El único proyecto político del sanchismo es perpetuarse en el poder. Por Rafael García Alonso

Parece razonable pensar que cuando alguien se postula para dirigir una organización sociocultural, empresarial o política lo haga con la sana intención de implementar el proyecto que tiene en mente. Desde este punto de vista y circunscribiéndonos al ámbito estrictamente político todo proyecto directivo debería estar basado en las convicciones morales, los principios ideológicos y los conocimientos adquiridos de aquel que pretende dirigir una determinada estructura de poder, ya sea ésta provincial, regional, nacional o supranacional. En consecuencia, todo líder político cuando se presenta a unas elecciones lo hace con un programa de gobierno, que viene a recoger las políticas que se desean llevar a cabo supuestamente con la intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir del fortalecimiento de la democracia, el respeto al Estado de Derecho, la mejora de la economía nacional y la salvaguarda de la seguridad ciudadana. Cuando un líder político consigue materializar su programa de gobierno y satisfacer las necesidades de la población de manera óptima, se puede decir que su periplo presidencial ha sido exitoso, por lo que su continuidad en el poder estaría plenamente justificada. Por el contrario, cuando un líder político no logra mejorar las condiciones de vida de la población, ya sea porque las circunstancias le han sido adversas o porque sus políticas han sido estériles, lo más razonable es asumir el fracaso y dedicarse a otra cosa.

Pedro Sánchez constituye una excepción a la regla anteriormente descrita ya que su gestión al frente del Ejecutivo se ha caracterizado por el incumplimiento sistemático de su programa electoral con el agravante de que con ello tan solo ha conseguido sumir a la nación española en el caos más absoluto, de tal forma que actualmente en España se ven amenazadas tanto la estabilidad institucional como la libertad, la seguridad y la prosperidad ciudadana. Todo ello se debe fundamentalmente a que su acción de gobierno ha venido marcada, por un lado, por su debilidad parlamentaria, fruto de una notable falta de apoyo ciudadano derivada de su escaso carisma, y, por otro lado, por su permanente subordinación a las exigencias del entramado independentista catalán y vasco, hecho éste que responde a la exclusiva finalidad de mantenerse en el poder. El que tan dantesca situación sea posible obedece sin duda alguna a la falta de principios morales y la carencia de convicciones ideológicas que caracterizan a este psicopático personaje.

De hecho, con su habitual tendencia a falsificar la realidad en beneficio propio, para ocultar tanta desvergüenza el Gobierno socialcomunista presidido por P. Sánchez pretende crear una suerte de “Comité de la Verdad” de marcado carácter orwelliano, el cual, lejos de procurar la regeneración democrática que rimbombantemente pregonan, tiene como verdadero objetivo socavar la libertad de expresión mediante la monopolización de la información a través del control de los medios de comunicación y las redes sociales.

Para confirmar la veracidad de las acusación vertidas, basta con repasar algunos de los hechos protagonizados por P. Sánchez a lo largo de su periplo presidencial y comprobar que solo desde un maquiavélico planteamiento de la acción de gobierno se pueden cometer tantos atropellos a la razón y la decencia.

Así, P. Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno en 2018 gracias a una moción de censura contra Mariano Rajoy, que salió adelante gracias al apoyo de comunistas e independentistas, fraguándose de esta manera el Frente Popular que a partir de ese momento habría de regir los destinos de la nación española. En esa moción de censura P. Sánchez se presentó ante la opinión pública como un adalid de la lucha contra la corrupción y -como no podía ser de otra forma dado que su indecente naturaleza le hace proclive a juntarse con lo peor de cada casa- tan solo seis años después resulta que su esposa, su hermano, y altos cargos de su Gobierno se hayan conjuntamente investigados por cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude fiscal, cobro de comisiones ilegales, apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y desarrollo de una trama de prostitución de menores tuteladas por los servicios sociales. Es decir, que al entorno de P. Sánchez tan solo le falta el atraco a mano armada y el homicidio para enfrentarse a la práctica totalidad de los delitos contemplados en el Código Penal, lo cual sitúa al presidente del Gobierno más cerca de Al Capone que de Eliot Ness.

