1974: Cuando España era España. Por Julio Merino

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Por su interés y actualidad del tema me complace reproducir el importantísimo discurso que el Ministro de Asunto Exteriores español, don Pedro Cortina Mauri pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de octubre de 1974. El tema a debate fue el Referéndum de Autodeterminación del Sáhara Occidental bajo la administración de España

«Señor presidente: Sean mis primeras palabras, como representante de España en esta Asamblea, para felicitarle por su elección. Sus dotes personales son bien conocidas y apreciadas, como lo son sus incansables esfuerzos en favor del mejor entendimiento entre los pueblos, y especialmente en favor de los países en desarrollo.

Mi saludo y felicitación se extienden al pueblo y al Gobierno de Argelia, país árabe con el que nos unen estrechos lazos de todo orden, y con el que mantenemos hoy una fructífera cooperación.Deseo igualmente felicitar al embajador Leopoldo Benites por su acierto y habilidad en la dirección de los trabajos de la XXVIII Asamblea General y de la Asamblea General extraordinaria

Doy la bienvenida en nombre del Gobierno y pueblo españoles a los nuevos Estado que en esta Asamblea General se incorporan a nuestra Organización, Granada, BanglaDesh y Guinea Bissau.

Quiero también, al inicio de mi intervención, expresar nuestro pesar por la catástrofe que ha azotado a Honduras y a otras poblaciones de la zona y hacer llegar a la nación hermana nuestra solidaridad.A las alteraciones que se han producido en la dirección de los asuntos públicos en diferentes países se une la aceleración del proceso de descolonización que ha facilitado el legitimo acceso de nuevos pueblos a la vida internacional, removiendo así una de las causas de conflicto más peligrosas para el mantenimiento de la paz

Una serie de acontecimientos sin precedentes en materia económica han puesto de relieve la urgente necesidad de ordenar de una manera racional y justa el disfrute delos recursos del mundo. Asimismo, como parte de este esfuerzo, es menester reglamentarla utilización del mar como fuente de riqueza, sin que sea perturbado por pretensiones desmedidas

Pero la Humanidad, en su inagotable capacidad de plantearse sucesivos problemas, se encara con nuevas interrogantes cuando va dando respuesta a los que históricamente ha suscitado el reparto del territorio y de sus recursos. Ahora es la violencia y la sub-versión de unos pocos contra la organización que se han dado los demás, la que ha JULIO COLA ALBERICH pasado a ser un nuevo terreno de lucha, en el que se requiere, para hacerle frente, una acción internacional concertada.

Ea el año transcurrido, España ha sufrido el asesinato del presidente del Gobierno y todos los datos conocidos permiten creer que los perpetradores de este crimen tienen su base y su refugio en país extranjero.Esta experiencia y otras similares padecidas por nosotros y por numerosos países proclaman la imperiosa necesidad de una cooperación internacional en materia de prevención y castigo de! terrorismo y de la subversión

Una crisis universal de valores origina el auge del terrorismo, la subversión y la violencia como armas políticas. El curso de la historia contemporánea ha engendrado la falta de fe en los conceptos morales, el desprecio por la persona humana, el pesimismo y la desesperación de las grandes masas, a pesaT de tantos progresos materiales conse-guidos.

Por su parte, los Gobiernos, faltos de medios adecuados y recelosos de complicacio-nes políticas internas, descuidan su cooperación y la rehusan prácticamente en cuantos casos no se bailan directamente interesados. Esta insolidaridad egoísta puede poner en peligro la paz y la seguridad.La declaración sobre los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la carta (resolución dos mil seiscientos veinticinco-XXV), proclama el deber de todos los Estados de no tolerar actividades terroristas o subversivas dirigidas contra otros Estados.

No podemos, sin embargo, reducirnos en adelante a formular simples enunciados generales de la conducta de los Estados en orden a evitar la acción subversiva dirigida desde su territorio contra los demás. Hay que pasar al terreno de las medidas efectivas que impidan a estas actividades tomar cuerpo en un país y proyectarse impunemente sobre otros con desconocimiento del deber fundamental que tiene todo Estado de cumplir las obligaciones que el Derecho internacional impone a ese respecto y de hacerlas acatar a cuantos residan en su territorio, tanto nacionales como extranjeros.

