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Si alguna virtud es destacable en la izquierda es su absoluta falta de complejos a la hora de defender tanto sus postulados ideológicos como su proceder fáctico, a pesar de que tanto lo uno como lo otro sea las más de las veces éticamente reprobable, políticamente deleznable y económicamente devastador. De hecho, su desinhibida desfachatez, subsidiaria de un supremacismo moral a todas luces injustificado, lleva con más frecuencia de la debida a que su discurso no sea otra cosa que un delirante panegírico, mediante el cual intentan convencer a la ciudadanía de las inexistentes bondades de un proyecto a todas luces totalitario. Así, ejemplificando lo que acabamos de comentar, en la celebración de esa fiesta anual en la que se reúne la flor y nata de la escoria comunista, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, no tuvo ningún reparo a la hora de reivindicar la figura de genocidas de la talla de Lenin, Stalin, Mao Tse-Tung, Fidel Castro o Hugo Chávez, demostrando con ello un grado de indigencia moral difícilmente superable.
Paralelamente a ello y con el mismo ímpetu con el que se dedican a exaltar sus miserables pretensiones e infames comportamientos, los socialcomunistas no cejan en el empeño de imponer sus políticas autoritarias, al mismo tiempo que intentan expulsar de la vida pública a sus adversarios políticos. En los regímenes comunistas la encarcelación o el ajusticiamiento suelen ser los principales métodos empleados con la disidencia. Sin embargo, en las democracias liberales, dado que no pueden proceder de forma tan expeditiva, la fórmula utilizada tiene que ser obligadamente más sutil, recurriendo en consecuencia a muy diversos métodos de actuación, todos ellos encaminados en última instancia a influir decisivamente en la opinión pública.
Uno de las prácticas habitualmente empleadas por la izquierda consiste básicamente en desacreditar a los líderes de la oposición mediante la implementación de campañas de acoso y derribo perfectamente orquestadas por sus terminales mediáticas. En esta línea de actuación se ha procedido contra Isabel Díaz Ayuso, cuya exitosa trayectoria política la ha situado en el punto de mira de una derrotada izquierda madrileña que no sabe qué hacer para eliminarla de la escena política. Así, después de que la ya afortunadamente extinta cúpula del PP filtrase a la prensa el dossier de procedencia monclovita que contenía los datos fiscales del hermano de Isabel D. Ayuso, la izquierda, representada por el PSOE, UP y Más Madrid, acudió presurosa a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción a la presidenta madrileña por un presunto tráfico de influencias relacionado con cuatro contratos suscritos por su hermano con la empresa Priviet Sportive por un montante total de 286.000 euros. La realidad es que tan solo uno de estos contratos estaba vinculado a la Comunidad de Madrid (CAM); por dicho contrato, el hermano de la presidenta recibió la suma de 55.850 euros como contraprestación por las gestiones comerciales realizadas para la compra de mascarillas a una empresa china y su posterior traslado a Madrid, no tratándose en ningún caso de una comisión de intermediación como maliciosamente se ha insinuado por parte de la izquierda política y mediática; la relación comercial entre la CAM y la empresa adjudicataria cumplía todos los requisitos legales, ya que el contrato suscrito estaba firmado por el director asistencial del SERMAS, fue fiscalizado por la Intervención General, fue aprobado por el Consejo de Gobierno y finalmente fue colgado en el Portal de Transparencia, sin que en todo ello tuviera nada que ver Isabel D. Ayuso. Confirmando la inocencia de la presidenta madrileña tanto el Informe Jurídico de la CAM, como los distintos juristas consultados e incluso la propia fiscal del caso han señalado que no se aprecia ningún tipo de actividad delictiva por parte de Isabel D. Ayuso en relación con la compra de material sanitario por parte de la Administración madrileña. Tal grado de unanimidad jurídica no evitó el que los medios de comunicación afines al Gobierno y prostituidos con dinero público iniciaran una auténtica guerra informativa contra Isabel D. Ayuso, llegando incluso a falsear la realidad con la exclusiva finalidad de socavar su honorabilidad.
Contrasta esta beligerante actitud contra Isabel D. Ayuso con la falta de interés mostrado por la izquierda política y los medios de comunicación afines cuando, durante la primera ola de la pandemia, el Gobierno socialcomunista dilapidó 300 millones de euros en la compra de material sanitario defectuoso a empresas chinas que no estaban homologadas por el país asiático, valiéndose además para ello de empresas de intermediación que solo pueden calificarse como “empresas fantasma” ya que ni tan siquiera tenían registrada su sede fiscal.
La disparidad entre ambas actuaciones solo viene a poner de manifiesto la fijación patológica que la izquierda española padece con la presidenta madrileña, algo por otra parte comprensible si tenemos en cuenta que no solo les ha derrotado en las urnas, sino que también se ha impuesto en la “batalla del relato”, mediante un discurso cautivador que ha calado tanto en la mente como en el corazón de los madrileños, confinando en el “baúl de los malos recuerdos” al totalitario discurso socialcomunista.
Si todo lo expuesto hasta el momento resulta bochornoso, la actuación de la izquierda en el caso de los abusos sexuales de menores tuteladas en la Comunidad de Valencia, en el que está implicada la vicepresidenta y consejera de Igualdad del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, solo puede calificarse de infame. Así, después de que el entonces marido de la consejera de Igualdad fuera condenado a cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, a instancias de la víctima, ha imputado a seis altos cargos de dicha Consejería por obstruir la acción de la Justicia al encubrir al ahora exmarido de Mónica Oltra. A su vez el Defensor del Pueblo valenciano ha denunciado la existencia de 175 casos de abusos sexuales de menores tutelados por la Consejería de Igualdad del Gobierno valenciano, ante lo cual Mónica Oltra no solo eludió toda responsabilidad, sino que, en el colmo del cinismo, acusó a la oposición de generar a través de la mentira un clima de crispación en torno a su persona. Si todo ello no fuera en sí mismo suficientemente indignante, la coalición socialcomunista en el poder se ha negado en repetidas ocasiones a abrir una comisión de investigación que permita esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, poniendo así de manifiesto que su inmoralidad carece de límites.
En definitiva, esta sectaria utilización de una doble vara de medir a la hora de juzgar lo propio y lo ajeno viene a demostrar de manera fehaciente la enorme hipocresía que caracteriza a una izquierda cuyo proyecto político no pasa por velar por la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que está dirigido a imponer su propia y totalitaria cosmovisión, para así estar en disposición de sacar provecho de los privilegios que el poder otorga cuando se hace un uso espurio del mismo.
Cuentan las crónicas que allá por el año 480 a. C. Efialtes, nacido en la región griega de Tesalia, traicionó a Leónidas, rey de Esparta, al mostrar a Jerjes I, rey del Imperio aqueménida, una ruta alternativa al paso de las Termópilas, un angosto desfiladero donde se había situado una pequeña dotación de guerreros espartanos para bloquear el avance de las tropas persas hacia la Grecia libre. Como consecuencia de ello el ejército persa acabó doblegando la resistencia espartana, si bien, a pesar de su derrota, Leónidas ha pasado a la historia como paradigma del valor en defensa de la patria.
Viene este relato a colación porque todo lo acontecido desde la llegada al poder de la coalición socialcomunista indica que ha llegado el momento de decidir si queremos, tal y como hizo el deforme traidor griego, aliarnos con aquellos que pretenden destruir España o si, por el contrario, siguiendo el ejemplo del héroe espartano, es nuestra voluntad defender con ahínco la libertad y la concordia en esta maravillosa tierra que nos vio nacer, crecer y multiplicarnos. ¡Alea iacta est!”.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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