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En el diseño de la Transición se cometió un error de ingenuidad absoluta: creer que todo presidente del Gobierno tendría un límite moral y respetaría las reglas del juego. Se asumió que, ante la pérdida evidente del respaldo parlamentario o el clamor de una crisis institucional, cualquier líder se sometería voluntariamente a una cuestión de confianza o dimitiría por puro decoro. No previeron la llegada de la amoralidad política extrema.
No existe un artículo que permita al presidente evadir una cuestión de confianza; no existe un artículo que le permita permanecer en el cargo si la pierde; no existe un artículo que le permita bloquear la acción de las Cortes. Y ese vacío clamoroso es el que ha aprovechado una gestión encumbrada bajo la sombra del escándalo y la sospecha de un fraude institucional permanente. Es esa misma dinámica la que hoy pretende enquistarse mediante la manipulación de los censos y los contrapesos democráticos.
Ni siquiera los regímenes totalitarios más oscuros del siglo XX —desde el fascismo y el comunismo hasta las expresiones más extremas del nacionalsocialismo, ramas todas de un mismo germen liberticida— actuaron con semejante descaro a la hora de parasitar la legalidad desde dentro para destruirla. Lo que hoy padecemos es una amoralidad política sin precedentes que, con apariencia humana y democrática, avanza decidida a sepultar la voluntad popular bajo el rodillo del poder absoluto.
Nos faltó articular a la Constitución frente a un gobierno secuestrado por la impunidad. El artículo que preservara la Seguridad Nacional y el Estado de Derecho podría haber rezado así:
Disposición Adicional Quinta. De la garantía extraordinaria de la soberanía nacional.
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Si el Presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros incurrieran en desacato manifiesto ante las resoluciones de las Cortes Generales, o eludieran de forma fraudulenta los mecanismos de control parlamentario relativos a la pérdida de confianza, se entenderá que se ha producido una quiebra flagrante del orden constitucional y una usurpación de la soberanía popular.
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En este supuesto excepcional, se activará de pleno derecho un estado de emergencia institucional. El Presidente y todos los miembros del Gobierno quedarán privados, de forma automática e irrevocable, de sus cargos, así como de cualquier inmunidad, aforamiento o prerrogativa procesal.
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Los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, en su condición de garantes del orden constitucional, asumirán la obligación imperativa de proceder al desalojo inmediato de las dependencias de la Presidencia del Gobierno. A tal efecto, se autoriza la detención de los miembros del Ejecutivo depuesto, empleando el uso legítimo de la fuerza y el auxilio de las armas si mediara resistencia.
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Los responsables del desacato institucional serán conducidos bajo estricta custodia policial y puestos, en un plazo improrrogable de doce horas, a disposición directa del Tribunal Supremo para ser juzgados por la vía sumarísima por delitos de alta traición contra el Estado de derecho.
Por eso hoy se hace evidente la ausencia de un mecanismo de emergencia en la Constitución. Hizo falta un artículo explícito y taxativo: aquel que estipulara que, si un presidente burla los mecanismos democráticos de control, ignora la soberanía del pueblo y se atrinchera en el poder, debe ser desalojado de inmediato. Un precepto que facultara a los garantes de la ley a intervenir el Consejo de Ministros de forma fulminante, deteniendo a los responsables a mano armada para ponerlos a disposición judicial de carácter excepcional.
Cuando el Estado de derecho es vulnerado de forma grave y sistemática desde la propia cúspide del poder, la justicia ordinaria no puede permitirse la lentitud de los trámites habituales. Esperar a que la maraña judicial complete sus plazos mientras un Gobierno cercado por la corrupción sigue desvalijando el país es un castigo insufrible para los ciudadanos. La detención inmediata no sería un exceso; sería la legítima defensa de una democracia secuestrada por desalmados que confunden la Moncloa con un refugio de impunidad. La imputación llegará, pero el vacío legal que les permite ganar tiempo es una herida abierta en la dignidad de la nación.
La sombra de la cizaña que este Ejecutivo ha sembrado con esmero durante años será, inexorablemente, la misma que coseche en su fin de ciclo. La polarización, el desprecio por las instituciones y el sometimiento de la dignidad nacional al interés personal están dejando un rastro imposible de borrar. Cuando el relato oficial se agote y la protección mediática ya no baste para tapar el clamor de los juzgados, el peso de las consecuencias jurídicas caerá sobre quienes creyeron que el poder era un cheque en blanco y una patente de corso.
La gran incógnita que hoy se plantea es si la justicia actuará con la contundencia excepcional que la gravedad histórica exige, escenificando la caída de un presidente acorralado por las evidencias criminales. La imagen de un Consejo de Ministros respondiendo ante la ley, desprovisto de privilegios y sometido al rigor implacable de las esposas y las fuerzas de seguridad, no sería más que el desenlace natural para una deriva que ha pisoteado el orgullo de los ciudadanos. La humillación pública y el banquillo de los acusados esperan a quienes hoy gobiernan con soberbia, obligándolos a morder el polvo de la realidad penal y judicial que tanto intentaron eludir.
La soberanía nacional pertenece al pueblo, no a quienes la parasitan.
RES NON VERBA.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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