Ello no debe hacer olvidar que en el mundo existen muchas situaciones injustas y muchas legítimas reivindicaciones, y que deben arbitrarse medios para actuar positivamente en solucionarlas. En este sentido, también la cooperación internacional ofrece vías que deben ser estudiadas y puestas en ejecución, pues sin atacar de raíz las que siguen siendo causas de tensión y conflicto subsistirán en parte las motivaciones de la violencia

Mi Delegación se propone reiterar y ampliar estos conceptos en la Comisión corres-pondiente de la Asamblea General

Al pasar revista a los temas internacionales que más de cerca afectan a España, debo dar preferencia a aquellas cuestiones sobre las que las Naciones Unidas se han pronunciado con toda su autoridad y de las que hay que rendir cuenta a esta AsambleaGeneral

Lo del Sáhara

En primer lugar, me referiré al Sahara occidental, que España administra. Estimo oportuno precisar ante todo que en esta cuestión España no tiene ninguna disputa o controversia con ningún país en particular, puesto que a todos los Estados miembros de esta Organización alcanzan por igual sus resoluciones, que propugnan la autodeterminación como medio api opiado para llevar a cabo la descolonización de este territorio.Y es que en el proceso de la libre determinación de los pueblos, que aproxima a lasNaciones Unidas al objetivo de su universalidad, los pueblos autóctonos de los territorios no autónomos son los indudables protagonistas, mientras que las potencias administradoras tienen una doble responsabilidad, no sólo ante aquéllos, sino ante toda la comunidad internacional. Frente a los administrados, la de crear las condiciones materiales y de desarrollo político que les capacite para ejercitar su derecho a la autodeterminación y a la independencia, garantizando su libre ejercicio. Frente a la comunidad internacional, la de que este proceso se realice de acuerdo con las normas contenidas en la carta y en las resoluciones de la Asamblea General y con la participación de estaOrganización.

En los últimos doce meses se han producido una serie de hechos importantes en relación con el Sahara occidental, de los cuales mi Gobierno ha ido dando puntualmente cuenta al secretario general. Durante la XXVIII Asamblea, el representante permanente de España transmitió, con fecha 28 de septiembre, el escrito dirigido por la AsambleaGeneral del Sahara al Jefe del Estado español y la respuesta de éste. La AsambleaGeneral del Sahara solicitaba entonces que «de forma continuada se impulse el proceso que asegure en forme efectiva la posibilidad de decisión de su futuro por parte del»Pueblo saharauí». En esta petición y en la respuesta del Gobierno se confirma la posición española, reiteradamente expuesta ante esta Organización: que el pueblo saharauies el único dueño de sus destinos y que nadie debe violentar su voluntad, correspondiendo a España poner en marcha el proceso de autodeterminación.

Después de haber llevado a cabo las oportunas consultas coa íos representantes de la población autóctona, el Gobierno español ha anunciado la celebración de un referéndum bajo los auspicios y garantía de las Naciones Unidas, dentro de los seis primeros meses de mil novecientos setenta y cinco, que deberá ser llevado a cabo por los cauces que ha previsto esta Asamblea General en las resoluciones tres mil ciento sesenta y dos y anteriores sobre la cuestión del Sahara. Así se comunicó al secretario general por cartas del representante permanente de España de veintiuno de agosto y trece de septiembre del presente año.

El Gobierno español ha adoptado y está adoptando las medidas precisas para garan-tizar a los habitantes autóctonos del Sahara la expresión libre y auténtica de su voluntad y para que sólo éstos —de acuerdo con las resoluciones pertinentes— ejerzan dicho derecho. A la vez, se han iniciado los contactos con Marruecos, Mauritania y Argelia, a los efectos previstos en las resoluciones de esta Asamblea General.Hemos tenido especial interés en mantener informados de todos estos acontecimientos y decisiones a los Gobiernos de los países árabes, en reconocimiento de su estrecha amistad para con España y de los vínculos de sangre, religión y cultura que los unen al pueblo saharauí. Sabemos que nuestra conducta ha sido comprendida y estamos seguros de que nuestras intenciones serán debidamente apreciadas por los Gobiernos árabes cuya consideración tanto nos importa.

