados por igual todos los sectores políticos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes, Vengo en disponer lo siguiente: Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamientos del País vasco condenados por sentencia firme. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización.
Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña Díaz”
Por su parte, también tuvo que actuar el Tribunal de Garantías para aplicar el Decreto, habida cuenta de que esta alta institución había condenado a los consejeros de la Generalitat y a otras personalidades políticas.
Se calcula que la amnistía afectó a unas treinta mil personas, una cifra muy importante.
Pero, además, en el programa del Frente Popular se planteaba en un segundo punto:
“Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados.”
Así pues, los alcaldes y concejales fueron repuestos en sus cargos en los consistorios. Muchos Ayuntamientos habían sido gestionados desde finales de 1934 por gestoras administradas por ediles de la derecha. Otro tanto se hizo con los Ayuntamientos vascos.
A finales del mes de febrero el gobierno decretó la readmisión de los trabajadores despedidos por los motivos señalados, y se ordenaba a las empresas que indemnizasen a los trabajadores por los salarios no recibidos. Esta medida generó el rechazo y la preocupación de la derecha y los empresarios.
Pues bien, la última de las medidas tomadas para terminar con los efectos de la represión ejercida hacia los protagonistas de los hechos de Octubre de 1934, tenía que ver con Cataluña. Después de que salieran de la cárcel los miembros del gobierno de la Generalitat, en aplicación de la amnistía aprobada, el 1 de marzo un Decreto reponía las funciones del Parlament y a Companys en su puesto de presidente, así como a sus consejeros. Debemos recordar que había sido una de las principales reivindicaciones del programa político del Front d’Esquerres, que había triunfado en las circunscripciones electorales catalanas.
Por la transcripción
Julio MERINO
Autor
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Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
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En español no se usa así el presente continuo, nada de «están siendo», sencillamente «son».