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La izquierda gubernamental mercadea con España porque la venta de nuestra Patria, de sus recursos y de su riqueza a la plutocracia trasnacional es un objetivo claro de su actuación primigenia desde el inicio de la Transición.
Ayer, eran los duros y agrios “procesos de reconversión” y de privatización del felipismo y del aznarismo; hoy son los mecanismos de aceptación del chantaje, la extorsión y la imposición de las oligarquías mundialistas y sus tentáculos progres. Ayer, era para entrar y “converger” en un laboratorio globalista llamado Unión Europea; hoy lo es para avanzar hacía el Nuevo orden mundial a velocidad de crucero.
La invasión de “menas” torpedeando la pacífica convivencia de los barrios españoles con más de 20. 000 menores magrebíes; la presión migratoria africana contra nuestras costas con la llegada de más de 12.000 ilegales este verano; y el despliegue delictivo impune del movimiento “okupa”, son el trampolín que la izquierda gubernamental -empoderada por la aquiescencia de la derecha cobarde pepera- está utilizando para entregar España a la disolución globalista.
La izquierda no descansa en su empeño. Es una de las notas que la diferencia de la derecha pepera, inactiva, acomodaticia y farsante. Al PP se le ha llamado “conservador” no con falta de razón: aspiran a conservar las leyes políticas, ideológicas y económicas de la izquierda. Jamás la derecha ha eliminado una sola medida política de la izquierda. Por eso, cuando el PP gobernó, no hizo nada liquidar la lacra “okupa” –un problema ya abrasivo durante el mandato de Rajoy-; por eso impulsó los protocolos administrativos de 2014 para blindar la estancia en España de los “menas”; por eso Aznar hizo una ley de extranjería en el año 2000 bajo cuya capa entraron ilegalmente a España millones de ilegales durante los mandatos de Aznar y Zapatero, permitiendo al PP aznaril primero, y al tándem Zapatero-Caldera después, efectuar procesos de regularización masiva que en 2000-2004 y 2004-2008 atrajeron a España a cinco millones de inmigrantes.
La derecha española ha perdido todas las luchas ideológicas que le ha presentado, de forma inteligente, la izquierda. No se ha presentado en el campo de batalla. En esta línea de entrega y rendición se ha situado Pablo Casado, que coceando a Cayetana Álvarez de Toledo y sustituyéndola al frente del grupo parlamentaria por Cuca Gamarra –feminista, abortista y pro LGTB- se ha revelado como el digno heredero de ese progre irredento y traidor llamado Mariano Rajoy; un botarate para el cual, lo “importante es la economía” (subiendo impuestos y estrangulando derechos sociales). La batalla cultural e ideológica y la lucha contra las élites mundialistas, fueron despreciadas por el PP, entregado absolutamente a las élites de Bruselas y a sus lobbies, así como a los designios del club Bilderberg.
Mientras la derecha se auto anulaba e inhibía, la izquierda se daba cuenta de que la caída del muro de Berlín y el fracaso del comunismo, no serían obstáculo para desarrollar su agenda para la destrucción de Occidente y la civilización cristiana; por ello, sustituyó la vieja y ya obsoleta “lucha de clases” por los nuevos contenidos o trincheras con que dividir a la sociedad y crear el clientelismo político e ideológico: inmigración de sustitución; anti cristianismo e islamofilia; feminismo perseguidor del varón heterosexual; abortismo; ecologismo liberticida y matonista; racismo anti blanco; multiculturalismo etc. La izquierda se proyectaba hacia el futuro para mantener su hegemonía ideológica ayudada y asistida por la derecha cobarde, amilanada en la poltrona.
Recientemente el líder del PP Pablo Casado mostró su preocupación sobre el aumento de las “okupaciones” en España, clamando por la expulsión de los usurpadores en 48 horas. Una petición que contrasta con la actuación de su partido, y por ende de él mismo, durante sus años de gobierno entre 2011 y 2018: en 2015 el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó una instrucción para el empadronamiento municipal de los okupas, y por tanto, para su validación administrativa. Esa resolución, aberrante, fue reeditada, cambiando alguna terminología, por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lanzando en mayo de 2020 la actualmente vigente, que basa su contenido en la del PP, y que constituye el “efecto llamada” para los okupas ávidos de obtener el “ingreso mínimo vital” y las sinuosas ayudas públicas. Sólo cambia el título de la resolución. Donde ponía “Empadronamiento de personas sin domicilio” ahora pone Empadronamiento en infraviviendas y personas sin domicilio. La resolución actual, publicada en el BOE en el mes de mayo pasado establece que «el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.
En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón». Y añade que «la correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes.
El contenido de la resolución para empadronar “okupas” difícilmente puede ser más clarividente; es una resolución dada por la administración del PP de Pablo Casado y Mariano Rajoy en 2015 (BOE del 24 de marzo, en la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia) y reeditada por el PSOE-Podemos en mayo de 2020.
