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La caída de las caretas institucionales suele ser un espectáculo grotesco cuando la fontanería del sanchismo intenta contener el agua del pantano con las manos desnudas. Lo último del juez Pedraz imputando a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, no es un hecho aislado ni un mero trámite de ventanilla judicial, sino el enésimo síntoma de una metástasis de impunidad que huele directamente al despacho de Fernando Grande-Marlaska. Pretendían que el silencio y el rodillo mediático sepultaran las vergüenzas, pero el rastro del abuso de poder siempre deja un charco difícil de limpiar para quienes confunden el Estado de derecho con su cortijo particular.
La imputación de González es, en la práctica, el derrumbe del penúltimo cortafuegos de un ministro de Interior que ya no sabe qué traje ponerse para acudir a sus comparecencias parlamentarias sin que se le noten las costuras de la contradicción burda. Quienes contemplamos el bochornoso espectáculo de Marlaska ante el Senado sabemos que aquello no fue una declaración política, sino un ejercicio continuo y desesperado de cinismo contorsionista donde cada palabra pisaba a la anterior en un bucle infinito de embustes. Se contradijo hasta el delirio, negando lo evidente y tejiendo una red de humo que hoy la realidad judicial le devuelve en forma de bofetón directo.
No se puede sostener en el tiempo la humillación a una institución benemérita ni el uso partidista de los resortes del Estado sin que los cimientos terminen por ceder. La cuerda está tan tensada que el siguiente nudo apunta irremediablemente al cuello político del propio ministro, ese mariscal de la amnesia selectiva que observa cómo sus peones van desfilando ante el banquillo mientras él ensaya su próxima mirada de suficiencia impostada en el espejo de la Moncloa. Pero la judicatura, cuando no se doblega al chantaje del relato oficial, tiene la sana costumbre de exigir datos materiales y no eslóganes de campaña.
Llegados a este punto de corrupción generalizada y masiva, se hace necesario recalcar que la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, ha suspendido múltiples auditorías y su impune director general, Pere Navarro, está bajo sospecha de presuntos delitos de corrupción que al día de hoy no se han abordado.
Si de esta imputación no emana de inmediato el cerco definitivo a un Marlaska acorralado por su propia desfachatez, estaremos certificando que la impunidad en la España actual ya no se esconde, sino que se condecora. Es hora de que la verdad judicial barra el fango de un ministerio convertido en caricatura autocrática y que caiga, con todo su peso y sin miramientos, el tribunal de la decencia sobre los arquitectos de la mentira institucionalizada.
Otros jueces deberían seguir el jemplo de dignidad del juez Peinado, Calama y Pedraz, entre pocos otros.
En definitiva, Pedro Sánchez debe ser imputado como número 1 de una trama masiva de corrupción que cae a su alrededor.
Ignacio Fernández Candela
RES NON VERBA.
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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