Un Gobierno contra la separación de poderes. Por Rafael García Alonso

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La destitución como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil del Coronel Diego Pérez de los Cobos constituye un bochornoso episodio, uno más en la lamentable carrera de Pedro Sánchez, que pone de manifiesto que éste hombre sin principios, desde su condición de Presidente del Gobierno, está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. De ninguna otra forma puede entenderse el que un hombre íntegro y de brillante trayectoria profesional, como es el Coronel Pérez de los Cobos, sea cesado de su cargo, no por dejación de responsabilidades o por la comisión de algún tipo de falta o delito, sino, más bien, por todo lo contrario, es decir, por cumplir con su deber y mantenerse firme en la defensa del Estado de Derecho. Con esta actuación, como bien señala Isabel Díaz Ayuso, “El Gobierno cruza una nueva línea roja y lanza un aviso a navegantes. Sánchez e Iglesias no quieren profesionales independientes, buscan la sumisión”.

Para demostrar la veracidad de estas acusaciones nada mejor que proceder a un somero relato del conjunto de acontecimientos que culminaron con el cese fulminante del Coronel Pérez de los Cobos.

Todo comenzó con la denuncia de un particular que la juez titular del juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, tomó en consideración, por lo cual abrió diligencias penales, imputando al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir la realización de las manifestaciones del 8M. Además de abrir la investigación, la juez ordenó a un equipo judicial de la Comandancia de Madrid y al médico forense adscrito al juzgado una batería de diligencias que incluían la investigación de las circunstancias que rodeaban al caso, así como la emisión de un informe explicativo. Por último, la juez dio órdenes expresas al equipo de la Guardia Civil que actuaba en calidad de Policía Judicial de no informar de las diligencias ni tan siquiera a sus superiores, para así mantener el secreto sumarial y no malograr la investigación.

La admisión a trámite de la denuncia suponía la puesta en marcha de una serie de pesquisas, todas ellas encaminadas a depurar responsabilidades y establecer si se había cometido algún tipo de irregularidad o negligencia en la gestión de la epidemia por parte de los responsables gubernamentales.

Ante tal situación parece ser que nuestro ínclito Presidente entró en crisis, ya que, a pesar de los cientos de miles de infectados y los miles de muertos debido al coronavirus, más que buscar la verdad lo que P. Sánchez viene pretendiendo desde el comienzo de la epidemia -para ocultar los evidentes errores de gestión perpetrados por él mismo y su gabinete de crisis- no ha sido otra cosa que hilar un relato, que aunque falso fuera verosímil, para así poder quedar eximido de toda responsabilidad ante la opinión pública. En consecuencia, el gobierno puso en marcha toda la maquinaria del Ministerio del Interior para controlar el curso de las investigaciones y así poder anticipar un relato exculpatorio.

Razones para el temor no le faltaban al gobierno social-comunista, ya que las conclusiones a las que llegó el equipo investigador eran demoledoras para sus intereses. Así en el informe remitido a la juez los agentes de la Guardia Civil señalaron que la Delegación del Gobierno en Madrid era consciente del peligro que suponía la celebración de manifestaciones en las fechas previas a la entrada en vigor del Estado de Alarma, dado que tenía en su poder informes de la OMS, de la Unión Europea y del propio Ministerio de Sanidad en los que se alertaba del grave riesgo de epidemia y de la importancia de evitar concentraciones masivas para contener, en la medida de lo posible, la propagación del virus. Además, los agentes de la Guardia Civil remitieron un segundo informe a la juez en la que se indicaba que el dos de marzo la Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Europea emitió un informe en el que se instaba a los Estados miembros a prohibir la celebración de todo tipo de eventos multitudinarios debido al riesgo de propagación del coronavirus. Este informe fue recibido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pero su director y portavoz sanitario del gobierno, Fernando Simón, además de hacer caso omiso del mismo, no tuvo la decencia de comunicar su contenido a las Comunidades Autónomas, ni tan siquiera en la reunión mantenida el 5 de marzo por el Consejo Interterritorial de Sanidad.

El caso es que conocedores de la gravedad de la situación que conllevaba la elaboración de un informe que había de ser remitido a instancias judiciales, el Ministerio del Interior no hizo sino presionar en repetidas ocasiones al Coronel Pérez de los Cobos para que les informara del curso de las pesquisas judiciales, cosa a la que el Coronel se negó en rotundo por considerarlo una ilegalidad manifiesta.

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Los acontecimientos se precipitaron el 24 de mayo, cuando el Coronel, después de contestar negativamente a los requerimientos de colaboración realizados telefónicamente primero por el General José Antonio Berrocal y después por el General Fernando Santafé, recibió al filo de la medianoche la llamada de la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez. La Directora del Instituto Armado, después de recriminar al Coronel su falta de colaboración ante un asunto tan delicado para el gobierno, le comunicó la decisión del Ministro Grande-Marlaska de destituirle del cargo que hasta ese momento ostentaba.

Tras ello, Grande-Marlaska afirmó, tanto en el Congreso como en el Senado, que la destitución del Coronel Pérez de los Cobos se debía a una pérdida de confianza y que, por tanto, se enmarcaba en una política normal de redistribución de equipos.

Sin embargo, la propia María Gámez reconocía en un documento interno, con fecha del 24 de mayo, que la destitución del Coronel fue “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. De esta forma, se ponía de manifiesto que el Ministro Grande-Marlaska había mentido a la ciudadanía y además lo había hecho en sede parlamentaria.

Al cesar de manera injusta al Coronel Pérez de los Cobos, el Ministro Grande-Marlaska mancilló su honor y destrozó de un plumazo su imagen pública de juez ejemplar, quedando convertido en mera marioneta del poder establecido. Triste final para un hombre que salió orgulloso del armario, pero solo para adentrarse de manera vergonzante en las cloacas de la corrupción política.

En cualquier caso, más allá del deplorable comportamiento del Ministro del Interior, lo que de verdad resulta alarmante es la intromisión del Gobierno en una investigación que solo a la Justicia corresponde llevar a cabo desde la más absoluta independencia. Y esto es así porque, si bien en España la división de poderes es más tenue de lo que debiera, lo cierto es que lo acontecido en este caso supone un ataque frontal del poder ejecutivo al poder judicial que viene a poner en jaque la separación de poderes.

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El principio de separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial fue establecido, allá por 1748, por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, y desde entonces constituye uno de los pilares básicos en los que se asienta la democracia representativa. Así, señalaba Montesquieu que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo (…) Para que no pueda abusar del poder hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder”. En consecuencia, para evitar el despotismo en el que inevitablemente cae aquel que ostenta un poder absoluto, se hace necesaria la existencia de un sistema de contrapoderes, de tal manera que cada uno de ellos sea capaz de evitar los excesos del resto.

Pues bien, lo que P. Sánchez lleva haciendo desde el inicio de su mandato no es otra cosa que intentar convertir en papel mojado el principio de separación de poderes, para así, una vez convertido en líder supremo de la nación española, ejercer el poder a su antojo. Pero donde existe arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad que se ostenta no puede haber Estado de Derecho, pues, como dijo John Locke; “Donde termina la ley empieza la tiranía”.

Es por ello que, en estos momentos de crisis, solo cabe esperar que el pueblo español, como ya ha hecho en distintas ocasiones en el pasado, sea capaz de sacar lo mejor de sí mismo y sepa enfrentarse con determinación a la pulsión totalitaria de este gobierno social-comunista que, bajo el sofisma igualitario-progresista, amenaza con acabar con nuestra libertad, prosperidad y pacífica convivencia.

Rafael García Alonso (Doctor en Medicina)

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.