CEPYME: Las pequeñas empresas se plantan ante el inepto sectarismo de Yolanda Díaz

Las Pymes se han plantado ante la sectaria e inepta Yolanda Díaz, puesta a dedo por conveniencia de Pedro Sánchez que sin ser votada siquiera por una minoría respetable, pretende modificar las condiciones laborales a imagen y semejanza del más rancio y demagógico comunismo.

En su discurso ante los empresarios, el presidente de la patronal, Gerardo Cuerva, ha alertado contra las «tesis comunistas» que, a su juicio, se quieren imponer desde el Gobierno, y ha avisado de que «el asalto a la representatividad empresarial y el intento de deslegitimar lo que somos, junto con la demolición del diálogo social y la negociación colectiva, no son hechos aislados». «Forman en realidad parte de una estrategia más amplia que impugna el modelo de libre mercado con un amplio estado del bienestar que nos dimos en el 78», ha señalado Cuerva en un acto con un tono muy duro contra el Ejecutivo y centrado en la reducción de la jornada laboral que promueve la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, ha dado a conocer este miércoles en su Asamblea General un Manifiesto de la pyme por la libertad de empresa durísimo con las políticas liberticidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, empresarios pequeños de diversas zonas de España han leído en público el Manifiesto de la pequeña y mediana empresa por la libertad de negocio, aprobado con antelación por los órganos directivos de esta agrupación. En dicho documento, las empresas expresan su rechazo a la intromisión del Gobierno en sus actividades, ante la aprobación en años recientes de medidas intervencionistas que perjudican la flexibilidad y el correcto funcionamiento de las compañías.

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La asociación de la pequeña empresa solicita «proteger la libertad empresarial en España» y advierte sobre el excesivo control y la sobrerregulación que se está imponiendo sobre las empresas. La constante política de incremento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se une a un discurso estigmatizante y un cambio cultural que se está promoviendo en torno al empresario, basado en la búsqueda de beneficios, rentabilidad y éxito en los negocios.

En relación al Gobierno, señalan que ha tomado decisiones de manera unilateral, mediante la imposición coercitiva, ignorando y menospreciando el diálogo social, la comunicación entre trabajadores y empresarios que durante cinco décadas han colaborado juntos por la eficacia y el consenso. Esto representa, añaden, «un retroceso hacia métodos del pasado ineficaces». Cuerva ha expresado su descontento por los ataques a la empresa, denunciando la injusticia de la situación y su impacto negativo en el país. Además, ha criticado al Gobierno por ignorar las mesas de diálogo social entre representantes empresariales y sindicales que se llevan a cabo en toda España.

El vicepresidente de CEOE ha acusado al Ministerio de Trabajo de menospreciar estas mesas de diálogo y de intentar imponer ideas obsoletas sobre control público de los medios de producción y planificación económica. Cuerva también ha defendido la imposibilidad de algunos sectores para reducir más la jornada laboral en la actualidad. Asimismo, Cuerva ha cuestionado por qué, a pesar de la reducción generalizada de la jornada laboral en España en las últimas dos décadas, sectores como el comercio siguen teniendo una alta carga horaria. Plantea si los representantes sindicales de estos sectores son menos competentes que otros en las negociaciones colectivas que se llevan a cabo en el país.

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Cuerva ha explicado que la razón por la cual no se ha podido reducir la jornada laboral en ciertas empresas y regiones es debido a las condiciones específicas de las mismas. Los representantes de los trabajadores son conscientes de esta situación, lo cual les lleva a negociar acuerdos. En contraste, en otros sectores o áreas geográficas la reducción de la jornada ha sido posible de forma natural.

Además, Cuerva ha advertido que ignorar esta realidad comprobada en el terreno y reemplazarla por una cifra arbitraria, sin respaldo en ningún informe o estudio, pero que resulta llamativa en un titular, constituye no solo una imposición, sino una medida con graves consecuencias para numerosas empresas.