La “okupación” se ha convertido en la dinámica criminal de miles de delincuentes, vagos e inmigrantes ilegales para cobrar los emolumentos de las administraciones públicas en forma de rentas de inserción autonómicas, ayudas municipales así como el famoso “ingreso mínimo vital” de inspiración comunista y a favor del cual votó el PP en las Cortes.
Además de apoyar administrativamente a los “okupas”, el PP, durante su gobierno, hizo en el código penal y en los protocolos judiciales contra esta lacra una labor que se puede calificar de: ninguna. Con su oronda mayoría absoluta de 2011-15 mantuvo el aberrante y escandaloso trato penal benevolente con que se despacha a los “okupas”: procesos judiciales interminables, ninguna medida cautelar a favor de los propietarios y la irrisoria pena de multa contra el okupa insolvente, que jamás pagará. Las llamadas de atención de atemorizados propietarios de viviendas, que veían como colectivos de ultra izquierda que rodean a Podemos o a organizaciones separatistas como la CUP catalanista, lanzaban “guías para la okupación” fueron respondidas por el PP con la nadería y el no planteamiento de ninguna batalla legal ni social.
Además de su política pro-okupas, el PP ha sido un partido decididamente pro-inmigracionista, que en 2015 aprobó protocolos no para expulsar a los asaltantes de las vallas de Ceuta y Melilla o para blindar nuestras fronteras, sino para “controlar en suelo español” enfermedades externas como “ el ébola o el dengue” traídas por los inmigrantes subsaharianos a los que no se pensó en expulsar en ningún momento. Del mismo modo, en 2014, se crearon los protocolos administrativos y policiales para conservar a los “menas” en suelo español y no expulsarlos al subordinar su retorno al país de origen a requisitos tan leoninos como: “localizar a su familia de origen”, “ que ésta o el menor no sufran peligro o riesgo de pobreza” de ninguna clase, o que “sea recepcionado por servicios sociales adecuados en sus países de origen”. En caso de no instarse el proceso de retorno en tres meses, el “mena” logrará un permiso de residencia legal. El 16 de octubre de 2014 las administraciones del PP publicaron el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados (BOE-A-2014-10515), que convierte España en paraíso para los “menas”. Así mismo, José María Aznar ya había trabado la ley de extranjería del año 2000; una bomba legal de relojería que junto a fondos europeos como el “Fondo de asilo, migración e integración” para 2014-20, atan a nuestro país a la llegada masiva de inmigrantes ilegales y a ONGs que como “Open arms” o “Médicos sin fronteras”, hicieron su agosto bajó el gobierno de Mariano Rajoy en 2016 y 2017 recibiendo subvenciones y ocupando el estrellato en el tráfico de seres humanos del mar mediterráneo. En 2017 fueron especialmente lacerantes los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla: el 17 de febrero de ese año, unos 500 inmigrantes asaltaron la valla. Hubo muchos más casos. El PP redujo el número de efectivos policiales en las vallas de Ceuta y Melilla y dejó entrar a los ilegales con una laxitud enorme, desbordando los centros de internamiento de extranjeros.
La gestión migratoria bajo el PP de Mariano Rajoy y Pablo Casado, así como el blanqueamiento e impulso de los “okupas”, fue tan catastrófica y nefasta como lo está siendo ahora bajo los social-comunistas. El PP no sólo agrandó dos grandes nichos del voto de la izquierda –okupas e inmigrantes- sino que creó normativas y legislaciones que hoy son utilizadas por la izquierda para asentar a los “menas”, consolidar la invasión migratoria y blindar a los “okupas” con el empadronamiento, con los subsidios y con la máxima benevolencia penal.
Este verano Pablo Casado ha mostrado preocupación por la inmigración y por los okupas, y ha anunciado la batalla. Él, que es la otra cara del consenso progre y que antes que censurar al gobierno social-comunista apoyando la justificadísima moción de censura de Vox, censura a su compañera Cayetana Álvarez de Toledo. Él, que nunca promovió en su partido batalla legal ni política alguna contra la izquierda cultural ni contra las lacras migratorias, okupas, abortistas o de la memoria histórica. Él, que afirmó que no le importaba el “Valle de los Caídos ni quién estuviera dentro”. Él, que apoyó la profanación del cadáver de Franco. Él, cuyo partido en Galicia, dominando la Xunta, apoya la expropiación del Pazo de Meiras a la familia Franco.
Pablo Casado es un Rajoy reeditado y amplificado, cuya palabra e intenciones son tan falsas como verdadera es su militancia en el consenso socialista, en el club Bilderberg y en ese espacio taimado y siempre corrupto moral y traidor llamado “centro”.
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