La imputación de una Infanta de España. Por Ramiro Grau Morancho

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El 4 de abril de 2014 publicaba en el desaparecido “Diario Liberal” el artículo adjunto.

Quiero que sea un homenaje a los hombres que hacían ese diario (lo siento, pero no había mujeres), con gran esfuerzo y sacrificio, y que acabaron cayendo víctimas del “fuego amigo”.

También a don Miguel Bernad Remón, acusador en el proceso, y que como suele suceder en España, casi ocho años después –la “celeridad” de la justicia española es acojonante-, se sienta ahora en el duro banquillo de los acusados…, mientras que la ex Duquesa de Palma, excepto ese título, prácticamente ha salido de rositas del asunto.

Pero ya se sabe que aquí unos son más iguales que otros…

España es ansí. Y ansí nos va.

“Hoy es un día triste para la Casa Real, pero también es una fecha gozosa para los españoles, pues se acredita que todos somos iguales ante la Ley, aunque como decía un buen amigo y abogado viejo: “unos son más iguales que otros”.

El Juez Instructor ha hecho lo único que podía hacer, que era llamar a declarar a la Infanta, pero no en calidad de testigo, sino de imputada, lo que le otorga una serie de derechos constitucionalmente establecidos: derecho a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí misma, a ser asistida por un Abogado, etc.

Una persona que es accionista de un entramado societario con el que, presuntamente, se han efectuado diversos delitos, que participa en los consejos de administración correspondientes, y ostenta cargos en los mismos, no puede llamarse a andana, y decir que no sabía nada de lo que allí estaba sucediendo, por mucho confianza que tuviera en su marido, y muy encoñada que estuviese. La Infanta de la que estamos hablando ostenta una Licenciatura universitaria, creo recordar que en Ciencias Políticas, y es alta directiva de una entidad bancaria de primera categoría, por lo que, salvo que ambas circunstancias le hayan sido regaladas, existe una presunción de formación y capacidad profesional, muy por encima del español medio.

Tampoco debemos extrañarnos de que se la impute. La imputación, que en modo alguno equivale al procesamiento, no supone la existencia de indicios racionales de criminalidad, sino la necesidad de explicar determinados asuntos y situaciones que puedan hacer posible su responsabilidad en los hechos investigados, y, por consiguiente, su posterior llamada a juicio, en calidad de autor, cooperador necesario o cómplice de los delitos correspondientes.

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Pero no se preocupe nadie no, que a la Infanta no le van a faltar Abogados defensores, empezando por la misma Fiscalía Anticorrupción, que ha sido la primera en oponerse a su imputación. ¡Qué bochorno de Fiscalía! Produce vergüenza ajena su actuación, tan servil al gobierno y a las “instrucciones” políticas respectivas. Quiero suponer que no emanan de La Zarzuela, sino de políticos a los que les encanta servir de alfombra roja de la Monarquía, para que los reales pies no se contaminen con el polvo del camino.

Y no olvidemos que por encima del Juez Instructor está la Audiencia Provincial, que puede dejar en nada la imputación, a través del recurso de apelación correspondiente. ¡Qué para algo se inventaron los Tribunales colegiados!

Además, ¿alguien nos puede garantizar que al Juez no se le ha ido la olla, o que su Juzgado no merece una rápida inspección del Consejo General del Poder Judicial que le aparte definitivamente del caso, por supuestas faltas graves y muy graves?

Recuérdese que el Poder es experto en encontrar muertos en los armarios de los demás, aunque para guardar los suyos necesite un gran almacén…”.