Majestad, España no es país para cobardes. Por Rafael García Alonso

Rafael García Alonso

España no es para cobardes. La monarquía, es decir, el gobierno de una persona, surgió como consecuencia de la aparición de las primeras civilizaciones, allá por el año 3.000 a.C., en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Existen diversos tipos de monarquías, de tal forma que tenemos las “monarquías absolutas”, en las que el rey es considerado un representante de Dios en la Tierra, razón por la cual concentra en su persona el control total del Estado, luego están las “monarquías constitucionales”, en las que ya existe una división de poderes, de tal manera que el rey, si bien es el jefe del Estado y ejerce un control sobre el Poder Ejecutivo, está limitado a la hora de desarrollar su actividad gubernamental por el Poder Legislativo, el cual está constituido por los representantes elegidos por los ciudadanos, y finalmente nos encontramos con las “monarquías parlamentarias”, en las cuales existe una división de poderes, los cuales son independientes de la corona, viniendo el rey a ser una figura simbólica que ostenta la jefatura del Estado, con la principal finalidad de garantizar el continuo histórico de la nación y el mantenimiento del ordenamiento constitucional. En consecuencia, en las monarquías absolutas el rey reina y gobierna como le place, por su parte en las monarquías constitucionales el rey reina y gobierna con ciertas limitaciones, mientras que en las monarquías parlamentarias el rey reina, pero no gobierna.

España es una monarquía parlamentaria, de tal forma que, como establece el Artículo 1 de la Constitución, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, mientras que el Artículo 56 determina que “El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, (…), y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. Entre las funciones que la Constitución asigna al monarca, como especifica el Artículo 61, está la de “guardar y hacer guardar la Constitución” la cual, como establece el Artículo 2, “se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española”, si bien no es la única función asignada al monarca ya que entre otras cosas, como señala el Artículo 62, también debe “Proponer al candidato a presidente del Gobierno”, comunicando su decisión al presidente del Congreso después de consultar a los líderes de los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria.

Pues bien, tras la fallida investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, el rey Felipe VI inició una segunda ronda de consultas para elegir un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno nacional. A esta ronda asistieron tan solo el PP, Vox, UPN, CC, es decir, el bloque constitucionalista al completo, así como el PSOE, Sumar y el PNV, negándose a acudir Junts, ERC, Bildu y el BNG. El resultado de las conversaciones entre el rey y los representantes de los partidos políticos fue realmente esclarecedor de la situación, ya que tan solo el PSOE ha garantizado al rey su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Así, tanto Sumar como el PNV le han comunicado al monarca que de momento están lejos de haber llegado a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, mientras que los golpistas catalanes, los filoterroristas vascos y el cateto gallego al ausentarse de la reunión no le han trasladado al rey el sentido de su voto en la sesión de investidura.

De todo lo expuesto se infiere que Felipe VI tan solo tiene constancia fehaciente de que el psicópata monclovita cuenta exclusivamente con el apoyo de 121 parlamentarios, estando esta cifra muy lejos de la mayoría parlamentaria necesaria para que tan perturbado sujeto sea investido presidente. A la vista de estos datos parecería lo más razonable disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

Sin embargo, contra toda lógica aritmética, el rey Felipe VI ha propuesto a P. Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno español. Podría aducirse en defensa de dicha decisión que Felipe VI ha creído que finalmente el bloque comunista e independentista concederá sus votos a P. Sánchez, pero este planteamiento supone sustituir la certeza por la probabilidad y, a su vez, entraña saltarse a la torera el trámite constitucional que establece que el candidato propuesto lo sea por los apoyos explícitamente recibidos en la ronda de consultas y no por lo que al rey le parezca oportuno en cada momento, basándose en unas supuestas dotes adivinatorias.

En cualquier caso, lo que hace absolutamente inexplicable la decisión del rey es que abre la puerta a un posible pacto entre socialistas, comunistas e independentistas cuyo contenido sobrepasa con creces los límites jurídicos establecidos por la Carta Magna. Así, no hace falta ser vidente para saber que P. Sánchez está más que dispuesto a engañar por enésima vez a su electorado, ya que después de manifestar antes de las elecciones que no concedería en ningún caso la amnistía a los sediciosos catalanes y que traería desde Waterloo a España a Carles Puigdemont para ser juzgado, ahora, condicionado por sus pésimos resultados electorales e impulsado por su desmesurada ambición de poder, se desdice de todo lo dicho, viniéndonos a señalar que un problema político no debe acabar en los tribunales de Justicia, lo cual es tanto como decir que los “Golpes de Estado” no constituyen un delito. Obviamente, estas palabras vienen a poner de manifiesto que el Gobierno socialista, para satisfacer las aspiraciones secesionistas y garantizarse su apoyo, impulsará una “Ley de Amnistía” que supondrá la eliminación del delito cometido por los golpistas catalanes, lo cual, por un lado, es anticonstitucional, ya que el Artículo 62 de la Constitución desautoriza expresamente los indultos colectivos, y, por otro lado, implica un acto de alta traición al Estado español por conferir un inexistente carácter represor a su proceder en relación a los sucesos acaecidos en la comunidad catalana el 1-O de 2017.

Se dirá entonces que se hace con la intención de normalizar y pacificar la relación entre españoles y catalanes, pero lo que realmente significa tal proceder es que los catalanes y vascos verán colmadas sus expectativas al gozar de total impunidad para dar otro “Golpe de Estado”, esta vez con carácter irreversible. De hecho, el entramado independentista ya ha anunciado sin subterfugios la convocatoria de referendos de autodeterminación durante la próxima legislatura, a pesar de que no solo son manifiestamente ilegales por conculcar la Constitución, sino también absolutamente ilegítimos por vulnerar el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley . De hecho, avalando todo lo expuesto y como prueba de la predisposición de P. Sánchez a ceder ante el chantaje independentista ya se ha producido la negativa de los senadores socialistas a apoyar un moción presentada por el PP contra la amnistía.

En definitiva, a pesar de que P. Sánchez constituye una amenaza para la unidad de España y el Estado de Derecho, el rey Felipe VI, adulterando el proceso selectivo y obviando sus obligaciones constitucionales, ha optado por proponer a tan pernicioso personaje como candidato presidencial, demostrando así que su valor y capacidad distan mucho de estar a la altura requerida en las actuales circunstancias.

Cuentan las crónicas que las elecciones celebradas el 12 de abril de 1931 concluyeron con una aplastante victoria de las fuerzas monárquicas, si bien la izquierda republicana, siempre tan recelosa de la democracia, no aceptó los resultados con la excusa de que habían ganado en las principales capitales de provincias. En consecuencia, la izquierda tomó las calles para protagonizar las algarabías y actos vandálicos que tiene por costumbre llevar a cabo cuando los resultados electorales les son adversos. Consecutivamente, atemorizado y presa del pánico, el rey Alfonso XIII se dirigió a Cartagena para embarcarse en un buque de guerra que habría de llevarlo a Marsella. De esta forma tan vergonzosa e indigna el monarca español abandonó a su suerte a la nación española y a todos aquellos que habían apoyado su causa, pasando a la historia como un cobarde sin patria.

Dejó dicho el sociólogo francés Gustave Le Bon que “Retroceder ante el peligro da por resultado cierto aumentarlo” y sin duda Felipe VI con su pusilánime proceder no ha hecho otra cosa que acrecentar el riesgo de fractura nacional, supresión del orden constitucional y liquidación de la monarquía. Por todo ello, si finalmente el proceso rupturista acaba consumándose, cabría decir que Felipe VI ha resultado ser un lamentable heredero de las deficiencias temperamentales propias de su estirpe.

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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