El gobierno socialcomunista traiciona a los españoles y se rinde ante Bildu. Por Rafael García Alonso

Es evidente, salvo para una mente obtusa, que Bildu es el brazo político de ETA, es decir, de una organización terrorista cuya vocación asesina ha provocado la muerte de casi un millar de personas, con métodos tan viles y cobardes como el tiro en la nuca o el coche bomba. Demostrando la veracidad de tal aseveración nos encontramos, en primer lugar, con el hecho de que el máximo dirigente de Bildu, Arnaldo Otegi, así como destacados líderes de la formación abertzale han sido condenados por la comisión de actos terroristas, con el agravante de que ninguno de ellos ha mostrado la menor sombra de arrepentimiento por su implicación en los atentados, en segundo lugar, con que ni un solo miembro de la cúpula directiva ni de las bases del partido ha criticado tan siquiera mínimamente la brutal actividad delictiva de ETA, demostrando con ello su adhesión a la teoría y praxis de la banda terrorista y, en tercer lugar, con que la finalidad de ETA y Bildu es exactamente la misma, esto es, promover la hispanofobia y lograr la independencia del País Vasco.

Algo de esto debía pensar Pedro Sánchez antes de las elecciones generales de 2019 cuando declaró públicamente que jamás pactaría con Bildu debido a sus indudables vínculos con ETA. Sin embargo, tras sus paupérrimos resultados electorales, el psicópata monclovita cambió su discurso exclusivamente impulsado por su patológica ambición de poder, llegando a un pacto de colaboración PSOE-Bildu de cuya fortaleza no cabe dudar. Así, Bildu es el único partido que ha apoyado todas las iniciativas legislativas impulsadas por P. Sánchez, dándose la paradoja de que incluso Sumar, a pesar de formar parte del Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas, ha optado en varias ocasiones por votar en contra de las propuestas planteadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Aunque permanece oculta, con total seguridad la hoja de ruta del acuerdo PSOE-Bildu está escrita, firmada y sellada por P. Sánchez y A. Otegi, materializándose de esta forma la enésima traición del psicópata monclovita a la nación española.

Así, ya hemos visto consumarse la primera fase del acuerdo, la cual no es otra que “presos por votos”. En consecuencia, en estos cinco años de gobierno sanchista hemos podido observar, entre la estupefacción y la indignación, como se permitía en las calles del País Vasco el desarrollo de numerosos actos de enaltecimiento del terrorismo etarra ante la pasividad policial impuesta por los Gobiernos español y vasco, como se acercaban los presos etarras a las cárceles del País Vasco y se transferían desde el Estado español al Gobierno vasco las competencias penitenciarias para de esta forma conceder la libertad condicional a los asesinos etarras con miserable premura y, finalmente, completando el camino de servidumbre del partido socialista a la organización terrorista, como se eliminaba una disposición legal que impedía la conmutación en España de los años de cárcel de los etarras por los delitos cometidos en el extranjero, rebajando de esta forma el tiempo de encarcelamiento de los criminales de ETA. En definitiva, lo que comenzó con un repugnante intercambio de favores entre el Gobierno socialcomunista y el entramado bilduetarra ha terminado con la prematura y execrable liberación de 44 terroristas, algunos de ellos tan crueles y sanguinarios como Txapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco.

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Una vez cumplido con el primer punto del acuerdo hemos asistido, abandonando la estupefacción y manteniendo la indignación, al comienzo de la segunda fase del acuerdo, básicamente consistente en “peso político y progresiva desconexión por votos”. Así, en diciembre del pasado año el Partido Socialista de Navarra y Bildu cerraban un acuerdo para echar a la líder de UPN de la Alcaldía de Pamplona para a continuación cedérsela a un individuo tan poco ejemplar como el filoterrorista Joseba Asirón. Asimismo, el Gobierno socialcomunista no ha tenido el menor reparo en mostrar su apoyo a las políticas de inmersión lingüística en euskera promovidas por Bildu, con la finalidad de eliminar el español en las provincias vascongadas y así profundizar en la ruptura del País Vasco con el resto de España, aunque ello signifique condenar a la incomunicación allende el País Vasco a las futuras generaciones vascas, lo cual es un auténtico atropello a la razón, ya que tal medida solo puede traer consigo un notable empobrecimiento cultural y económico de la población exclusivamente vascoparlante.

