La objeción de conciencia, última víctima del «wokeismo» sanchista. Por Alejandro Montero Navarro

Como ya sabrán todos aquellos que han leído mis artículos previos, soy un humilde estudiante de la profesión hipocrática, que al igual que otros compañeros sanitarios, disponemos durante el ejercicio de nuestra labor de una herramienta fundamental. Hago referencia al derecho a la objeción de conciencia, que podría definirse como la capacidad que tenemos los profesionales de la salud, de negarnos a realizar determinadas técnicas a lo largo de la práctica clínica.

 Esto solo puede aplicarse en aquellas situaciones donde existe un profundo choque entre nuestras ideas y principios (o lo que es lo mismo, nuestra propia moralidad), y el conjunto de normas y leyes que regulan la actividad de los ciudadanos en cada Estado. Por tanto, podríamos resumir la utilidad de este concepto, en una interesante solución para las contradicciones existentes entre el deber moral individual y el deber jurídico colectivo.

 En múltiples de mis anteriores escritos, he venido advirtiendo de la peligrosidad que acarrean ciertas leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados durante las últimas legislaturas. Dichas normas carecen de evidencia científica, y tampoco gozan de la aprobación de los colegios e instituciones médicas, pues tan solo se han elaborado bajo criterios ideológicos como el zurderío woke y la agenda endemoniada 2030. Todo esto es responsabilidad de esta dictadura posmoderna sanchista que nos ha tocado sufrir al pueblo español.

 Tenemos por desgracia instalado en la Moncloa, a un régimen socialcomunista empeñado en dinamitar los valores tradicionales, así como en fomentar una cultura de la muerte que desprecie la importancia de la vida o de la familia, pero además a costa de jugar con la salud de la población. Con este último término hago mención a una de las realidades encubiertas de este proceso, pues es un hecho que muchas personas que deciden someterse, por ejemplo, a una interrupción voluntaria del embarazo, o a un proceso hormonal para cambiar de sexo, lo hacen bajo los efectos de la desinformación y de la manipulación, desconociendo las frecuentes consecuencias negativas que conllevan.

 Pues bien, mis malos augurios parecen haberse confirmado, tras la publicación de cierta información en los medios de comunicación. El diario THE OBJECTIVE afirma esta misma semana, en uno de sus más recientes informes, que lamentablemente el ejecutivo tiene por deseo violar la objeción de conciencia sanitaria. La ministra de sanidad, Mónica García, alias «MeMa», está dispuesta a expandir en la sanidad pública el negocio que implica el genocidio abortista, y para ello su gabinete va a elaborar «listas negras» a modo de registro, para señalar a aquellos médicos pro-vida que se nieguen a colaborar en su nauseabunda carnicería.

 Los argumentos aportados por la ministra, según expone este medio de comunicación, son cuanto menos falaces, e incluso desde mi punto de vista, suponen un insulto a la esencia de la Medicina. García alude a la defensa del aborto como un supuesto derecho y símbolo de libertad, así como al estúpido discurso de la llegada de una malvada «ultraderecha» que pretende hacer retroceder a la sociedad en lugares como Italia, Argentina, o nuestra propia patria. Lo que la ministra evita explicar, seguramente por su cinismo cienciológico, es que el aborto es un cuádruple atentado contra los principios básicos de la Bioética: beneficencia, no maleficencia, autonomía del paciente y justicia.

 Sin embargo, más que en desmontar las mentiras del aborto, lo cual ya he realizado previamente en otros textos, me gustaría centrar el análisis del presente artículo en explicar las razones por las cuales vulnerar el derecho a la objeción de conciencia sanitaria es uno de los límites más graves que se han cruzado por parte de la tiranía sanchista. La primera de las causas es porque al igual que antes he descrito, la objeción de conciencia es sinónimo de deber moral fuerte. Los médicos tenemos la labor, en primer lugar, de intentar sanar al paciente, pero cuando ello no es posible, debemos acompañar, aliviar, cuidar y consolar. En consecuencia, la defensa de la vida y de la integridad de los pacientes, mediante en ocasiones el empleo de la objeción de conciencia, es imprescindible para nosotros.

 Además, esta medida adoptada por el ministerio de la MeMa goza de una legalidad cuestionable. Si bien, tampoco esto es algo que nos debería sorprender, puesto que el dictador posmoderno Pedro Sánchez y sus secuaces llevan años violando la Constitución e incumpliendo sus propios principios, todo para conservar el sillón y el sueldo. El término legalidad cuestionable lo utilizo, puesto que la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece no solo que la objeción de conciencia es un derecho sanitario, sino que además los gobiernos deberían tener en cuenta y promover iniciativas que respeten este derecho.

 Por último, otro argumento que destroza las pretensiones de la ministra, es que la propia Carta también expone la manera correcta de reportar que un médico decide aferrarse a la objeción de conciencia. Esas listas negras del ministerio son solo un medio de acoso, totalitarismo e imposición ideológica, puesto que la forma ideal de notificarlo es «ad casum». Es decir, el médico debe notificarlo en cada caso concreto y de forma sobrevenida, teniendo el derecho a no ser señalado negativamente por ninguna autoridad política a causa de sus convicciones.

 En definitiva, podemos decir que la dictadura posmoderna sanchista sigue empeñada en acabar con la belleza de la Medicina, apostando por violar las creencias éticas de los profesionales, y también deteriorando la relación médico-paciente. Considero que ahora más que nunca, todo el mundo, independientemente de si su formación es o no sanitaria, debería adquirir conocimientos bioéticos para estar en disposición de combatir y dar la batalla cultural frente a este wokeismo que pretenden inculcarnos.