Diversas voces del periodismo madrileño, que cubre principalmente informaciones de tribunales, algunos pertenecientes a asociaciones, sindicatos y colegios profesionales; y otros a nivel particular, han sido muy críticos en los últimos días con la permanencia del juez Ricardo Rodríguez en la Audiencia Provincial de Madrid.
Este magistrado ha dictado sonadas sentencias contra la libertad de información de diversos profesionales del periodismo, argumentando supuestos delitos como «revelación de secretos». Y también se ha visto envuelto en varias polémicas por distintos ascensos en su carrera judicial, que no han estado del todo acreditados por los cauces y méritos habituales.
Estos profesionales de prensa se sorprenden de cómo el Consejo General del Poder Judicial ha seguido otorgando puestos de tan alta responsabilidad, cuando muchos de sus dictámenes han sido puestos en entredicho, por atentar contra derechos fundamentales, por contar con una fuerte carga ideológica malintencionada y por ser rápidamente revocadas por instancias superiores al ser, en su inmensa mayoría, apeladas.
Los periodistas que se pasean a diario para cubrir informaciones en Plaza Castilla destacan también su hostilidad constante hacia el gremio y sus sutiles obstaculizaciones al libre ejercicio de la profesión.
No fue recusado por el CGPJ
El caso más relevante fue la condena a prisión de dos periodistas de la Cadena SER en Madrid. La información publicada por Daniel Anido y Rodolfo Irago era cierta y fue considerada como un hecho noticiable en la sentencia. La motivación para enviar a la cárcel a estos dos profesionales es que la lista de afiliaciones irregulares al PP de Madrid que publicaron estaba disponible en la versión on-line de la radio.
El fallo se sustentó en un pilar único: afirmar que Internet no es un medio de comunicación y, por lo tanto, no está amparado por el derecho a la información. Los comunicados y llamamientos de colegios profesionales, sindicatos de periodistas y asociaciones de prensa de todo el país fueron unánimes contra el magistrado, al que achacaban motivaciones políticas para transgredir derechos fundamentales. La sentencia fue revocada seis meses después.
El cuarto turno
Ricardo Rodríguez ha sido señalado también de ir ascendiendo continuamente en la carrera judicial al haber accedido a la magistratura por el denominado cuarto turno. Un proceso que no requiere pasar la oposición tradicional, con plazas reservadas y valoraciones de méritos por otros profesionales. Las buenas relaciones de Rodríguez en determinados departamentos y secciones han ido labrando sus objetivos, poco a poco, con el paso de los años.
Don Marino (su maestro) y Don Ricardo, cual Quijote y Sancho, fueron los que se presentaron en un taxi en la sede del PSOE en Ferraz, a registrar el edifico, en el esperpéntico «caso Filesa». «La admiración de Don Ricardo por su Don Marino, le lleva a ser nombrado letrado del Supremo en la Sala de lo penal», publicaba el periodista David Bollero en un artículo titulado «Las correrías de un juez», a raíz de diversos comentarios emitidos por lectores del portal DBNews.
También decía, por su parte, el Diari ARA, con respecto a otro de los movimientos de posición del magistrado Rodríguez que «contó con los máximos apoyos de Concepción Espejel, presidenta in pectore de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y desde entonces nombrada oficialmente por la mayoría del pleno del CGPJ. Los once miembros que forman la mayoría conservadora siguieron la orientación del PP y la votaron frente a la magistrada Manuela Fernández de Prado, quien, con 24 años, superaba de lejos la antigüedad de cuatro de Espejel en la Audiencia Nacional».
Rodríguez y Espejel mantienen una relación de amistad, gestada a través de la esposa del juez con la magistrada, entonces, de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, luego presidenta de todas las secciones de lo Penal, y actualmente en el Tribunal Constitucional.
Cuando se presentó una vacante en la sala de lo Penal, en la sección tercera, Espejel promovió la candidatura de Rodríguez, quien perdió la plaza ante la jueza Ana María Rubio. El deseo, poco disimulado, de la entonces presidenta de la sección segunda de lo Penal era incorporar a Rodríguez a su propia sección.
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