Sobre la capacidad y el derecho de la población saharauí de determinar su propio futuro se ha manifestado ya la comunidad internacional a través de esta Organización, según resulta de las pertinentes resoluciones de la Asamblea General. Ciertos Estados han alegado especiales intereses y títulos sobre el Sahara, cuyo relativo valor en la actualidad queda ilustrado por las pretensiones contrapuestas que se han expuesto repe-tidamente ante esta Organización. Pero la abrumadora mayoría de sus Estados miembros no han puesto en duda la personalidad de su población, ni ha tratado de predeterminar su futuro con opciones excluyentes que implican en la práctica la negación del derecho de autodeterminación, proclamado y reconocido paladinamente en cuantas votaciones han tenido lugar en este recinto

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En suma, España se propone respetar la voluntad de la población saharauí, cuya manifestación tendrá lugar con todas las garantías internas e internacionales, conforme a las resoluciones de esta Organización, y desarrollar su cooperación con los países dela zona, Marruecos, Mauritania y Argelia, para que sea un factor de paz y progreso en la región, con la que España se siente tan unida. Mi Delegación se reserva referirse en la comisión pertinente a las demás alegaciones hechas que tienden a dificultar o poner condicionamientos al ejercicio de la libre determinación de los saharauís, así como rectificar las inexactitudes vertidas sobre hechos y datos relativos al Sahara.

Lo de Gibraltar

Debo ahora referirme al problema, grave y antiguo, de Gibraltar, que afecta a la integridad territorial de mi país, a la seguridad en esa zona geográfica y a la autoridad moral de esta Organización, cuyas resoluciones son ignoradas por un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad. A diferencia de la cuestión del Sahara, respecto al cual las Naciones Unidas pro-pugnan la autodeterminación para descolonizar el territorio, la cuestión de Gibraltar se ha considerado siempre por las resoluciones pertinentes de esta Organización como un conflicto entre dos Estados—España y Gran Bretaña—, entre los que se ha de ventilar el problema de la soberanía e integridad territorial española implícita en la descolonización del Peñón.

Los derechos y la voluntad española de negociar y de respetar los legítimos intereses de los habitantes, lo son también. No temo exagerar si añado que, igualmente clara y pública es la certidumbre de que la otra parte no se ha mostrado, hasta ahora, dispuesta a buscar seriamente una solución razonable, justa y efectiva

La resolución dos mil cuatrocientos veintinueve señaló el uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, como fecha límite para la descolonización de Gibraltar.Han transcurrido ya cinco años desde entonces. Esta situación no puede prolongarse, indefinidamente, por lo que supone de incumplimiento de las obligaciones que imponen a la potencia colonial la Carta, las resoluciones y la pertenencia a esta Organización, y por las exigencias de la seguridad, la dignidad y la opinión pública de mi país.

Me referiré ahora a los últimos hechos que se han producido con relación a esta cuestión. El consenso adoptado por esta Asamblea General el catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y tres solicitaba a ambas partes que informásemos al secretario general y a esta Asamblea General del resultado de las negociaciones que deberían emprenderse. Lamentándolo profundamente, mi deber es informar que no ha habido resultado alguno, puesto que ni siquiera ha habido negociaciones.

En el informe del secretario general de ocho de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, se dice que los días treinta y treinta y uno de mayo del corriente año se celebraron, en Madrid, nuevas conversaciones entre funcionarios de los dos Gobiernos.

Para disipar cualquier error, quiero informar a esta Asamblea que, efectivamente, el Gobierno del Reino Unido propuso en abril pasado la celebración de conversaciones a nivel de funcionarios diplomáticos «como mejor medio para llevar a cabo lo dispuesto en el consenso de mil novecientos sesenta y tres sobre Gibraltar»

Aunque dicho consenso se refería indudablemente a verdaderas negociaciones sobre la cuestión de fondo de la descolonización, de acuerdo con las resoluciones mil quinientos catorce y dos mil cuatrocientos • veintinueve, quisimos acceder a esta solicitud d conversaciones en prueba de nuestra buena voluntad y con la esperanza de que estos» contactos exploratorios» propuestos por el Gobierno británico pudieran contribuir a la iniciación de las verdaderas negociaciones.

