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La alienación parental, conocida como SAP (que un padre o madre retengan o secuestren a su hijo y que además le lave el cerebro para que odie a su otro progenitor) está contemplada, entre otros, en la nueva GUÍA CIE-11, una guía internacional de enfermedades, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión Europea, Reino Unido, Méjico, Brasil, EEUU, ciudad de New York, Estado de Ohio, Argentina, Chile… En España son numerosas las Sentencias tanto del Tribunal Supremo, como de las Audiencias Provinciales, que retiran los hijos al padre o madre que provoca alienación parental en los menores, poniéndolos en manos del otro progenitor.
La pataleta clásica del feminismo sectario internacional, la agenda que subvenciona e inspecciona la ONU Mujeres, se centra en negar la existencia de este “síndrome”. Sea como sea, la alienación parental, dejando atrás el vocablo “síndrome”, es una forma inadecuada y perjudicial de ejercer la custodia que incapacita a ese progenitor para la tarea de crianza normalizada de un menor.
Progenitores malvados y enfermos, desequilibrados, siempre ha habido, de ahí que, pretender negar el SAP o incluso prohibirlo, sea un grave atentado contra la Infancia española. Esa nueva propuesta de Irene Montero, la de prohibir el SAP, atenta directamente contra el interés superior de ese menor de edad, dado que la alienación parental es un maltrato de tipo emocional que deja graves secuelas de por vida en los menores.
La entrada en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, una persona sin experiencia contrasta de gestión en temas de Derecho de Familia, no digamos ya en un asunto tan dañino para la salud emocional de los menores como es la alienación parental, un tipo de abuso que conlleva componentes técnicos (médicos, psicológico, psiquiátricos y penales), está causando un cambio de estrategia súbito y absurdo en el discurso al que ya estábamos acostumbrados: “Que el SAP no existe”. Irene Montero, sin embargo, en alguna que otra comparecencia, cambia el paso y ahora sostiene que “quiere prohibir el SAP”.
¿Cómo se puede prohibir que un padre o una madre, malvado o con trastornos psicopatológicos graves la tome con el otro progenitor y use a sus hijos como arma arrojadiza, destrozándoles la niñez a esos menores? ¿Eso quiere prohibir Irene Montero?
Vamos a formular una hipótesis: “Que el SAP se dé mayoritariamente en las custodias monoparentales, ya sean maternas, 58,1% de las custodias, o paternas, un 4,1%”. Según datos del INE (2019).
Asunción Tejedor, en la pág. 21 de su libro “SAP”, cita un estudio de Clawar y Rivlin (1991) sobre los niños del divorcio. Descubrieron que “la programación parental era practicada por el 80% de los progenitores que se divorciaban”.
Si aplicamos ese 80% a la suma del 58,1% de custodias monoparentales maternas y el 4,1% de custodias monoparentales paternas, es decir, a un montante del 62,2%, resulta que el SAP afecta a 49,76% de los menores. De forma que prácticamente la mitad de los niños y niñas españoles implicados en un divorcio están siendo maltratados emocionalmente, sometidos al SAP, sin que nadie haga nada por protegerlos. De ahí que determinados responsables de las políticas que afectan a la Infancia, hablamos de personas no de aquí, sino de países civilizados, esto es, con independencia de poderes y no títeres de la ONU Mujeres, denuncien que el SAP es un asunto urgente de Salud Pública.
Entonces, ¿quiere la Ministra Irene Montero dejar que ese 50% de los menores maltratados emocionalmente en custodias monoparentales, adoctrinados por el SAP, queden indefensos, sin que el otro progenitor pueda defender la salud de los pequeños demostrando que están siendo alienados?
Lástima que nuestros hijos, los hijos españoles del SAP, no puedan votar, porque ahí está la clave del maltrato que están recibiendo día a día por parte del Poder Ejecutivo. Sí, el del Consejo de Ministros y Menestras.
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