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Ante las elecciones en Andalucía he publicado un primer artículo sobre la Corrupción, otro sobre la Demagogia existente respecto a los Servicios Públicos y hoy un tercero sobre una cuestión ideológica importante.  Publicaré alguno más ante de las elecciones.

        

La Real Academia de la Lengua define la insidia como “Palabras o acción que envuelven mala intención”. La gran Andalucía no puede estar al margen de ello. Tiene que optar por la Reconciliación o permanecer en la Insidia a la que la llevó el gobierno socialista andaluz, en marzo de 2017, cuando ya intuía su derrota electoral del año siguiente, al aprobar la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Quiso así la izquierda socialista dejar su impronta ideológica en Andalucía y hasta hoy lo ha logrado.

Fue una mala acción, siguiendo la línea que marcó Zapatero diez años antes cuando, en diciembre de 2007, aprobó la partidista y sesgada ley de Memoria Histórica.

La triste y trágica Guerra Civil parecía haber quedado atrás cuando en la Transición española, desde el franquismo a la democracia, se optó mayoritariamente por la Reconciliación y el borrón y cuenta nueva. La legalización del partido comunista por Adolfo Suarez, en abril de 1977, fue un gesto de innegable generosidad y apertura.

Conviene recordar que en esas fechas toda la Europa del Este seguía bajo el totalitarismo comunista y la URSS era regida por el temible Breznev que seguía una política de expansión imperialista comunista por todo el mundo. Además, el partido comunista de España (PCE) tan sólo renegó un año después, en abril de 1978, al “marxismo-leninismo”, sustituyéndolo por un “marxismo revolucionario” y por tanto sin renegar a las tesis violentas y dictatoriales que contiene el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848. La actitud del PCE fue muy distinta de la del PSOE. Felipe Gonzalez exigió del partido, para aceptar ser su secretario general, que el PSOE renunciara al marxismo en su ideario, cosa que se realizó en septiembre de 1979.

Todos estos cambios realizados, con el apoyo del rey Juan Carlos y siendo Adolfo Suárez, presidente del gobierno, fueron clarísimos gestos de reconciliación, así como la ley de Amnistía de 1977 que se aplicó incluso a terroristas etarras con las manos manchadas con sangre fresca. Los militares protestaron, pero acataron las órdenes del rey. Conviene también recordar que el 23F no tuvo nada que ver con la Transición hacia la democracia sino con los crímenes de ETA, que se intensificaron a pesar de la reciente Amnistía, y a los que el gobierno de Adolfo Suarez no había sabido derrotar.

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La llegada de Santiago Carrillo, con su Paracuellos a cuestas, y de Dolores Ibárruri fueron muestras adicionales que lo que primaba debía ser la Reconciliación y así lo entendimos quienes votamos a favor de la Constitución española.  

         Por ello, la ley de Memoria Histórica, aprobada por Zapatero en diciembre de 2007, fue una traición a la Transición y mientras siga vigente será causa de discordia pues clasifica como buena a la España roja y como mala a la España azul. Lo que es peor es que exalta al marxismo y actúa como fundamento para que la izquierda afirme que tiene una superioridad moral frente a la derecha. Ante ello la derecha debería denunciar que el marxismo es una ideología criminal como muestran sus palabras y las realidades dictatoriales que ha creado en todos los lugares donde se ha implantado. Sin embargo, Rajoy, el que calificaba de “bobo solemne” a Zapatero, hizo de bobo a su vez al no derogar, en noviembre de 2011, la ley de Memoria Histórica, a pesar de tener una mayoría absoluta de 186 diputados. El bobo solemne le ganó el partido al otro bobo.

Con esa misma falta de visión actuó Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando al llegar a la presidencia de la Junta, en enero de 2019, no tuvo el valor de derogar la ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza, rechazando la propuesta que le hizo VOX.

Es por tanto una asignatura pendiente en Andalucía que da lugar a dos posiciones muy diferentes.

Una, la que llevó a cabo Emilio Cárdenas Díaz de Espada, sacerdote marianista, párroco de Vélez Blanco, provincia de Almería, que entre 1986 y 1989 promovió la colocación, en el cementerio, de una lápida cuyo epitafio dice: “EN PIADOSO RECUERDO A LOS MUERTOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. ETERNO DESCANSO A LOS DIFUNTOS. PAZ ENTRE LOS HERMANOS EN LA TIERRA”. Debajo aparece una lista de 46 nombres de personas del pueblo, de ambos bandos, que murieron en la guerra civil.

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Otra, la que representa Fernando Martínez, el actual secretario de Estado para la Memoria Histórica, casualmente nacido en Vélez Blanco, que sigue siendo hasta hoy un auténtico defensor del marxismo revolucionario y que desde esa ideología pretende hacernos creer que hubiese sido mejor para España que hubiese triunfado en la Guerra Civil el lado rojo, dominado por el comunismo. Parece no saber ver que eso nos hubiese llevado por igual camino o peor que el que han vivido los países de la Europa del Este, dominados por Stalin. Por cierto, conviene recordar que esos países tan sólo recobraron la libertad, tras la caída del Muro de Berlín, catorce años después de nuestra Transición a la democracia y en una situación social y económica muy inferior a la española.

En conclusión, los temas ideológicos de fondo tienen más trascendencia política de lo que se cree para el impulso y la gestión autonómica y conviene también tenerlos muy en cuenta a la hora de emitir el voto.

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Enrique Miguel Sánchez Motos
Administrador Civil del Estado.