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Se ha demostrado periodísticamente la manipulación torticera de Sofía Puente ampliando artificiosa y fraudulentamente los supuestos de nacionalidad que no fueron aprobados.
El desorden moral y la demolición institucional que padece España no se limitan a los grandes titulares de la corrupción política; se ejecutan, de manera sibilina, en las sombras de la fontanería jurídica del Estado. El último y flagrante ejemplo apunta directamente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ocupada por Sofía Puente, hermana del polémico ministro Óscar Puente. La querella presentada por Hazte Oír destapa una presunta maniobra de prevaricación administrativa que no solo constituye un escándalo de nepotismo, sino una auténtica estafa jurídica dictada, presuntamente, a las órdenes estrictas de la Moncloa.
El periodismo libre ha dejado al descubierto las costuras de una instrucción torticera. Presuntamente, Sofía Puente retorció de manera arbitraria la aplicación de la conocida como «Ley de Nietos», dictando directrices que difieren sustancialmente de lo aprobado legítimamente en el Congreso de los Diputados. No estamos ante una simple discrepancia de interpretación legal; estamos ante la alteración del espíritu de una ley mediante el mazo del BOE para forzar nacionalizaciones masivas al margen de la soberanía parlamentaria. Es, de cabo a rabo, la definición clásica de la prevaricación administrativa.
Un desafío al Código Penal que puede acabar en prisión porque el artículo 404 del Código Penal es nítido al castigar a la autoridad que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo. Si la instrucción firmada por la hermana del ministro enmendó de forma espuria la ley para ajustarla a los intereses ideológicos del Ejecutivo, la frontera del delito ha sido cruzada. Un atropello de este calibre, que afecta a la propia concesión de la soberanía nacional, no puede despacharse con una mera dimisión. Si se demuestra la falsedad institucional para sortear el control parlamentario, la derivación penal debe conducir a penas de prisión. La justicia no puede amparar que presuntos delincuentes con despacho oficial se vayan de rositas por el simple hecho de portar un apellido blindado por el sanchismo.
Urgen medidas urgentes: la nulidad radical y asunción de responsabilidades penales. Ante la evidencia del engaño, la respuesta del Estado de Derecho debe ser fulminante y estructurarse en dos frentes inmediatos:
Declaración de Nulidad Radical: Toda instrucción administrativa que mutile, altere o extienda los límites de una ley aprobada por las Cortes es nula de pleno derecho. Las resoluciones derivadas de esta instrucción torticera deben ser suspendidas de inmediato para evitar que el fraude de ley consume efectos irreparables sobre la nacionalidad española.
Acción Judicial sin Concesiones: La querella admitida debe llegar hasta sus últimas consecuencias. La Fiscalía general —si conserva un ápice de la dignidad que Moncloa le ha arrebatado— tiene la obligación de actuar para impedir que la investigada eluda la acción de la justicia bajo el paraguas del Gobierno.
La separación de poderes ha sido sustituida por una red de fontanería familiar y política que apesta a sumisión doctrinal. Cuando las leyes ya no se legislan en el Parlamento, sino que se «corrigen» en los despachos de los familiares de los ministros para satisfacer las necesidades de la Moncloa, la democracia se convierte en una pantomima.
Es hora de aplicar una justicia impecable que no se detenga ante los peones ni ante los apellidos ilustres del régimen. Frente a la ingeniería de la mentira y el atropello legal, solo cabe una respuesta firme, severa y ejemplarizante.
Pedro Sánchez, número 1 de la organización criminal PSOE debe ser detenido
RES NON VERBA. Hechos, no palabras.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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