A su vez, de manera concomitante se está llevando a cabo una tercera fase del acuerdo, la cual no es otra que el “debilitamiento del Estado español por votos”, poniéndose con su desarrollo de manifiesto que el objetivo de Bildu es destruir los cimientos básicos del imperio de la ley, para de esta forma poder llevar a cabo su proyecto rupturista. Así, a cambio de consolidar su relación y fortalecer al bloque de investidura, el Gobierno socialcomunista ha cedido a las pretensiones del partido abertzale, pactando la derogación de la “Ley de Seguridad Ciudadana”, cuyo contenido paradójicamente lo que hace es desproteger a la ciudadanía frente a la delincuencia y el crimen organizado. De esta forma, en un acto cuya presentación por indecente que pueda parecer corrió a cargo de Bildu, se presentaron las líneas maestras de la nueva ley de seguridad ciudadana que entrará próximamente en vigor. Entre las principales medidas recogidas en dicha ley destacan la limitación del material antidisturbios que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la eliminación las faltas de respeto a la autoridad, salvo que se trate de insultos o injurias a las fuerzas policiales, si bien en este caso con un mero formulismo de retractación por parte del delincuente su sanción quedará cancelada, la rebaja de infracción grave a leve la oposición de resistencia a la policia y la supresión de las devoluciones de inmigrantes en el preciso instante de ser detenidos tras lograr entrar mediante el uso de la violencia en territorio español. Obviamente, el objetivo de este paquete de medidas es disminuir la capacidad operativa de las fuerzas policiales, de tal manera que la nueva ley en lugar de fortalecer la seguridad ciudadana lo que hace es proteger al delincuente y, en consecuencia, promover la criminalidad, lo cual no deja de ser un desatino de calibre descomunal que desgraciadamente viene a demostrar por enésima vez que la indecencia legislativa es el indeleble sello del Gobierno socialcomunista. No debe por tanto sorprender a nadie que el Policía Nacional Iván Fuentes, premiado por sus Valores Humanos, señalara en su discurso de condecoración que “Cuando un hombre o mujer intenta abrir la cabeza con un hacha, con un cuchillo o con un palo a un policía no pasa nada. Más bien se idea la forma de quitarnos más autoridad todavía para dársela al criminal”, poniendo de manifiesto con tan contundente pronunciamiento que estamos asistiendo a un progresivo desmantelamiento del Estado de Derecho impulsado por el Gobierno socialcomunista.

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De todo lo expuesto cabe inducir que P. Sánchez ha traspasado todo tipo de líneas rojas para meterse de lleno en el peor fango de la corrupción política, convirtiendo al Parlamento en una suerte de bazar oriental donde se mercadea con los votos, con el indisimulado objetivo de dinamitar la unidad de la nación española y destruir el normal funcionamiento del juego democrático. En esta misma línea de opinión se ha posicionado la revista The Economist, al señalar en un artículo que las tácticas en cuestiones de Estado llevadas a cabo por P. Sánchez simplemente para permanecer en el poder están teniendo un alto coste para la democracia española, poniéndose de manifiesto con semejante discurso que la credibilidad política del sátrapa monclovita está en caída libre no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

En consecuencia, lo que está ocurriendo en España bajo el bastón de mando de P. Sánchez ya no puede tratarse en los términos establecidos por la dicotomía derechas o izquierdas, sino que es una cuestión de dignidad y justicia que reclama a voces la puesta en marcha de una rebelión impulsada por el pueblo contra el Gobierno socialcomunista para defender a la nación española, a la democracia y al Estado de Derecho, ya que de lo contrario España acabará siendo una dictadura socialpopulista.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.