El juicio público sobre la nulidad del Benidorm Fest 2022. Por Diego Fierro Rodríguez

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Hace unos días, Chanel Terrero ganó el certamen denominado Benidorm Fest 2022, cuya finalidad era designar la representación de España en Eurovisión 2022. El problema es que la polémica desatada ha arrasado con la alegría que podría derivarse del concurso celebrado, ya que el jurado popular tuvo la última palabra para designar a la ganadora, que obtuvo únicamente el 4% de los votos del público.

Se han emitido protestas en muchos sentidos. Debiendo reconocerse la falta de transparencia del concurso, cabe destacar que los partidos políticos nacionalistas gallegos han protestado por el resultado y Comisiones Obreras ha solicitado que se declare la nulidad del Benidorm Fest 2022. Lo preocupante es que no es fácil identificar en qué se podría basar una eventual pretensión para lograr la declaración de nulidad del certamen, pues todos los trámites y votaciones para la designación de Chanel Terrero se realizaron conforme a las normas previamente establecida. Precisamente, el artículo 47 de la Ley 39/2015 establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

El jurado, de manera mejor o peor, obró con la discrecionalidad técnica que se le atribuyó. A este respecto, para los campos en los que los órganos administrativos tienen que decidir ostentando un margen de maniobra en ello, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2007 afirma que «no supone naturalmente desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24.1 de la Constitución, ni el principio del sometimiento pleno de la Administración pública a la Ley y al Derecho (artículo 103.2), ni la exigencia del control judicial sobre la legalidad de la actuación administrativa y su sumisión a los fines que la justifican (artículo 106.1)» y que «Tampoco supone ignorar los esfuerzos que la jurisprudencia y la doctrina han realizado y realizan para que tal control judicial sea lo más amplio y efectivo posible«, pero «no puede olvidarse tampoco que ese control puede encontrar en algunos casos límites determinados«, como «ocurre en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración y que en sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad«.

No hay argumento jurídico o extrajurídico que pueda servir para repetir un concurso que, en cualquier caso, ya ha supuesto una buena inversión de dinero público. Repetir el festival no evitaría el mismo resultado y, en cualquier caso, supondría un gasto innecesario para las arcas públicas del Estado español.

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La controversia por el resultado del Benidorm Fest se nos ha ido de las manos, como se puede inferir del alto grado al que ha llegado la intensidad de las críticas. No obstante, cabe la esperanza de que muchos se hayan dado cuenta, gracias al certamen celebrado en Benidorm, de cómo se procede por los dirigentes políticos cuando reúnen en instituciones públicas el poder de decidir sobre asuntos que se refieren a los intereses generales sin tener en consideración lo que puedan pensarse verdaderamente los ciudadanos.

Ahora, muchos han descubierto a golpe de festival lo que es el despotismo ilustrado, que se refleja con la máxima «todo para el pueblo pero sin el pueblo», en una versión mucho más ligera: el despotismo ilustrado eurovisivo, por el que un jurado profesional puede decidir, sin atadura alguna a los votos de los ciudadanos, quién tiene que representar a España en un concurso europeo, lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo, menos todavía si se atiende a antecedentes como el de Rodolfo Chikilicuatre, que ayudan bastante a desconfiar en la democracia cuando se habla de temas joviales, aunque quizá ocurra lo mismo para asuntos más serios que la representación de España en Eurovisión 2022.