Inglaterra no cumple ni con España ni con la ONU

Pronto pudimos comprobar que la parte británica no estaba en disposición de abordar !a cuestión de fondo. Los delegados británicos se limitaron a un tema concreto, pero marginal, y a una petición: que España facilitara los sobre vuelos de la zona aérea de seguridad vecina a Gibraltar. Era, en definitiva, la pretensión de crear una servidumbre o derecho de paso, que virtualmente suponía una nueva pretensión de consolidar aún más la presencia colonial británica en Gibraltar. A cambio, se nos sugería que ello aumentaría el afecto de la actual población gibraltareña hacia España.

Son bien conocidas las ofertas y garantías españolas de respetar los legítimos intereses de aquellos habitantes, por medio de un régimen especial. Esgrimir los intereses de los habitantes, como se hizo primero, o sus deseos o voluntad, como últimamente, no es sino un pretexto para perpetuar una ocupación colonial. Sus intereses quedarán asegurados. Lo que no se puede alegar es que tengan derecho alguno para disponer o decidir sobre un territorio que no les perteneció jamás, y en el que fueron introducidos por la potencia ocupante, al servicio de su base militar, cuando expulsó a la verdadera población, la española autóctona. La cuestión de Gibraltar es una cuestión de soberanía territorial a decidir de acuerdo con las resoluciones de esta Organización, y sólo los Estados interesados están legitimados para ello, como destinatarios del Tratado de Utrccht, a los que toca exclusivamente deducir las consecuencias de su caducidad.Gran Bretaña no ha manifestado, pues, ánimo negociador. Invocó el consenso de esta Asamblea General para dar la sensación de atenerse a él, cuando su verdadera intención ha sido más bien soslayarlo.

Con esta actitud evasiva, Gran Bretaña, fiel sin duda a su estrategia de presencia en el Estrecho de Gibraltar, dificulta el que prevalezca en esta región la distensión necesaria para la plena estabilidad del Mediterráneo occidental, en oposición a las actuales exigencias de la vida internacional, poco propicias a la supervivencia de posiciones de dominación y ventaja. Mientras un país extranjero siga detentando ese enclave estratégico, para influir políticamente desde él, ejercer un implícito control de la navegación y potenciar su poder militar, sus propósitos no son precisamente de cooperación,sino de pr eponderancia.

Y es que la base de Gibraltar representa una amenaza para España al perturba rsu seguridad por efecto de las apetencias concurrentes que por reacción se producen en torno a ella, siendo, por consiguiente, un continuado desafío a la política de pazq ue informa la acción exterior del Estado español.Además, la presencia de ese elemento extraño en el Estrecho de Gibraltar viene a dificultar toda nueva reglamentación de sus aguas territoriales y del tránsito por ellas debido a la interferencia de soberanías que el poder colonial instalado en el Peñón hace sentir en todo momento, siendo por tanto un factor perturbador para toda posible solución racional de los problemas que plantea la navegación en ese espacio en función del desarrollo tecnológico

Violación de la integridad territorial de España, peligro para su seguridad, interferencia en su política exterior de paz, y obstáculo a la actualización de la regulación jurídica de las aguas del Estrecho, tales son los más destacados agravios que en la hora presente resultan de la presencia británica en el Peñón y que el pueblo español viene sufriendo pacientemente a pesar de que las Naciones Unidas han reconocido la justicia de su reivindicación

Se perpetúa así la última situación colonial existente en Europa y ello en un año, como este de mil novecientos sesenta y cuatro, tan especialmente marcado por el signo de la descolonización

Es desalentador y pernicioso para el futuro de la Comunidad de Naciones el com-probar la obstinada y cerrada posición egoísta de uno de sus miembros —que lo es permanente del Consejo de Seguridad—en total enfrentamiento con la opinión y sentimiento de la mayoría de esta Organización. Ello no puede menos que comprometer gravemente la fuerza moral en que debe basarse la eficacia de las Naciones Unidas porque, cuando afecta a un miembro de la comunidad en el terreno de los valores morales y jurídicos, afecta a todos

Una ez más, España acude a esta instancia suprema, con sentido de la responsabilidad, con la mayor buena fe, pero también con toda seriedad, pedimos a la Asamblea General que reitere solemnemente a Gran Bretaña su obligación de negociar conEspaña la descolonización de Gibraltar, reintegrando este territorio al de la nación española, que prestará la atención debida a los intereses de sus actuales habitantes.

