Quiebra sistémica del Estado Social y Democrático de Derecho. Por Ernesto Ladrón de Guevara

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El artículo 1º de la Constitución Española consagra el pilar en el que se fundamenta el Estado Constitucional. No en vano es el artículo con el que se abre la sucesión de demás componentes jurídicos de la Carta Magna. En dicho artículo se dice que España es, por pacto constitucional, un Estado Social y Democrático de Derecho.

¿Pero qué significan ambos sintagmas?

Desmenuzando las partes de ambos sintagmas tenemos, primeramente, el lexema Estado. No hay sistema político unitario y autónomo que no tenga un Estado. Por tanto, partimos de que España es una Nación, porque si no fuera así no tendría Estado, o si la forma de dicho Estado fuera confederal sería una unidad de Estados. Por eso los nacionalistas tienen tanto interés para desmantelar el Estado y convertirlo en una fracción de nuevos estados.

Le siguen dos adjetivos. Social y Democrático.

Comencemos con el primero de ellos. Estado Social.

Este primer sintagma está enlazado con el artículo 9º que dice que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulte su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Ahí está el meollo de la cuestión, y de ese postulado se derivan una buena cantidad de artículos que desmenuzan ese planteamiento fundante de una buena parte del fundamento constitucional. En definitiva, en el “corpus” jurídico está una de las bases del Estado Constitucional que es la carta de ciudadanía con todos los aditamentos que atribuye a las personas la misma. Es decir, el individuo como fuente del derecho.

Sin perjuicio de la necesidad que tendríamos de desarrollar estos elementos sustantivos del marco constitucional que desbordarían con creces el propósito de este artículo, pasemos al segundo concepto, Estado Democrático.

Para que exista un Estado Democrático, debe haber algo inexcusable desde todos los planos, que es una división de poderes. El Legislativo ha de controlar la acción de gobierno y formar las bases de su funcionamiento y del marco legislativo. De ahí le viene el adjetivo al lexema “poder”. Debe tener un Poder Judicial independiente del Ejecutivo, sin ninguna dependencia jerárquica; y debe existir un pluralismo político y social sin objeciones ni impedimentos, más allá del acatamiento a las leyes sin perjuicio de su legítimo interés en modificarlas. Y debe haber una soberanía popular, que a su vez permita la soberanía nacional, es decir del cuerpo político colectivo, que permita la unidad de destino y la definición de las aspiraciones de futuro que marque esa soberanía marcada por las urnas en función de programas electorales sometidos a información pública y cumplimiento por ese contrato social con el electorado. Parece obvio que un Estado Democrático debe contener esas condiciones básicas.

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Y, por fin, ¿qué significa “De Derecho”, último atributo de la definición de partida del Estado Constitucional. De Derecho quiere decir sometido a las leyes. Es decir que todos los ciudadanos, empezando por el Jefe del Estado, queden bajo obediencia de las Leyes, acatándolas, y si no lo hacen, los poderes judiciales, y sus órganos de ejecución como es la policía, estén al tanto de la vulneración del marco jurídico, así como por el propio Parlamento.

No es mi propósito hacer una disertación jurídica porque no soy jurista, pero creo que no hay por qué serlo para hacer estas consideraciones que son de Perogrullo y que todo ciudadano debería de saber a fin de proteger y defender sus derechos.

Es evidente que el Estado Constitucional actual ha sido desvirtuado, degradado, y dejado en una situación muy precaria en todos los órdenes. Ni existe unidad constitucional, ni por tanto soberanía nacional, ni existe Estado de Derecho por cuanto que las leyes se adaptan caprichosamente al interés de quien está al frente del Ejecutivo, ni existe seguridad jurídica por cuanto se vulnera el derecho con toda impunidad. Ni existe independencia judicial visto que el poder político, depositado en los principales partidos, no cesa de asegurarse el control de los jueces, maniobrando y conspirando para tener embridados el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía. Ni, por tanto, existen poderes reguladores ni de contrapeso, pues ni el parlamento, compuesto de diputados sin mandato imperativo según la Constitución, y que son representantes de la soberanía nacional, ni la Justicia, responden al criterio de independencia. Ni existe Estado de Derecho, pues las leyes se incumplen sistemáticamente por quienes tienen las riendas del poder.

Pero yo voy a añadir otros dos considerandos:

No existe Estado democrático ni social si no hay una educación de los ciudadanos, para hacerlos libres, dotados de conocimiento y capacidad para ser agentes activos para la transformación social y política, para ejercer su soberanía como pueblo. Y es evidente que la educación, mejor sería llamarla enseñanza, está degradada, inservible más allá de la formación tecnológica y profesional, y se ha convertido en vulgar y esperpéntico adoctrinamiento.

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No existe Estado democrático si no hay unos medios de comunicación social que respondan al principio de la independencia en la elaboración de la información, estando sujetos al estar sometidos a la financiación político-institucional. De tal manera que los únicos que tienen realmente independencia respecto a los poderes públicos son quienes dependen del sostenimiento de sus lectores, oyentes o videntes. Al igual que sindicatos y organizaciones empresariales que sirven a quien les da el dinero, que, por cierto, es nuestro porque nosotros, los ciudadanos, somos los que pagamos al Estado para que funcione a nuestro servicio, no al servicio de las élites de poder ni a los poderes fácticos.

Por eso, entre otras cosas, yo creo que se ha desmantelado de forma programada el Estado Constitucional. Y de eso tienen especial responsabilidad dos partidos: el Partido Socialista y el Popular. Ambos han alimentado al monstruo separatista y desmembrador. Ambos han pervertido el funcionamiento del poder judicial, y ahora mismo tratan de repartirse la tarta del control judicial junto a ese partido que prometía regeneración y ética que es Podemos y precisamente representa el punto contrapuesto, que es el del experimento social-comunista.

Ambos han degradado el funcionamiento democrático de sus partidos y de las instituciones parlamentarias, sometiéndolas al dictado monolítico de quien levanta los dedos señalando el sentido del voto, de tal manera que se vulnera el principio de representación, tal que daría igual tener un parlamento de 10 diputados que de 300. Al final cada uno de los diputados no representa a la Nación sino a sus partidos. Ambos han llevado al éxtasis corrupcional a lo que debería ser éxtasis constitucional. Corrupción política, corrupción económica, corrupción ética y moral.

La Constitución ha muerto. ¡Viva la Constitución!