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Ante este albañal de corrupción en el que se haya inmerso, P. Sánchez ha recurrido sin mostrar escrúpulo alguno al control de la Justicia, fundamentalmente a través del control de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la parasitación del Tribunal Constitucional (TC). De esta forma, la FGE, en lugar de velar por el respeto a la legislación vigente como cabría esperar, ha optado por orientar su actividad a la defensa de los intereses del Gobierno socialcomunista y al acoso de Isabel Díaz Ayuso por el mero hecho de ser el principal referente de la derecha española. Por su parte, el TC, bajo la presidencia de un individuo como Cándido Conde Pumpido inmoralmente plegado a la agenda legislativa socialista, ha centrado su actividad, por un lado, en el blanqueamiento de la corrupción llevada a cabo por el PSOE y, por otro lado, en el apoyo a toda iniciativa legislativa llevada a cabo por el Gobierno socialcomunista, aunque ello signifique enmendar la plana al Tribunal Supremo o hacer pasar por legales determinadas leyes meridianamente anticonstitucionales según una gran mayoría de juristas.

Adicionalmente, hemos podido comprobar como a lo largo de estos seis años como presidente del Gobierno de España, P. Sánchez ha traicionado sistemáticamente a la nación española, cediendo sumisamente a todas y cada una de las exigencias del conglomerado independentista para así obtener su favor parlamentario.

Así, la promulgación de la Ley de Amnistía por parte del Gobierno socialcomunista, en primer lugar, supone un atentado contra la razón al negar la realidad, esto es, la ejecución por parte de las fuerzas independentistas catalanas de un Golpe de Estado; en segundo lugar, al incluir en su formulación el “lawfare”, constituye un indecente ataque tanto a los jueces que se limitaron a condenar a los golpistas en los términos que establece la ley como a los policías que con riesgo de su integridad física se movilizaron para contener los actos vandálicos protagonizados por Tsunami Democràtic y los Comités de Defensa de la República; en tercer lugar, vulnera la Constitución española ya que, al dar patente de corso al independentismo catalán por privilegiar de facto a todos aquellos individuos que participaron activamente en la intentona golpista, contraviene el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley lo cual, a su vez, implica una disminución arbitraria de la seguridad jurídica; y, por último, es la plasmación de un obsceno acto de corrupción política, ya que en esencia puso de manifiesto el ignominioso intercambio de delincuentes por votos llevado a cabo entre socialcomunistas e independentistas, siendo este pacto aceptado por los unos para lograr la investidura del psicópata monclovita e impulsado por los otros para estar en disposición de seguir adelante con su proyecto de voladura de la nación española.

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A su vez, el acuerdo entre el Gobierno socialcomunista y ERC establece una “financiación singular para Cataluña”, la cual implica que las autoridades catalanas recauden y gestionen todos los impuestos, compensando posteriormente al Estado español por las competencias no transferidas por un montante muy inferior al que actualmente le corresponde. Pues bien, según la Agencia de Calificación Fitch este acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica resulta enormemente beneficioso para Cataluña y, dado que es un juego de suma cero, enormemente perjudicial para el resto de Comunidades Autónomas sujetas al régimen común, lo cual no solo vulnera el principio de solidaridad interterritorial, sino que también consagra la desigualdad en materia de prestación de servicios sociales a la ciudadanía en función del lugar de residencia.

En definitiva, la desmesurada ambición de poder de un psicópata como P. Sánchez junto a la debilidad parlamentaria de un Gobierno socialcomunista totalmente desquiciado ha desencadenado un ilegítimo e ilegal proceso de mutación constitucional, mediante el cual se pretende sustituir al Estado de las Autonomías, definitivamente incapaz de contener las ansias independentistas, por una Confederación de Naciones con claras reminiscencias feudales y a la Monarquía Parlamentaria por una República Populista con evidentes connotaciones bolivarianas. De esta forma, de consumarse dicha felonía, dentro de unos años en España, la libertad y la prosperidad serán tan solo recuerdos del pasado, a imagen y semejanza de lo que hoy está sucediendo en Venezuela por obra y gracia de la criminal narcodictadura chavista.

Decía el genial dramaturgo alemán Johann Wolfang von Goethe que “La maldad no necesita razones, le basta con un pretexto” y efectivamente al sanchismo le ha bastado su incapacidad para concitar el apoyo de la ciudadanía para intentar destruir a la nación española y perpetuarse en el poder, mostrando así, una vez más, su diabólica condición.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.