La obtención de la seguridad por la eliminación de tensiones y por la cooperación pacífica puede hacer innecesario un día el mantenimiento de los actuales sistemas de defensa; hasta que ello llegue, ningún país puede dejar de atender a su propia seguridad. Pero España, como los demás Estados, desea hacer compatibles sus exigencias de defensa con los esfuerzos de distensión y contribuir as/ a superar las contradicciones de nuestra época.

El Gobierno español ha contemplado con ánimo favorable las iniciativas para la creación de un progresivo ambiente de distensión mundial y estima que deben ser apoyados ios pasos dados por las grandes potencias en este sentido

Reducir las fricciones y aumentar el entendimiento entre ellas eliminará sin duda serios focos de peligro en los que terceros países pudiéramos vernos envueltos. Por eso aprobamos los esfuerzos para la obtención de un mejor clima y los puntos de acuerdo que parecen irse perfilando entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, así como los pasos que se van dando hacia la normalización de relaciones entre los EstadosUnidos y la China

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Sin embargo, esta actitud nuestra se complementa con una muy importante consideración: en ningún supuesto puede la concertación entre los grandes realizarse a expensas de los demás. Una conquista irrenunciable de nuestra civilización es el derecho de todos los Estados a su libertad e independencia, a su seguridad, a la consecución en paz de su desarrollo y la promoción de sus legítimos intereses. El primer deber de todo Estado, yo diría que más exigible mientras más fuerte sea, es el respeto de los derechos de los demás, y ningún tipo de hegemonía ni imperialismo puede hoy ser consentido por la comunidad internacional

La Comunidad de las Naciones Europeas, a pesar de sus realizaciones positivas,a guarda aún su constitución como gran potencia, como sería consecuente con el pasado creador de Europa y con la esperanza de sus hombres.España no puede menos de afirmar, una vez más, su vocación de contribuir a los esfuerzos encaminados a la construcción europea y su voluntad de participar en cuantas realizaciones faciliten la solución de los problemas que tiene planteados hoy el occidente europeo.

Por otra parte, el Gobierno español viene siguiendo con particular atención los trabajos de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, y continuará aportando su esfuerzo constructivo y realista para que se alcancen los objetivos de reducción de tensiones conflictivas y de creación de una sincera confianza y un ánimo de eficaz cooperación.Aunque ia labor de la Conferencia Europea tiene siempre en cuenta el contexto más amplio de la seguridad mundial, y no va, en modo alguno, dirigida contra ningúnEstado o continente, hay que recalcar la estrecha relación existente entre la seguridad, en Europa y la seguridad en el Mediterráneo, que da a nuestro continente su plena y verdadera dimensión. De ahí que mi Gobierno patrocine y, a menudo, encabece los esfuerzos tendentes a que estén presentes en la Conferencia las ideas y las propuestas de los países no europeos ribereños del Mediterráneo, que han supuesto y supondrán en el futuro una contribución notable para cimentar las bases de la seguridad y la cooperación, en el respeto mutuo de unos legítimos intereses que han de ser armonizados con justicia y equidad

España, que a su vertiente europea une vínculos particularmente estrechos con los países árabes, ha creído servir los intereses generales propugnando, hace ya varios años, una política encaminada hacia ese prometedor futuro al que el diálogo euro-árabe trata de abrir nuevos cauces de expresión.La antigua y permanente amistad de España con el mundo árabe nos hace desear vivamente una solución justa y duradera de la situación en el Próximo Oriente. Losa cuerdos que pusieron fin a los combates de octubre de mil novecientos setenta y tres son motivo para creer que esta esperanza puede realizarse. Por ello, el Gobierno español considera de la máxima importancia el éxito de las negociaciones para el restablecimiento de la paz en esa región e impone el completo cese de las operaciones bélicas y de todas las actividades de violencia, la retirada de los territorios ocupados por la fuerza, el respeto escrupuloso de las repetida? resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas, la búsqueda de soluciones justas y permanentes para los intereses legítimos y, en primer lugar, entre ellos, el reconocimiento y la puesta en aplicación de los derechos humanos y políticos del pueblo palestino. La tarea es amplia y debe asociarse a ella a toda la comunidad internacional. Por ello, España apoya que se considere la cuestión palestina en toda su amplitud por la presente Asamblea.Constituye decidido propósito de España dotar a sus especiales relaciones con Iberoamérica de una creciente efectividad y dinamismo que renueve la antigua e indestrucibie vinculación. España cree más que nunca en el futuro de Iberoamérica, con el que quiere comprometerse. La conciencia de que estamos indisolublemente unidos en lo más hondo y esencial permite que cada cual busque y encuentre en lo político, en lo social y en lo económico sus peculiares soluciones, que se ven favorecidas por las actuales tendencias de entendimiento.

El ideal de unidad que proclamara Simón Bolívar se encuentra hoy plasmado enIberoamérica en prometedores movimientos de cooperación, que España ve con especial interés. La comunidad hispánica toda se congratula de estas realizaciones regionales y sub regionales de tipo político, económico o cultural.Entendemos hoy nuestra relación especial con Iberoamérica como un amplio esfuerzo de complementación y cooperación cultural, económica, técnica y humana. Y este entendimiento ha encontrado eco pleno en los Gobiernos y en los pueblos de las naciones iberoamericanas

Numerosos países de Iberoamérica necesitan hoy de capital al que puedan contemplar sin desconfianza y tecnología apropiada a sus respectivos niveles de desarrollo.En este campo España está realizando un gran esfuerzo financiero, tanto con los países individuales como a través de las organizaciones internacionales, mientras que la que fue tradicional emigración de españoles a Iberoamérica ha sido sustituida por el creciente intercambio de técnicos, profesores y empresarios que aportan su cualificada especialización al desarrollo de los países de la comunidad iberoamericana.

Vivimos un momento caracterizado por )a superposición de nuevos factores críticos a un contexto de problemas económicos ya existentes; al desequilibrio monetario y co-mercial y a la brecha creciente entre países industrializados y países en vías de des-arrollo ha venido a sumarse la aceleración de la inflación, la disminución del ritmo de crecimiento en muchos países y una fuerte alza de precios de algunos productos energéticos y materias primas, todo lo cual está generando serias perturbaciones en los mecanismos de distribución de recursos y rentas a escala internacional

Las crisis actuales han incidido de forma diversa sobre los distintos miembros dela comunidad internacional. Los más afectados han sido los países en vías de desarrollo, carentes de recursos naturales. A ellos debe dirigirse el esfuerzo prioritario de las Nacio-nes Unidas, teniendo en cuenta que no son satisfactorios los criterios seguidos hasta ahora para la clasificación de los países en cuanto a su desarrollo.

Desde nuestra situación de país de desarrollo intermedio hemos suscrito los compromisos que en estos momentos se han convenido en la OCDE y el FMI; hemos participado en los esfuerzos de reestructuración del ordenamiento monetario internacional, de acuerdo con las necesidades actuales; hemos comprometido nuestra participación en las próximas negociaciones comerciales multilaterales, con el deseo de procurar una umento sustancial en el comercio de los productos más sensibles para los países envías de desarrollo; nos hemos incorporado al organismo de desarrollo regional africano y esperamos poder hacerlo igualmente al de Iberoamérica en fecha próxima; hemos favorecido asimismo la creación del fondo especial de ayuda a los países más afectados en la actualidad, y hemos aceptado el programa de acción de la Asamblea extraordinaria.

Por último, España ha renunciado recientemente a los beneficios financieros que venía recibiendo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta decisión e ha producido simultáneamente a la de incrementar su contribución a dicho Programa no sólo en el aspecto financiero, sino también en la aportación de técnica y de cooperación.

Quisiera, antes de terminar, hacer unas breves consideraciones sobre el período de sesiones de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que acaba de clausurarse en Caracas.Es más decisiva hoy que nunca la conceptuación del mar territorial como zona de defensa y protección del Estado. Un mar territorial de hasta ia millas de anchura es actualmente aceptable en Derecho internacional, y el histórico concepto del paso inocente por el mismo, que conjuga la libertad de navegación con la seguridad del Estado costero, debe ser mantenido sin excepción, con las precisiones pactadas que puedan considerarse necesarias.

Integridad territorial de mi país, a la seguridad en esa zona geográfica y a la autoridad moral de esta Organización, cuyas resoluciones son ignoradas por un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad”

Autor

Julio Merino: Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.

Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.

Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.

En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.

En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.

Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.

Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.